La impunidad que revela el informe Alston

De cada cien mil habitantes, 20 fallecieron por homicidios en 2010, según estimaciones de autoridades. Apenas 1,3% de los homicidios denunciados a la Policía terminan en sentencia condenatoria. Es decir, casi 99% de los homicidios terminan en la impunidad.

Estos datos provienen del informe preparado por el Profesor Phillip Alston, relator de Naciones Unidas para investigar ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Para el caso ecuatoriano, Alston visitó el país entre el 5 y el 15 de julio del 2010, por invitación del gobierno ecuatoriano. Tan solo el resumen del informe Alston es para erizar la piel: “El tema de fondo es que hoy en Ecuador, la posibilidad de ser condenado/a por dar muerte a una persona es extraordinariamente baja” es la conclusión lapidaria de los datos presentados por el informe.

De acuerdo a las estadísticas vitales que lleva el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), en 2008, el índice de homicidios por cada cien mil habitantes era 18. La meta del Gobierno es reducir esa tasa a 9 por cada cien mil habitantes para el 2013, pero será muy difícil alcanzarla porque en 2009 y 2010 la tasa no sólo que ha disminuido, sino que ha aumentado. Aún no hay información de 2011, pero muy probablemente la meta no se alcanzará.

El relator de NN.UU. pone el dedo en la llaga al señalar las fallas de la policía judicial (afirma que no investiga seriamente), en la Fiscalía (más preocupada por las relaciones públicas que por la condena a los autores de crímenes) y en la Función Judicial (condenada por su ineficiencia y mala gestión).

El profesor Alston analiza el informe de la Comisión de la Verdad y, aunque reconoce su sesgo y las limitaciones de su investigación, rescata la investigación realizada para echar luces sobre los 116 “incientes ilegales”, entre los que se destacan 68 ejecuciones extrajudiciales, la mayor parte cometidos entre 1984 y 1988. La Comisión de la Verdad analizó también otros hechos, como los asesinatos perpetrados en la frontera norte y el famoso Caso Fybeca.

La Relatoría de NN.UU. analizó seis fenómenos particulares de asesinatos: la violencia de la frontera norte relacionada con el conflicto colombiano (incluyendo excesos de las Fuerzas Armadas ecuatorianas), el sicariato (con anuncios de “trabajos” por apenas $20), las ejecuciones extrajudiciales que realizan policías (sea con balazos en operativos o por exceso de tortura), la violencia de la justicia indígena (cuando viola derechos humanos), los excesos de las juntas del campesinado y la intimidación contra defensores de derechos humanos.

Alston acusa la impunidad reinante cinco realidades: carecemos de un buen sistema de protección de víctimas y testigos, la precariedad de las investigaciones de la policía y la fiscalía, la corrupción y lentitud de los tribunales, la facilidad para encasillar casos de homicidios como “ajuste de cuentas” y la limitada capacidad del Defensor del Pueblo para ejercer real presión sobre las instituciones competentes.

Las recomendaciones del informe ya se están implementando: reformar la Policía, transformar la Función Judicial y capacitar a las FF.AA. en materia de derechos humanos, pero el reto es muy grande y requerirá el apoyo de organismos internacionales.

Como el profesor Alston criticó las prioridades de la Fiscalía y mostró la real cara de las Juntas del Campesinado, se ganó las críticas de Washington Pesántez, que ignoró el informe. El nuevo fiscal ofreció, el 18 de julio de este año, crear una comisión que de seguimiento a las recomendaciones del Profesor Alston. Es necesario que la Fiscalía asuma la responsabilidad de aplicar totalmente las recomendaciones de la relatoría, para atacar la impunidad que incentiva más delincuencia e inseguridad.

* El resumen del informe del relator se encuentra en: http://www.eluniverso.com/2010/07/18/1/1355/informe-philip-alston-relator-onu-sobre-ecuador.html

** Página del Proyecto de la Escuela de Leyes de la Uniersidad Nueva York sobre Ejecuciones Extrajudiciales (brinda soporte al trabajo del profesor Philip Alston: http://www.extrajudicialexecutions.org/

Publicado originalmente en La República.

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Betty Amores y la justicia

Todos sabemos que la justicia vive un caos eterno: juicios que demoran eternidades; niños que no pueden tener una pensión alimenticia; trabajadores despedidos que no pueden cobrar su liquidación; personas que no pueden cobrar su libertad, aún siendo inocentes; empresas que cierran por inseguridad jurídica… Aun cuando todos hemos visto los problemas, pocas personas han analizado a fondo la crisis de la Función Judicial como Betty Amores. Ella, como otros profesionales como Farith Simon, Gustavo Jalkh o Santiago Basabe serían ideales para reformar la Justicia.

