Insumos para el buró

El presidente Correa ha anunciado que estudiará una posible remisión de la pena en el caso El Universo. La remisión es una figura que permite al querellante de un juicio de acción privada borrar la pena del condenado. Una posible remisión será estudiada en el seno del buró político del Movimiento País, pues el Presidente ha considerado que el resultado del juicio puede tener efectos en el proyecto político que impulsa la lista 35. Este texto resume algunos puntos jurídicos que el buró político debería considerar.

Han sido tres los objetivos que el presidente Correa ha dicho que buscaba con este juicio:

1. Rechazar la mentira (Esto es, demostrar que Emilio Palacio no tenía bases para afirmar lo que dijo),
2. Demostrar que los principales de un medio de comunicación tienen algún nivel de responsabilidad por lo que se publica y
3. Alentar a otras personas perjudicadas por información errónea a reclamar sus derechos.

El presidente Correa estima que tales objetivos han sido cumplidos, por lo que nada impediría remitir la pena de cárcel e indemnización para los condenados. Extinguir la multa confirmaría la inexistencia de un afán de enriquecimiento, incluso más que los anunciados destinos de un eventual cobro, como eran la iniciativa Yasuní o la capitalización del mismo diario, por parte de trabajadores y canillitas.

Muchos ecuatorianos valiosos se abstienen de participar en política por miedo a que su nombre termine injustamente con mala fama. La proliferación de acusaciones falsas ha privado a la sociedad de brillantes personajes públicos (de distintas tendencias políticas), y ha dejado, hasta hace poco, a la cosa pública en manos de personas menos capacitadas o -mucho peor- con prontuarios de peligro. Aún reconociendo este problema, es necesario que las personas que ejercen cargos públicos reciban críticas muy duras -y a veces injustas- como gajes del oficio. Es imposible que en una sociedad libre los gobernantes y personas públicas no reciban críticas o descalificaciones, justas o no.

Por tal motivo, los jueces debían considerar no solamente el derecho a la honra (que sin duda existe) con el derecho a la libre expresión (que es tan amplio como para incluir no sólo cosas verdaderas sino falacias y hasta disparates). Ninguno de los jueces en el caso El Universo comparó adecuadamente estos derechos. En el caso Gran Hermano, la jueza Portilla reduce a tal nivel la libertad de expresión que llama ilícitas las imputaciones no verificadas por organismos de control. Con un razonamiento tan radical, nadie hubiese podido mencionar el caso Filanbanco en ningún momento entre 1998 y 2008, cuando la Superintendenta Gloria Sabando aprobó la auditoría de Delloite sobre ese perjuicio.

Aún cuando se hubieren alcanzado los tres objetivos que señala el Presidente, como consecuencia de este caso, la sociedad ecuatoriana se enfrentará a tres desafíos:

1. Por un lado, si bien el juicio demostró que Palacio no tenía ningún fundamento para lanzar una acusación gravísima, lamentablemente la sentencia carece de suficiente prestigio en la sociedad en general, debido principalmente a la forma como fue obtenida. Haber negado varias pruebas a la defensa, omitir cualquier mención a la audiencia en la sentencia y la existencia de varios indicios sobre la forma como se la redactó permiten a muchas personas mantener dudas sobre si a Palacio y los señores Pérez se les dio un juicio justo, al cual tienen derecho como cualquier persona.

2. Es verdad que se crea un precedente de co-responsabilidad entre autor y principal del medio de comunicación. Pero su efecto es que veremos una disminución de la pluralidad de voces en los distintos medios de comunicación. Muchos medios de comunicación preferirán no abrir sus espacios a personas que no conocen o que no comparten sus puntos de vista. Este precedente debería limitarse en una ley de comunicación que explique cuándo un dueño de medio de comunicación puede considerarse autor coadyuvante y cuándo un medio de comunicación puede ser condenado para fines indemnizatorios. Mientras no se regule claralmente, escribir o intervenir en un medio de comunicación entraña un riesgo tan incalculable como invitar a alguien a participar en un medio.

3. Si bien el juicio contra El Universo demuestra que se puede reclamar ante la justicia por los excesos de la prensa (como se ha reclamado en muchos otros países del mundo), la forma en que se ha llevado el juicio afecta esta pedagogía: para el caso del ciudadano Presidente, las providencias demoraron menos que para otros casos, se concedieron cambios de fecha conforme a la agenda presidencial y se fijaron indemnizaciones millonarias sin una explicación sustentada ni suficiente razonamiento jurídico. Es muy poco probable que otra persona que plantee un juicio contra la gran prensa tenga el mismo tratamiento. Esto afecta mucho a la credibilidad de la justicia, a la que todos deberíamos contribuir a rescatar.

La decisión que tome el buró político debe analizar no solamente los efectos que este caso tenga en la credibilidad del régimen o en los resultados de corto plazo, sino principalmente en la adecuada consolidación de un Estado constitucional de derechos y de justicia, como se ofreció en Montecristi. No basta con remitir la pena para Palacio, los señores Pérez y/o la C.A. El Universo, pues es necesario mejorar las instituciones jurídicas para asegurar que el derecho a un juicio justo llegue a todas las personas por igual. La prensa ha reclamado con especial énfasis el debido proceso para este caso, pero creo que el debido proceso debe reclamarse para todas las personas. Lamentablemente, el rechazo de pruebas, la falta de control de convencionalidad (controlar que se cumplan los convenios internacionales) y la falta de motivación de las sentencias son fenómenos muy comunes en el Ecuador. Nuestra administración de justicia ha recibido constantes llamados de atención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Un Estado de derechos y de justicia debe aparecer en el foro internacional de derechos humanos como un ejemplo, nunca como un observado. Más allá de los defectos o sesgos que pueda tener el SIDH (que deben reducirse con la participación activa de los países miembros), si el Sistema cuestiona al Ecuador, es obligación del Estado revisar si en verdad se está construyendo el Estado de derechos y de justicia ofrecido.

Para solventar adecuadamente los tres desafíos arriba señalados, el buró político debería emitir tres sugerncias:

1. Sugerir al presidnete Correa remitir la pena no sólo en el caso El Universo, sino también en el caso Gran Hermano, puesto que los objetivos planteados por Correa no se refieren solamente a un caso, sino a un criterio general. Asimismo, el ciudadano Correa debería evaluar la conveniencia de continuar trabajando con los abogados que ha tenido hasta ahora.

2. Sugerir a los vocales del Consejo de la Judicatura establecer medidas para mejorar la administración de justicia, de modo que se pueda garantizar el debido proceso a todas las personas, sin importar su nivel económico o de influencia. Como medida estándar, siempre que una decisión judicial sea motivo de alerta por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, quien emitió tal decisión debería ser suspendido, para evitar que afecte a otras personas.

3. Sugerir a sus asambleístas que, en el nuevo Código Integral Penal, supriman la pena de cárcel para los delitos de injuria y la reemplacen con una multa económica, tal como en Argentina propuso la presidenta Cristina Kirchner, quien también mantiene controversias con sectores de la prensa y también rechaza la sumisión de los países periféricos a criterios jurídicos de los países centrales. Además, los asambleístas deberán reformar el Código Civil para fijar un monto máximo de indemnización por daño moral, por ejemplo en máximo cien salarios básicos unificados, así como fijar criterios para establecer la indemnización: no es lo mismo una deshonra en un medio nacional que en un medio local. Esta medida serviría incluso para desactivar contingencias que actualmente existen por reclamos al Estado y a varios de sus servidores públicos, por millonarias cantidades.

Publicado originalmente en La República.

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