La sede de la justicia

1979-81. Gobierno de Jaime Roldós. Cuando Roldós inaugura el Palacio de Justicia de Guayas se lamenta: “Ojalá algún día inauguremos la justicia”. El abogado Roldós ganó las elecciones tras de casi nueve años de dictaduras (Velasco Ibarra, Rodríguez Lara y el triunvirato). Desde entonces, y con anuencia de Roldós, el Colegio de Abogados del Guayas funciona en el Palacio de una justicia aún no inaugurada. Ahora el gobierno va tras esas instalaciones.

El pasado 9 de noviembre, el Presidente firma Decreto Ejecutivo 933, publicado el pasado 17 de noviembre. En él deja insubsistente el Decreto Supremo 1506 de 1971, por el cual Velasco Ibarra asignó recursos presupuestarios para construir el Palacio de Justicia en Guayaquil. También se deroga el Decreto Supremo 1395, de 1973, por el cual Guillermo Rodríguez Lara dispone que, entre las dependencias del Palacio de Justicia, se incluyan las del Colegio de Abogados del Guayas. El dictador (me refiero a Rodríguez) también permitió que el salón de recepciones del Palacio de Justicia pueda ser utilizado por el Colegio de Abogados, a pedido de su presidente.

Como si al gobierno no le faltara frentes de confrontación, ahora se abrió una pugna con el Colegio de Abogados del Guayas. Los considerandos del Decreto dejan mal parado al Colegio: lo califican de ser un riesgo para la seguridad, un lugar de música estridente y hasta un sitio para beber. Los dirigentes denuncian una represalia por su respaldo a la jueza Ma. Leonor Jiménez (recientemente destituida por el Consejo de la Judicatura de Transición), por demandar la inconstitucionalidad de la delegación de Fernando Yávar como miembro de ese mismo Consejo (puesto que no tendría los diez años de ejercicio que se requieren para el cargo según la Constitución) y por denunciar el Estado de Excepción declaradon en la Justicia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El presidente titular del Colegio de Abogados, Alfonso Luz Yúnez (a la sazón, juez de la Corte Constitucional) se refirió al gobierno en terminos homofóbicos: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/prepotente-llama-luz-yunez-a-mera-519887.html

Más allá de motivaciones y discusiones políticas, es interesante conocer las argumentaciones jurídicas de ambos lados. Mientras el gremio de abogados afirma tener un comodato (un préstamo gratuito) de casi cien años de duración, el Gobierno considera que el permiso de usar las instalaciones es una decisión unilateral del Estado. Se ha dicho también que el Decreto Supremo de 1973 tiene jerarquía de ley, por lo que sólo la Asamblea podría derogarlo. Al menos sobre este punto, es notorio que el Gobierno tiene razón: el Decreto de Rodríguez Lara es un acto administrativo, de igual o menor jerarquía que un Decreto Ejecutivo: no es una Ley.

Los Decretos Supremos derogados por Correa no contienen materia de ley (no establecen penas ni tributos, tampoco regulan ni limitan derechos, ni establecen derechos ni cargas para los ciudadanos). Su contenido es muy concreto: establecer un presupuesto para construir el Palacio de Justicia y disponer que se utilicen ciertos planos y se destine un uso para esas oficinas. Actualmente, este tipo de decisiones son resoluciones emitidas por cualquier entidad que utiliza el portal de compras públicas.

Es un error pensar que los Decretos Supremos tienen carácter de ley sólo por ser firmados por un dictador. Si bien durante las dictaduras las leyes se emitían desde Carondelet, muchas veces, el mandatario emitía decisiones administrativas mediante esta figura. Hay Decretos Supremos que nombraron embajadores o que confirieron ascensos en la fuerza pública: ninguna de estas actividades son materia de ley.

Mirado el caso con ojos de eficiencia asignativa, es notorio que las oficinas en disputa aprovecharían mejor a la sociedad si fueren destinados a aumentar los juzgados (en particular de niñez y de lo penal). Es lamentable que en tres décadas el Colegio de Abogados del Guayas no haya podido ahorrar y tener su propio inmueble, como lo tienen muchos otros gremios profesionales: es otro caso en que el gremio privado se olvida de crecer como institución, confiado en el paternalismo estatal. No es de sorprender que más de uno lo vea como una institución en decadencia.

Pubilcado orignalmente en La República.

Cambios al Código de la Democracia

En 2009, apenas expedida la nueva Constitución, el Congresillo promulgó el Código de la Democracia, que se usará por primera vez en elecciones generales en 2013, porque las elecciones de 2009 se hicieron con las normas del régimen de transición. Sin embargo, el Código ya experimentó reformas en 2010 y 2011. Una nueva reforma se aprobará en 2012 de acuerdo al momento político actual.

La Constitución de 2008 establece que las reformas electorales sólo pueden regir si se aprueban un año antes de la convocatoria a elecciones. Como las elecciones de 2013 se convocarán a inicios de ese año, la Asamblea está corriendo contra el tiempo para tratar dos proyectos para llevar las elecciones de asambleístas a la primera vuelta electoral (propuesta de Madera de Guerrero y PRE), así como un proyecto del Consejo Nacional Electoral (CNE) para corregir algunos aspectos prácticos del proceso electoral, pero también para asumir capacidad de juzgar infracciones electorales. Aparte, proponen que se pague horas extras a los consejeros electorales.

La conformación política del viejo Tribunal Supremo Electoral (siete vocales de los siete sujetos políticos más votados) se prestaba para que los partidos allí representados coludan para perjudicar a otros sujetos políticos o para encubrirse entre ellos las infracciones electorales cometidas. Los casos más notorios fueron el juzgamiento del aporte de Fernando Aspiazu a la campaña de Jamil Mahuad o el no juzgamiento del aporte mexicano a la campaña de Lucio Gutiérrez.

Por todo esto, se planteó separar la admnistración del proceso electoral del juzgamiento de infracciones. En 2006, León Roldós propuso crear una sala especializada en la Corte Suprema de Justicia. Alianza País, crear un tribunal especializado. El diseño institucional finalmente aprobado en Montecristi se inspira en el caso federal mexicano, con una entidad administrativa y un Tribunal especializado en justicia electoral.

Cuando en octubre de 2008 la Asamblea Constituyente nombró a las autoridades de transición del CNE y del Tribunal Contencioso Electoral, Omar Simon y compañía llegaron rápidamente a la sede del viejo TSE y se instalaron sin dejar espacio para el recién creado Tribunal. A regañadientes, permitieron que los jueces electorales recalen en el edificio del extinto Tribunal Electoral de Pichincha. Desde entonces, una silenciosa pugna electoral envuelve a ambas instituciones, quienes sólo se pusieron de acuerdo para enviar el proyecto de Código de la Democracia en 2009.

Pero como el que ríe al último, es al Tribunal Contencioso Electoral al que le corresponde juzgar el comportamiento del CNE. En más de una sentencia han delimitado el alcance de las competencias del CNE y tienen entre sus atribuciones, un arma letal: entre las infracciones que pueden juzgar está el incumplimiento de las atribuciones de los consejero electorales.

La reforma que propone el CNE volvería a las infracciones electorales tipificaciones administrativas, con lo cual sería el propio CNE el que impondría sanciones. Sólo en caso de impugnación de esas sanciones se podría llegar al Tribunal Contencioso Electoral. Aparte de los métodos de asignación de escaños y el momento de elegir asambleístas, el diseño de la Función Electoral está en juego en la reforma actual.

Publicado originalmente en La República.