Tanto en la actual Asamblea como en el Congresillo, Amores se ha preocupado por mejorar la justicia, con énfasis en esa justicia que interesa al ciudadano: los juicios de menores, los juicios laborales; aquellos que más se demoran y afectan a las personas más necesitadas.

Creo que la prensa cometió una gran injusticia con la reforma que promovió Amores en el Congresillo para mejorar el Código de la Niñez, que redujo los tiempos de los juicios de alimentos, estandarizó las pensiones alimenticias y estableció un severo control para que el Consejo de la Judicatura aumente los juzgados de niñez. Culparon a Amores y su reforma de ser la responsable de que muchos abuelitos terminaran en la cárcel (o prófugos de la justicia) por no pagar las pensiones alimenticias de los padres que no aparecían. La realidad es que la norma ha estado ahí mucho antes de julio de 2009 (cuando salió la reforma del Congresillo al Código de la Niñez). De hecho, la norma fue mejor redactada en el Congresillo.

El texto original del art. 129 del Código de la Niñez (Reg. Oficial 737 de 3 de enero de 2003) señalaba que la obligación de pagar alimentos era del padre (o la madre) y, en caso de falta, impedimiento o insuficiencia de recursos, se llamará a los hermanos del menor, a los abuelos o a los tíos. Con esta norma, se obligaba a los abuelos a pagar las pensiones sólo si el padre o los hermanos del menor no podían pagarla.

El viejo Código de Menores (1992, derogado por el Código de la Niñez) tenía un texto muy parecido en su artículo 66. Hay miles de juicios que encausan a abuelos que iniciaron mucho antes de 2009: es la mayor prueba de que el Congresillo no causó el problema.

La reforma del Congresillo mantuvo la obligación de prestar alimentos a los padres y contemplaba también que se llame a abuelos u otros parientes, sólo en caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad del padre (o madre), pero permitía que el juez establezca sólo un porcentaje de la pensión para los abuelos, no necesariamente el 100% de la pensión “en atención a su capacidad económica”.

Si los jueces hubiesen leído con atención que debían establecer porcentajes menores de pensiones en atención a la capacidad económica de los abuelos, no hubiésemos visto los lamentables casos de abuelitos por los techos. Y en lugar de culpar a los jueces que leen mal (o de mala fe), gran parte de la prensa se fue contra Betty Amores como los toros se lanzan contra los capotes rojos.

Para el 2010, el Presupuesto General del Estado contempló 26 millones de dólares para el Ministerio de Justicia, de los cuales poco más de cinco millones debían ir a mejorar los juzgados y sus procedimientos. Al Consejo de la Judicatura se le asignó 26 millones, de los cuales casi todo debía destinarse a construir o mejorar edificios. Los programas que contemplaban adquisición de tecnología sumaban poco más de tres millones de dólares.

En noviembre de 2009, la ministra María Elsa Viteri envió una proforma presupuestaria con un presupuesto reducido para la justicia. La Comisión de la Asamblea que estudió la proforma recomendó aumentar 80 millones para la Función Judicial, pero el veto presidencial insistió en los montos originales. Betty Amores y toda la bancada de PAIS votaron para insistir en los aumentos propuestos por la Asamblea, pero la oposición dio su voto al presupuesto que envió el Ejecutivo, que finalmente fue aprobado.

Los asambleístas de oposición que apoyaron la tesis de Betty Amores en ese episodio fueron apenas seis: Paco Moncayo, César Montúfar, Alfredo Ortiz, Nívea Vélez, Milton Pinoargote y Rafael Dávila.

¿Qué hubiera pasado si la Función Judicial contaba con 80 millones más en su presupuesto? Tal vez la reforma judicial hubiese llegado antes de la crisis de la delincuencia, lo que desató la reforma constitucional de mayo pasado. Tal vez -y esto es lo más probable- el Consejo de la Judicatura no hubiese podido invertir casi nada de los 80 millones más, como no pudo ejecutar la mayoría de los 26 millones que finalmente recibió. Hasta octubre de 2010, el Consejo de la Judicatura había ejecutado apenas 6 millones de gasto de inversión (la página del Consejo no presenta información más reciente sobre el año 2010).

Lo que sí sabemos con certeza es que este episodio mostró cómo la oposición votó irreflexivamente sólo para darle la contra a la Bancada de PAIS.

Publicado originalmente en La República.