Perdón al arrepentido

Esta semana se conoció que la Comisión Europea multó con más de 12 millones de dólares (8,9 millones de euros) a Pacific Fruit por mantener un acuerdo de precios con Chiquita Brands International Inc. Sin embargo, Chiquita no fue sancionada. ¿Por qué? Porque confesó a la Comisión Europea su participación y pidió clemencia. Reveló información que demostró la existencia del cartel.

En efecto, durante 2004 y 2005, Pacific Fruit y Chiquita formaron un cartel (asociación ilícita) para fijar precios elevados en Grecia, Italia y Portugal. Sin la delación de Chiquita, a la Comisión Europea le hubiese tomado mucho más tiempo probar la existencia del cartel. O probablemente ni se hubiera enterado del cartel. Esa es la importancia de la delación para destruir carteles. En otros países, cada miembro del cartel se apresura en ser el primero en denunciar, para exonerarse de la multa, que siempre es muy alta.

La recién aprobada Ley de Control del Poder de Mercado recoge la institución de la “clemencia” o “delación compensada” que contemplan las leyes antimonopolio de otros países. El artículo 83 de su texto contempla cuatro requisitos para acceder a la exoneración de la multa, siempre que sea la primera en proporcionar pruebas suficientes del cartel a la Superintendencia y que dicha autoridad no tenga otros elementos suficientes de prueba para detectar o probar la existencia de un cartel.

Aparte de exonerar al primer delator, la ley permite también a la Superintendencia reducir la multa a quienes proporcionen información significativa, aun cuando no sea prueba suficiente o cuando la Superintendencia ya tenga otros elementos para saber de la existencia del cartel. El artícuo 84 del texto aprobado exige que los mismos cuatro requisitos deben cumplir para obtener reducciones de la multa.

Al primer delator que no cumpla las condiciones para exoneración total, se le reducirá hasta el 50% de la multa. El segundo recibirá hasta un 30% de reducción. En adelante, los demás que proporcionen información pueden recibir reducciones de hasta el 20%. Esta norma es tan generosa que, si hubiese sido aplicada al caso Pacific Fruit, ésta hubiese confesado en segundo lugar ante la Comisión Europea y hubiese recibido una importante rebaja en su multa.

En esta misma página, observaba Eduardo Carmigniani que la empresa que confiese su participación en un cartel podría librarse de la multa, pero no de las demandas por daños y perjuicios que entablen consumidores o compradores. En otras latitudes es poco común escuchar demandas por daños y perjuicios contra quienes confiesan cartelización. Chiquita, por ejemplo, no habrá temido a demandas de consumidores griegos, italianos o españoles tanto como temió la sanción de la Comisión Europea.

La ley ecuatoriana permite aplicar la clemencia no sólo a operadores económicos (empresas o grupos económicos), sino también a personas naturales. Así, un gerente (o ex gerente) arrepentido, puede acudir a denunciar el cartel y librarse de las multas para personas naturales, que pueden llegar a 500 remuneraciones básicas unificadas ($ 132.000 en 2011).

Y la misma lógica de reducir penas para conseguir información se aplica en materia penal.

La legislación penal ecuatoriana contempla reducción de penas para quien proporciona información. Es lo que se denomina “atenuantes” de la pena. El proyecto de Código Penal Integral contempla la figura de reducción de penas a cambio de información importante para detener o inculpara a otros delincuentes o a autores intelectuales. El Presidente Correa ha preferido no esperar a que el nuevo código esté aprobado para ofrecer reducción de penas o amnistías para quien entregue información o para quien, sin haber sido capturado, se entregue voluntariamente. Ya precisó que las exoneraciones o reducciones aplicarán a quienes hayan participado como cómplices o en pocos actos delictivos, no para asesinos múltiples.

En cambio, para los choneros que no se entreguen ni colaboren, la consigna del Ministro del Interior es buscar la pena más alta posible. Naturalmente tanto condena como instrucción fiscal o la propia amnistía está sujeta a las decisiones de cada órgano competente: jueces, fiscales o asambleístas. El fallido anuncio de amnistía a Alberto Dahik es una prueba clara que las amnistías no dependen de la sóla voluntad del Presidente.

