Leyes con plazos

Se acaba de aprobar en el Legislativo una ley que sanciona prácticas anti competitivas. Con otro nombre y otra superintendencia, esto ya se logró en 2002. El proyecto de Rafael Dávila fue vetado totalmente por Pedro Pinto, vicepresidente de Gustavo Noboa, a pedido de cámaras productivas. En esta ocasión, será cuestión de tiempo para ver la ley publicada en el Registro Oficial.

A estas horas no se sabe si el proyecto de ley será vetado parcialmente por el Ejecutivo o si el ejecútese será inmediato. En todo caso, un proyecto de ley que ha esperado más de diez años (Dávila presentó el primer proyecto en 1999), se habrá vuelto ley en menos de tres meses. El récord de aprobación de la ley se debe al plazo de 30 días que ordena la Constitución para proyectos de urgencia económica. Este atajo será utilizado por el Ejecutivo también para una reforma tributaria y para enviar una nueva ley de mercado de valores.

Este es un gran contraste frente a otros proyectos de ley, que no avanzan en su publicación, incluso a pesar de que la Constitución ordenó que sean aprobados hasta máximo octubre de 2009. Los proyectos de ley de cultura, de comunicación y de aguas han quedado en suspenso hasta encontrar votos para aprobarlos.

En materia de comunicación, el proyecto que impulsa la bancada gobiernista no convence a los asambleístas aliados. El proyecto de ley de aguas se diluyó en una prometida “consulta prelegislativa” que hasta ahora no se realiza (a pesar que existen normas para realizar esta consulta, expedidas por la Corte Constitucional). De su lado, el proyecto de ley de cultura no convence a la totalidad del bloque gobiernista.

Si bien un plazo de 30 días es un reto para aprobar leyes, sería ideal que el Legislativo se establezca plazos para aprobar leyes tan importantes como las ordenadas por la Constitución. A su vez, los tres proyectos de ley atascados tienen serias falencias y omisiones. La Ley de Participación Ciudadana permite que individuos presenten proyectos de ley, siempre que superen el 0,25% de firmas del padrón electoral. Este porcentaje debe equivaler a aproximadamente 25.000.

Este camino ha sido elegido por un grupo de ciudadanos que proponen reformas penales para endurecer penas. La misma ruta deberíamos seguir para impulsar proyectos de ley desde la ciudadanía, para hacer a un lado los proyectos de ley que se han entrampado.

Así por ejemplo, los ciudadanos con interés en corregir la actual ley de aguas (y la masiva concentracion de mucha concesiones en pocas manos) deberían reunir firmas para presentar un proyecto de ley que no tenga los problemas del proyecto que actualmente está en la Asamblea.

Todos los que hemos criticado la ley de comunicación que reposa en la Asamblea deberíamos organizarnos para enviar un proyecto de ley que no se apegue a las tesis del gobierno pero que sí establezca procedimientos para rectificación y réplica, con apego a las normas y sugerencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se necesita una ley de comunicación para eliminar la posibilidad de que el Ejecutivo cierre canales, como ocurrió con Teleamazonas y para poner límites a las cadenas nacionales, en horarios, temas y frecuencia de emisión.

La política cultural ha sido cuestionada, incluso con creativas protestas como la difundida en este espacio por Carlos Andrés Vera. Desde hace años, Santiago Roldós ha defendido en Revista Vistazo el proceso que vive el ITAE para promover la cultura y la educación. Sería deseable que los gestores culturales libres promuevan organizados su propio proyecto de ley de cultura, que corrija errores atávicos de corporativismo y centralismo que aquejan a la matriz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

La Ley de Participación Ciudadana ordena que los proyectos de ley presentados por la ciudadanía deben ser tramitados en máximo 180 días, tiempo totalmente razonable para discutir cada tema e incorporar mejoras a los textos. Si la Asamblea no aprueba en ese plazo, el proyecto de ley se publica en el Registro Oficial.

Publicado originalmente en La República.

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