Una ley para promover el Software libre

El 10 de abril de 2008, el presidente Correa expidió el Decreto Ejecutivo 1014 que dispone a la Función Ejecutiva utilizar software libre en todas sus actividades. En enero de 2012, la iniciativa Focus otorgó a Correa un premio por este Decreto. Tras cuatro años de esta política, conviene revisar cómo se la ha aplicado y qué falta por hacer.

El software libre es aquel diseñado para permitir el acceso libre a quien lo desee utilizar, pero también le permite copiarlo, distribuirlo, estudiarlo, modificarlo y redistribuirlo libremente. No se limita a la gratuidad, sino fundamentalmente a la libertad para modificar su código fuente y redistribuir el resultado de la modificación hecha. Hay mucho de filosófico y ético en su uso, al aplicar valores como la solidaridad, la ética y la libertad, así como valora más la creación de conocimiento por sobre el aprovechamiento económico del mismo. Más sobre este concepto puede escucharse en un programa de la Radio Pirata.

Por las ventajas y filosofía del software libre y por la llamada “soberanía tecnológica”, se expidió el Decreto 1014. Este decreto no obliga a nadie más que a la Función Ejecutiva (Presidencia, Vicepresidencia, Ministerios, instituciones adscritas y empresas públicas del Ejecutivo), por lo que otras instituciones públicas pueden seguir adquiriendo software propietario. Tampoco impone el software libre a empresas ni a personas individuales.

Hay tres excepciones que permiten que el Ejecutivo adquiera soluciones de software propietario: que no exista una solución libre para la necesidad, que esté en riesgo la seguridad nacional y que el análisis costo-beneficio de migrar a software libre señale inconveniencia. No hay un procedimiento para verificar alguna excepción antes de contratar el software propietario. La institución responsable de verificar el cumplimiento de este Decreto es la Secretaría Nacional de la Administración Pública, a través de su Subsecretaría de Tecnologías de la Información.
Para cumplir con este Decreto, la Subsecretaría promueve entre ministerios e instituciones y monitorea periódicamente las contrataciones que se cuelgan en el portal de compras públicas. El Instituto Nacional de Contratación Pública puso a disposición de las instituciones computadores con software libre en el catálogo electrónico, haciendo más fácil y rápido adquirir este tipo de ordenadores.

Sin embargo, no siempre los burócratas cumplen las disposiciones presidenciales: el portal de compras públicas registra muchas contrataciones de software propietario (con o sin hardware), muchas instituciones siguen utilizando software propietario e incluso exigen que los particulares ingresen información en ese tipo de formatos, algunas páginas web institucionales no funcionan bien en navegadores libres y hasta es común ver fotografías de ministros y autoridades usando computadores de software propietario. Y la desobediencia empieza por casa: la propia Presidencia de la República compró en 2012 computadores y software propietario por $120.000 sin cumplir ninguna de las excepciones del Decreto 1014 (subasta SIE-PR-02-2012) y las presentaciones que Correa exhibe en su programa de los sábados no son hechas en software libre.

La Ley Orgánica de Empresas Públicas obliga a tales empresas a usar software libre (tanto del Gobierno central, como las de gobiernos autónomos descentralizados y de universidades públicas), pero la Subsecretaría de Tecnologías de la Información no monitorea la migración de estas empresas y la norma admite el software propietario en contrataciones del “giro del negocio”. La Ley Orgánica de Educación Superior obliga a universidades e institutos tecnológicos a incorporar el software libre, pero la SENESCYT no ha emitido directrices ni controla el cumplimiento de la norma.

Pero hace falta mucho para ampliar el uso del software libre: el Ministerio de Educación aún enseña en base al software propietario y los docentes en informática no están siendo capacitados en software libre, el SRI sólo tiene una versión del programa DIMM que corre sólo en software propietario. Hace falta más información, difusión y medición de una verdadera política pública de soberanía tecnológica. Una pregunta fundamental para los candidatos presidenciales en el 2013 será su posición sobre el software libre.

Publicado orignalmente en La República.

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Más sobre la preferencia al artista nacional

La semana pasada expuse en este espacio las razones que mueven la norma de establecer una cuota de difusión de la música nacional (de cualquier género) en la radiodifusión. También se mostró el caso de otros países en que dicha regla existía, lo que ayuda a analizar la racionalidad y eficacia de las cuotas. Ahora presento un resumen de las normas actuales de preferencia al artista ecuatoriano.

