Preferencia al artista nacional

La semana pasada, los Calle 13 lanzaron cuatro mensajes políticos durante su concierto en Quito. Uno: rechazar la “minería contaminante” (aunque, como es necesaria, aceptaron una “minería responsable”). Dos: Reclamar la independencia de su tierra, Puerto Rico. Tres: Varias veces exigieron educación pública gratuita. Cuatro: Que en las radios ecuatorianas suene música ecuatoriana.

Como era de esperarse, la posición de los puertorriqueños sobre la minería (así como la de Manu Chao) fue ampliamente difundida, mientras los otros mensajes quedaron sólo para los asistentes. Me quiero referir a la cuarta proclama, que en nuestro país se conecta con la llamada “ley de cuotas”.

Muchos músicos han reclamado medidas de acción afirmativa para la música ecuatoriana, especialmente la oportunidad de sonar en las radios. No es una petición nueva ni una novelería chauvinista nacida a partir de Montecristi: establecer porcentajes de tiempo en las radios para la música local es algo muy común en países como Francia, Canadá, Reino Unido, México, Israel, Brasil y Argentina. Consiste en fijar mediante ley un porcentaje (o cuota) de música nacional que debe sonar en las radios. Por música nacional se debe entender a la creada en el país, sea del género que fuese.

En defensa de esta medida, se argumenta, en síntesis:

1. Compensa una falla de mercado: como el público no tiene acceso a la música nacional, no puede adquirir gusto por ésta,

2. Las disqueras internacionales utilizan estrategias, infraestructura e integración con otros medios (internet, televisión,…) para promocionar sus artistas. La cuota buscaría atenuar la asimetría entre oferentes en ese mercado,

3. Las frecuencias son un bien público y deberían ser aprovechadas en función del interés público,

4. Sustitución de importaciones: en lugar de que vayan al exterior los pagos regalías, conciertos, merchandising y demás, esos recursos podrían cobrarlos los artistas nacionales, que moverán principalmente la economía nacional.

No faltan voces que critican la medida por una supuesta merma a libertades editoriales, la emergencia de iPods y demás reproductores que compiten con la radio (donde no es posible ninguna regulación ni margen de preferencia), la dificultad de definir qué se entiende por producción nacional y de aplicar la cuota para radios que no sean predominantemente musicales (como las radios deportivas o las de noticias) o, en fin, que las nuevas tecnologías como el internet ya son suficiente escenario para la música independiente.

El argumento favorito de muchas radios es retar a los artistas a difundirse por su calidad, no por imposición legal. “Un buen artista no necesita preferencia para ganar el favor del público” han dicho. Sin embargo, los hechos demuestran que las radios no eligen música en mérito a la calidad, sino a otros factores.

Inocentemente, se podría pensar que las radios transmiten la música que su público quiere. Si tan sólo esa fuera la razón, también se justificaría fijar una cuota para que los oyentes se acostumbren a nuevos sonidos y eleven la calidad de la demanda. Los mismos artistas saben que la calidad no garantiza ni la transmisión ni el ganar el favor del público. Sobran ejemplos de música de mala calidad que se vuelve hit, así como de música muy buena, que por no ser rotada en las radios, no llega a ser conocida.

Pero es ampliamente conocido que la radiodifusión no se limita a transmitir lo que piden las audiencias: el fenómeno de la payola (o el pagar, en dinero o en privilegios, para ser rotado) se ve en muchos países (siendo incluso penado en otros), la compra de discos por parte de los propios artistas (como denuncian los mismos Calle 13 en alguna canción), la alteración de rankings, la simulación de llamadas o los conflictos de interés de empleados de disqueras que también hacen radio, son sólo algunas formas de llegar a las radios.

Dos proyectos de ley buscan establecer cuotas: el proyecto de ley de comunicación, cuyo texto ha sido cambiado tantas veces que ni el mismo Presidente Correa sabe en qué versión están (y los cambios se seguirán haciendo, quizá hasta el día mismo de la votación); y, de otro lado, en el proyecto de ley de cultura, que fija un draconiando 50%, sin permitir adaptaciones para radios que no transmitan principalmente música ni permitir al reglamento aplicar en detalle esa norma. Ambos proyectos debían aprobarse en octubre de 2009, sin embargo, permanecen bloqueados por falta de votos.

La fijación de cuotas no debiera limitarse sólo a la música. Otras artes también debieran tener una preferencia establecida en ley, cuyas características se describan en reglamentos que recojan la voluntad e inquietudes de todos los involucrados.

Otras formas de preferencia, como la que actualmente rige para conciertos, dan para otro artículo.

Publicado originalmente en La República.

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