Preferencia al artista nacional

La semana pasada, los Calle 13 lanzaron cuatro mensajes políticos durante su concierto en Quito. Uno: rechazar la “minería contaminante” (aunque, como es necesaria, aceptaron una “minería responsable”). Dos: Reclamar la independencia de su tierra, Puerto Rico. Tres: Varias veces exigieron educación pública gratuita. Cuatro: Que en las radios ecuatorianas suene música ecuatoriana.

Como era de esperarse, la posición de los puertorriqueños sobre la minería (así como la de Manu Chao) fue ampliamente difundida, mientras los otros mensajes quedaron sólo para los asistentes. Me quiero referir a la cuarta proclama, que en nuestro país se conecta con la llamada “ley de cuotas”.

Muchos músicos han reclamado medidas de acción afirmativa para la música ecuatoriana, especialmente la oportunidad de sonar en las radios. No es una petición nueva ni una novelería chauvinista nacida a partir de Montecristi: establecer porcentajes de tiempo en las radios para la música local es algo muy común en países como Francia, Canadá, Reino Unido, México, Israel, Brasil y Argentina. Consiste en fijar mediante ley un porcentaje (o cuota) de música nacional que debe sonar en las radios. Por música nacional se debe entender a la creada en el país, sea del género que fuese.

En defensa de esta medida, se argumenta, en síntesis:

1. Compensa una falla de mercado: como el público no tiene acceso a la música nacional, no puede adquirir gusto por ésta,

2. Las disqueras internacionales utilizan estrategias, infraestructura e integración con otros medios (internet, televisión,…) para promocionar sus artistas. La cuota buscaría atenuar la asimetría entre oferentes en ese mercado,

3. Las frecuencias son un bien público y deberían ser aprovechadas en función del interés público,

4. Sustitución de importaciones: en lugar de que vayan al exterior los pagos regalías, conciertos, merchandising y demás, esos recursos podrían cobrarlos los artistas nacionales, que moverán principalmente la economía nacional.

No faltan voces que critican la medida por una supuesta merma a libertades editoriales, la emergencia de iPods y demás reproductores que compiten con la radio (donde no es posible ninguna regulación ni margen de preferencia), la dificultad de definir qué se entiende por producción nacional y de aplicar la cuota para radios que no sean predominantemente musicales (como las radios deportivas o las de noticias) o, en fin, que las nuevas tecnologías como el internet ya son suficiente escenario para la música independiente.

El argumento favorito de muchas radios es retar a los artistas a difundirse por su calidad, no por imposición legal. “Un buen artista no necesita preferencia para ganar el favor del público” han dicho. Sin embargo, los hechos demuestran que las radios no eligen música en mérito a la calidad, sino a otros factores.

Inocentemente, se podría pensar que las radios transmiten la música que su público quiere. Si tan sólo esa fuera la razón, también se justificaría fijar una cuota para que los oyentes se acostumbren a nuevos sonidos y eleven la calidad de la demanda. Los mismos artistas saben que la calidad no garantiza ni la transmisión ni el ganar el favor del público. Sobran ejemplos de música de mala calidad que se vuelve hit, así como de música muy buena, que por no ser rotada en las radios, no llega a ser conocida.

Pero es ampliamente conocido que la radiodifusión no se limita a transmitir lo que piden las audiencias: el fenómeno de la payola (o el pagar, en dinero o en privilegios, para ser rotado) se ve en muchos países (siendo incluso penado en otros), la compra de discos por parte de los propios artistas (como denuncian los mismos Calle 13 en alguna canción), la alteración de rankings, la simulación de llamadas o los conflictos de interés de empleados de disqueras que también hacen radio, son sólo algunas formas de llegar a las radios.

Dos proyectos de ley buscan establecer cuotas: el proyecto de ley de comunicación, cuyo texto ha sido cambiado tantas veces que ni el mismo Presidente Correa sabe en qué versión están (y los cambios se seguirán haciendo, quizá hasta el día mismo de la votación); y, de otro lado, en el proyecto de ley de cultura, que fija un draconiando 50%, sin permitir adaptaciones para radios que no transmitan principalmente música ni permitir al reglamento aplicar en detalle esa norma. Ambos proyectos debían aprobarse en octubre de 2009, sin embargo, permanecen bloqueados por falta de votos.

La fijación de cuotas no debiera limitarse sólo a la música. Otras artes también debieran tener una preferencia establecida en ley, cuyas características se describan en reglamentos que recojan la voluntad e inquietudes de todos los involucrados.

Otras formas de preferencia, como la que actualmente rige para conciertos, dan para otro artículo.