Si algunos de los choneros llegan a entregarse o a delatar a otros choneros, seguramente el Presidente aplicará figuras como reducción de penas o indultos, mientras no esté en vigencia el Código Penal Integral. Solucionar el problema de inseguridad en Manabí -y en el país- no puede esperar la aprobación de la norma legal, cuando la Constitución permite que el Presidente modifique la duración de las penas.

Publicado originalmente en La República.

La consulta de Quimsacocha

El pasado martes, Correa explicaba a los periodistas de Guayaquil sobre su visita al Hospital del Suburbio, hasta que alguien le preguntó por Quimsacocha. Luego le preguntaron por Ecudos y respondió sobre Quimsacocha. Sobre el paro de la UNE, comenzó mencionando a Quimsacocha. Y sobre el paro de transportistas: Quimsacocha también. Y también su consulta. ¿Qué es lo que tiene Quimsacocha?

Quimsacocha, que en kichwa significa tres lagunas (tres “cochas”) tiene oro. Y bastante. No sorprende, entonces, que sea un tema muy relevante para el Presidente. El pasado domingo en esa pequeña localidad, agrupaciones contrarias a la minería organizaron una suerte de “consulta popular” para preguntar sobre uno de los proyectos mineros más emblemáticos del país se ubica en esta pequeña y alejada parroquia rural del cantón Cuenca, en Azuay.

Las organizaciones usuarias de agua (de riego y de consumo) agrupadas en el Sistema de Agua “Victoria de Portete y Tarqui” organizaron la consulta popular que preguntaba: “¿Está de acuerdo con la explotación minera en fuentes de agua (Quimsacocha)?” Estaban habilitados para votar 1.500 electores, de los cuales sufragaron 1.037 personas. De ellas, 958 votaron “No”. A favor estuvieron 47 personas, votaron blanco 18 personas y 14 anularon su voto.

Como “observadores” del proceso estuvieron: un representante de Observatorio de Conflictos Mineros para América Latina, un periodista vasco y una académica brasileña, así como líderes de la CONAIE y Pachakutik. El resultado (92% en contra de la minería) será enviado a las autoridades ecuatoriaa, así como a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que promueve el Convenio 169 sobre derechos de pueblos y nacionalidades indígenas. Uno de los puntales de dicho convenio es el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre temas que les afecten directamente.

En la Asamblea de Montecristi se debatió con fuerza sobre el efecto de esta consulta previa. Mónica Chuji y asambleístas de Pachakutik defendían que la consulta debía ser vinculante. Alianza País insistió que la consulta sea previa, libre e informada, pero su efecto sea referencial para la autoridad. Prevaleció la tesis de Alianza País en la Constitución (art. 398), pero según algunas interpretaciones, el Convenio 169 ya exige el consentimiento previo de los indígenas afectados para llevar a cabo el proyecto en cuestión.

Enseguida la Función Ejecutiva y la Función Electoral salieron a rechazar la consulta realizada:que la consulta no fue organizada por la institución pública responsable, que la pregunta era inductiva, la selección de los electores fue sesgada, inconvenientes el día de la elección, parcialidad del organizador y de los observadores, etc. Sin embargo, aún la OIT no se ha pronunciado. Esta consulta puede detener o demorar el proyecto minero a cargo de I Am Gold (canadiense).

Por el momento, el Prefecto de Azuay ha acudido a la Corte Constitucional para obtener la competencia para emitir la autorización ambiental para explotar el proyeto. El concejo municipal de Cuenca, de su lado, ha pedido suspender la actividad minera hasta que se realicen los estudios que confirmen que el proyecto no afecta las cuencas hidrográficas del sector.

Es indispensable que se relice la consulta previa a las comunidades, sin los vicios y sesgos de la consulta ya realizada, y que se tomen en cuenta los resultados, para disminuir al máximo cualquier riesgo. Sin embargo, el gobierno tiene un punto muy importante: este tipo de decisiones deben ser tomadas por toda la sociedad, por su importancia y el destino de los recursos (proveer de salud y educación a toda la población, no sólo a la comunidad cercana). El Gobierno ve con preocupación que se permita que un grupo reducido de la población adopte decisiones que afectan a todo el país.