Muchos pensábamos que establecer cuotas sería una innovación en el país y cambiaría la situación actual. Sin embargo, la realidad es que ya existen tales cuotas. En efecto, la Ley de Defensa Profesional de Artistas (Registro Oficial Nº 798 de 23 de marzo de 1979) ya establece cuotas de radiodifusión y televisión para artistas nacionales. Su artículo 28 señala: Las estaciones de radiodifusión y canales de televisión, deberán promocionar la música popular ecuatoriano y a los artistas nacionales. La televisión en una proporción del 10% y las estaciones de radiodifusión en un 30% de sus programaciones regulares, de las que el 5% serán en presentaciones o actuaciones en vivo en la televisión y el 30% en las estaciones de radiodifusión”.

Es decir, por un lado, los canales y las radios que no cumplan estos porcentajes han incumplido la norma y, por otro lado, al no establecerse sanciones en la ley, el Estado ha fallado en su rol de control. Debido a una defectuosa redacción de la ley, no se ha tipificado una sanción a quien incumpla tales porcentajes y, al no haber infracción, no se puede sancionar al infractor. Si los artistas quisieran obligar a cumplir esta norma, podrían plantear una acción de protección que, a diferencia del anterior amparo, ahora sí puede ser planteada contra particulares, siempre que se demuestre que la persona afectada se encuentra “en estado de subordinación, indefensión o discriminación.

Como la ley vigente establece porcentajes universales, para todo tipo de radio o de canal, podría haber dificultades para ciertas emisoras, mientras otras podrían cumplir fácilmente con la cuota. Pero como no se fija horarios, existe el riesgo de que la cuota se cumpla en horas de la madrugada. Pero, en todo caso, las cuotas existen actualmente y suprimirlas sería un retroceso para los artistas.

En la misma ley se disponen otras normas aún más difíciles de cumplir: las salas de cine deben presentar programas artísticos en vivo, al menos una vez al mes. Se dispone un porcentaje de discos de artistas nacionales por cada disco de música extranjera introducida al mercado, un número mínimo de discos que deben ser editados para un artista exclusivo de un sello musical y hasta las normas sobre espectáculos públicos: en los conciertos, el artista extranjero sólo puede presentarse en el 40% del programa artístico y la remuneración de los artistas ecuatorianos no puede ser menor al 50% de la remuneración que cobre el artista extranjero (art. 13).

En materia de publicidad, la ley dispone que el 75% de los anuncios comerciales (en radio, televisión y cine) sean producidos en el país con artistas profesionales ecuatorianos. El 25% restante se puede transmitir previo el pago de un derecho a la entidad privada “Federación Nacional de Artistas Profesionales del Ecuador, FENAPRE”.

El Reglamento a esta ley obliga al artista extranjero a ofrecer una presentación gratuita en el lugar que determine el ex Ministerio de Trabajo, bajo pena de multa de hasta veinte mil sucres (ochenta centavos). Muchas empresas organizadoras de conciertos cumplían la multa entregando pases de cortesía para los burócratas de ese ministerio. Cuando Galo Chiriboga era ministro, esa práctica se suspendió, pero no se si haya vuelto a ocurrir o si los pases de cortesía tengan mejor destino.

Esta ley y su reglamento llegan al extremo de describir el contenido de los contratos de artistas, fija la forma en que se pagará el honorario y confunde conceptos laborales en un contrato de naturaleza civil. Además, faculta a la privada FENAPRE no sólo a cobrar a todo artista nacional y extranjero, sino hasta a decidir quién viaja a certámenes internacionales en representación del país. Cuando en 2007 el presidente Correa demandó la inconstitucionalidad de la afiliación obligatoria a colegios profesionales, no incluyó el caso de la FENAPRE, por lo que la afiliación sigue siendo obligatoria para los artistas.

En conclusión, al igual que las victorianas competencias del ex CONARTEL para controlar la moralidad de los programas de radio y televisión (Ley de Radio y Televisión, art. 5-e, letra h), las normas sobre artistas y su preferencia están desfasadas de la realidad, pero ya existen cuotas para música nacional. Probablemente la ley de comunicación que se debate (o el enésimo borrador que a esta fecha circule Mauro Andino) no sea la mejor forma de actualizar estas normas, pero sin duda estamos muy lejos de un escenario en que no existen leyes que regulen la comunicación.

Publicado originalmente en La República.