Publicado originalmente en La República.

El monumento y las competencias municipales

Está ya instalado un monumento a León Febres Cordero. No espero describir las razones por las cuales debe o no instalarse el monumento, pero sí compartir algunas normas sobre la competencia de los municipios en lo referido al patrimonio cultural, que incluye la erección de monumentos.

La Constitución asigna a los municipios la competencia para preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir espacios públicos para estos fines (art. 264 num. 8). Esta competencia se detalla en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD, para los amigos) que describe la forma de ejercer esta competencia (art. 144), que sintetizo a continuación en la forma de facultades según el art. 116 de la misma ley:

1. La gestión del patrimonio cultural en manos de los municipios incluye la formulación, aprobación, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos.

2. La coordinación de esta competencia es municipal: pueden participar dos o más municipios en proteger un bien o complejo patrimonial ubicado en varios cantones, inclusive mediante la creación de mancomunidades. Asimismo, un gobierno provincial o un gobierno parroquial pueden ejercer esta competencia, pero delegados por el municipio competente.

3. Al Estado central le corresponde la rectoría en materia patrimonial, por ello, le corresponde emitir políticas y declarar y supervisar el patrimonio natural y cultural.

4. No se describe a quién corresponde la regulación y el control.

De otro lado, tenemos una Ley de Patrimonio Cultural de 1979, que crea el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), que tiene la competencia de autorizar la erección de monumentos conforme el art. 27 de dicha ley. Podría interpretarse que la Constitución y el COOTAD habrían tácitamente derogado dicho artículo pues la competencia es ahora municipal, pero hay razones para pensar que no hay tal derogatoria:

1. La Constitución asigna competencias exclusivas, pero también dice que las mismas se ejercerán de manera concurrente con los demás niveles de gobierno (art. 260).

2. El COOTAD, al detallar la forma de ejercer esa competencia, le asigna la rectoría al Estado central. Se puede pensar que le asigna también la actividad de control porque incluye “declarar y supervisar” el patrimonio. Autorizar la erección de monumentos es una actividad de control administrativo. Por otro lado, la función de control ha sido ejercida también por municipios: el de Quito ha sancionado el derrocamiento de casas patrimoniales en 2011.

3. El mismo Municipio de Guayaquil ha reconocido previamente la vigencia del art. 27 de la Ley de Patrimonio Cultural, al solicitar autorización al INPC para erigir monumentos al mono y otros animales.

En definitiva, no se sabe claramente quién ejerce el control del patrimonio. Tampoco hay claridad sobre quién ejerce la regulación. Y no existe norma que describa qué tipo de intervenciones puede autorizar el INPC en áreas declaradas patrimonio cultural del país (como el barrio Las Peñas). Al no haber una regulación sobre las intervenciones autorizadas o no en estas áreas, la aprobación de intervenciones por parte del INPC está sujeta a la discrecionalidad que le dicte su propio informe técnico. Expertos independientes consultados por la Revista Vistazo han cuestionado la ubicación de un monumento en la planchada de Las Peñas por afectar paisajísticamente el patrimonio.

La Constitución ordenó que en octubre de 2009 haya una nueva ley de cultura, que debería incluir normas sobre patrimonio cultural. Hasta ahora no se destraba la ley en trámite en la Asamblea, pero ninguno de los proyectos empolvados en la comisión ocasional de cultura aclara a quién corresponde la regulación y el control en materia patrimonial.

En todo caso, es un hecho que existe un conflicto de competencias entre el Municipio y el INPC. Este tipo de conflictos debieran ser solucionados por el Consejo Nacional de Competencias (CNC), creado por el mismo COOTAD. El CNC está integrado por un delegado del Ejecutivo y un delegado de cada nivel de gobierno: regional, provincial y parroquial. El CNC no ha resuelto aún ningún conflicto de competencias. Tampoco ha iniciado el proceso para descentralizar la competencia de patrimonio cultural.

Diabluma Guayaquil y el INPC acudieron a un juez para dirimir la competencia. El Alcalde ha acudido a vías de hecho para imponer su criterio. Por estos caminos, ninguna solución tendrá un análisis técnico sobre las competencias de cada nivel de gobierno, con lo cual se habrá perdido una importante oportunidad de poner a prueba la institucionalidad de descentralización diseñada en el COOTAD. Este caso hubiese sentado un precedente muy interesante sobre la aplicación práctica de la autonomía y la descentralización ofrecidas en Montecristi. Lamentablemente, ninguna de las partes llevó el caso al CNC, que tampoco apareció de oficio para mediar o dirimir la cuestión.

Publicado originalmente en La República.