Publicado originalmente en La República.

Leyes con plazos

Se acaba de aprobar en el Legislativo una ley que sanciona prácticas anti competitivas. Con otro nombre y otra superintendencia, esto ya se logró en 2002. El proyecto de Rafael Dávila fue vetado totalmente por Pedro Pinto, vicepresidente de Gustavo Noboa, a pedido de cámaras productivas. En esta ocasión, será cuestión de tiempo para ver la ley publicada en el Registro Oficial.

A estas horas no se sabe si el proyecto de ley será vetado parcialmente por el Ejecutivo o si el ejecútese será inmediato. En todo caso, un proyecto de ley que ha esperado más de diez años (Dávila presentó el primer proyecto en 1999), se habrá vuelto ley en menos de tres meses. El récord de aprobación de la ley se debe al plazo de 30 días que ordena la Constitución para proyectos de urgencia económica. Este atajo será utilizado por el Ejecutivo también para una reforma tributaria y para enviar una nueva ley de mercado de valores.

Este es un gran contraste frente a otros proyectos de ley, que no avanzan en su publicación, incluso a pesar de que la Constitución ordenó que sean aprobados hasta máximo octubre de 2009. Los proyectos de ley de cultura, de comunicación y de aguas han quedado en suspenso hasta encontrar votos para aprobarlos.

En materia de comunicación, el proyecto que impulsa la bancada gobiernista no convence a los asambleístas aliados. El proyecto de ley de aguas se diluyó en una prometida “consulta prelegislativa” que hasta ahora no se realiza (a pesar que existen normas para realizar esta consulta, expedidas por la Corte Constitucional). De su lado, el proyecto de ley de cultura no convence a la totalidad del bloque gobiernista.

Si bien un plazo de 30 días es un reto para aprobar leyes, sería ideal que el Legislativo se establezca plazos para aprobar leyes tan importantes como las ordenadas por la Constitución. A su vez, los tres proyectos de ley atascados tienen serias falencias y omisiones. La Ley de Participación Ciudadana permite que individuos presenten proyectos de ley, siempre que superen el 0,25% de firmas del padrón electoral. Este porcentaje debe equivaler a aproximadamente 25.000.

Este camino ha sido elegido por un grupo de ciudadanos que proponen reformas penales para endurecer penas. La misma ruta deberíamos seguir para impulsar proyectos de ley desde la ciudadanía, para hacer a un lado los proyectos de ley que se han entrampado.

Así por ejemplo, los ciudadanos con interés en corregir la actual ley de aguas (y la masiva concentracion de mucha concesiones en pocas manos) deberían reunir firmas para presentar un proyecto de ley que no tenga los problemas del proyecto que actualmente está en la Asamblea.

Todos los que hemos criticado la ley de comunicación que reposa en la Asamblea deberíamos organizarnos para enviar un proyecto de ley que no se apegue a las tesis del gobierno pero que sí establezca procedimientos para rectificación y réplica, con apego a las normas y sugerencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se necesita una ley de comunicación para eliminar la posibilidad de que el Ejecutivo cierre canales, como ocurrió con Teleamazonas y para poner límites a las cadenas nacionales, en horarios, temas y frecuencia de emisión.

La política cultural ha sido cuestionada, incluso con creativas protestas como la difundida en este espacio por Carlos Andrés Vera. Desde hace años, Santiago Roldós ha defendido en Revista Vistazo el proceso que vive el ITAE para promover la cultura y la educación. Sería deseable que los gestores culturales libres promuevan organizados su propio proyecto de ley de cultura, que corrija errores atávicos de corporativismo y centralismo que aquejan a la matriz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

La Ley de Participación Ciudadana ordena que los proyectos de ley presentados por la ciudadanía deben ser tramitados en máximo 180 días, tiempo totalmente razonable para discutir cada tema e incorporar mejoras a los textos. Si la Asamblea no aprueba en ese plazo, el proyecto de ley se publica en el Registro Oficial.

Publicado originalmente en La República.