Una ley para promover el Software libre

El 10 de abril de 2008, el presidente Correa expidió el Decreto Ejecutivo 1014 que dispone a la Función Ejecutiva utilizar software libre en todas sus actividades. En enero de 2012, la iniciativa Focus otorgó a Correa un premio por este Decreto. Tras cuatro años de esta política, conviene revisar cómo se la ha aplicado y qué falta por hacer.

El software libre es aquel diseñado para permitir el acceso libre a quien lo desee utilizar, pero también le permite copiarlo, distribuirlo, estudiarlo, modificarlo y redistribuirlo libremente. No se limita a la gratuidad, sino fundamentalmente a la libertad para modificar su código fuente y redistribuir el resultado de la modificación hecha. Hay mucho de filosófico y ético en su uso, al aplicar valores como la solidaridad, la ética y la libertad, así como valora más la creación de conocimiento por sobre el aprovechamiento económico del mismo. Más sobre este concepto puede escucharse en un programa de la Radio Pirata.

Por las ventajas y filosofía del software libre y por la llamada “soberanía tecnológica”, se expidió el Decreto 1014. Este decreto no obliga a nadie más que a la Función Ejecutiva (Presidencia, Vicepresidencia, Ministerios, instituciones adscritas y empresas públicas del Ejecutivo), por lo que otras instituciones públicas pueden seguir adquiriendo software propietario. Tampoco impone el software libre a empresas ni a personas individuales.

Hay tres excepciones que permiten que el Ejecutivo adquiera soluciones de software propietario: que no exista una solución libre para la necesidad, que esté en riesgo la seguridad nacional y que el análisis costo-beneficio de migrar a software libre señale inconveniencia. No hay un procedimiento para verificar alguna excepción antes de contratar el software propietario. La institución responsable de verificar el cumplimiento de este Decreto es la Secretaría Nacional de la Administración Pública, a través de su Subsecretaría de Tecnologías de la Información.
Para cumplir con este Decreto, la Subsecretaría promueve entre ministerios e instituciones y monitorea periódicamente las contrataciones que se cuelgan en el portal de compras públicas. El Instituto Nacional de Contratación Pública puso a disposición de las instituciones computadores con software libre en el catálogo electrónico, haciendo más fácil y rápido adquirir este tipo de ordenadores.

Sin embargo, no siempre los burócratas cumplen las disposiciones presidenciales: el portal de compras públicas registra muchas contrataciones de software propietario (con o sin hardware), muchas instituciones siguen utilizando software propietario e incluso exigen que los particulares ingresen información en ese tipo de formatos, algunas páginas web institucionales no funcionan bien en navegadores libres y hasta es común ver fotografías de ministros y autoridades usando computadores de software propietario. Y la desobediencia empieza por casa: la propia Presidencia de la República compró en 2012 computadores y software propietario por $120.000 sin cumplir ninguna de las excepciones del Decreto 1014 (subasta SIE-PR-02-2012) y las presentaciones que Correa exhibe en su programa de los sábados no son hechas en software libre.

La Ley Orgánica de Empresas Públicas obliga a tales empresas a usar software libre (tanto del Gobierno central, como las de gobiernos autónomos descentralizados y de universidades públicas), pero la Subsecretaría de Tecnologías de la Información no monitorea la migración de estas empresas y la norma admite el software propietario en contrataciones del “giro del negocio”. La Ley Orgánica de Educación Superior obliga a universidades e institutos tecnológicos a incorporar el software libre, pero la SENESCYT no ha emitido directrices ni controla el cumplimiento de la norma.

Pero hace falta mucho para ampliar el uso del software libre: el Ministerio de Educación aún enseña en base al software propietario y los docentes en informática no están siendo capacitados en software libre, el SRI sólo tiene una versión del programa DIMM que corre sólo en software propietario. Hace falta más información, difusión y medición de una verdadera política pública de soberanía tecnológica. Una pregunta fundamental para los candidatos presidenciales en el 2013 será su posición sobre el software libre.

Publicado orignalmente en La República.

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