El camino de la reforma tributaria

A las 18h36 con 22 segundos del 1 de noviembre, Ramiro Terán, asambleísta por el MPD, abandona la sala de la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control y la deja sin cuórum la sesión que iba a aprobar la reforma tributaria de 2011. Otros asambleístas de oposición siguieron la estrategia de Terán. El socialcristiano Salomón Fadul fue el último en sumarse al grupo de Terán. ¿Fue una buena estrategia? ¿La salida de la oposición es constitucional? Esta es otra opinión sobre el tema.

Cuando se conoció que la Comisión no tuvo cuórum, Andrés Roche (Madera de Guerrero) reprochó a Salomón Fadul por su inasistencia. En ese momento, al interior de la misma oposición se veía como inexorable la aprobación de la reforma tributaria al vencer el plazo de 30 días que la Constitución da a los proyectos de urgencia económica.

La estraegia de Ramiro Terán se fundamenta en un hallazgo en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Su artículo 68 señala que los proyectos sobre tributos pueden ser iniciativa de la Función Ejecutiva, “mediante el trámite ordinario previsto en esta Ley”. A raíz de la estrategia de Ramiro Terán, se ha interpretado esta norma como una prohibición de la ley para que el Presidente envíe proyectos sobre tributos por urgencia económica. En realidad, la urgencia económica se describe en el artículo 140 de la Constitución que señala que un proyecto calificado de urgencia en materia económica sigue el trámite ordinario, pero tiene un plazo reducido.

La institución del trámite de urgencia en la creación de leyes ha sido creado precisamente para solucionar problemas económicos que sólo pueden resolverse mediante ley, esto incluye fundamentalmente tributos, los cuales sólo pueden ser creados por ley. Las reformas económicas que realizan países como Grecia o Italia se canalizan, en buena parte, mediante proyectos de urgencia económica, incluyendo reformas tributarias. Admitir la tesis de Ramiro Terán sobre los proyectos de urgencia económica recortaría una importante herramienta para un futuro presidente que necesite reformar tributos en una etapa de ajuste.

Desde la vigencia de la Constitución de 2008, los proyectos enviados con urgencia económica (que siguen el trámite ordinario) han incluido generalmente reformas a la legislación tributaria, sin que nunca se haya objetado su constitucionalidad:

* En julio y diciembre de 2008, el Congresillo aprobó reformas tributarias, en los plazos de urgencia económica;

* La Ley de Empresas Públicas reformó la legislación tributaria para que las entidades públicas paguen IVA.

* La polémica Ley de Hidrocarburos, que pasó por el ministerio de la ley en julio de 2010, también fue enviada por urgencia económica y reformó la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

* El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas también reformó la legislación tributaria.

* El Código de la Producción redujo el impuesto a la renta hasta el 22% en 2013.

* La Ley de Economía Popular y Solidaria reformó la legislación tributaria en 2011.

El Pleno de la Asamblea puede archivar proyectos de ley, tanto en primero como en segundo debate, con el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La resolución legislativa votada el pasado jueves no forma parte del procedimiento legislativo, no sólo porque no se alcanzó la mayoría absoluta, sino porque no se adoptó en el marco de ninguno de los dos debates ni fue incluida en el orden del día como actividad de votación, sino sólo sobre “consideración” del tema.

Admitir que pueda resolverse sobre una ley mediante resolución crearía un precedente muy peligroso, pues los asambleístas ya no estarían obligados a trabajar en sus comisiones, ni hacer dos debates, sino que bastaría una resolución. De admitirse ese mecanismo de evacuación de leyes, el bloque de PAIS podría, sin necesidad de aliados, negar o aprobar proyectos de ley con menos de 60 votos.

No es conveniente que, por contradecir al gobierno, se sacrifiquen herramientas permanentes para futuros presidentes como el procedimiento de formación de la ley y la capacidad de solucionar problemas de carácter tributario mediante leyes de urgencia económica, que siguen el trámite ordinario con plazos diferentes.

Publicado originalmente en La República.

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