Los canales incautados no son medios públicos

Ayer César Monge, a nombre de CREO, acudió a la Contraloría a reclamar por un vídeo parodia difundido en TC y GamaTV. Como dije hace 2 posts atrás, es positivo que se denuncien todas las actividades que los sujetos políticos estimen infracciones para que la autoridad sancione tras el debido proceso.

En el evento de presentación de la denuncia, Monge citó el artículo 203 del Código de la Democracia y acusó el uso de bienes públicos:

Art. 203.- Durante la campaña electoral se prohíbe la publicidad o propaganda de las instituciones del Estado, en todos los niveles de Gobierno, salvo las excepciones que se detallan a continuación:

1. Que la difusión se refiera a información de programas o proyectos que estén ejecutándose o que por la oportunidad deban ejecutarse en dicho período. *
2. Cuando se requiera en las obras públicas, informar a la ciudadanía sobre cierres o habilitación de vías u obras alternas; o lugares alternos;
3. En situaciones de emergencia, catástrofes naturales, cuando se requiera informar a la ciudadanía sobre medidas de seguridad, evacuación, cierre o habilitación de vías alternas.
4. Cuando se requiera informar temas de importancia nacional tales como: campañas de prevención, vacunación, salud pública, inicio o suspensión de períodos de clases, seguridad ciudadana, u otras de naturaleza similar.

Además, se prohíbe durante la campaña electoral la contratación y difusión de propaganda y publicidad por parte de sujetos de derecho privado referente al proceso electoral en prensa, radio, televisión, vallas publicitarias y cualquier otro medio de comunicación social.

Los medios de comunicación social se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política. El Consejo Nacional Electoral ordenará al medio de comunicación social la suspensión inmediata de la publicidad o propaganda que no cumpla con las excepciones previstas en el presente artículo, sin necesidad de notificación previa al anunciante, o, de ser el caso podrá disponer al anunciante la modificación de la publicidad o propaganda, sin perjuicio del juzgamiento de conformidad con esta Ley.”

Aunque en la nota de prensa de CREO se cita al art. 213 del Código de la Democracia, que no tiene nada que ver con la competencia de la Contraloría para investigar:

Art. 213.- El Consejo Nacional Electoral, las Juntas Provinciales Electorales y el Tribunal Contencioso Electoral, tendrán la facultad de requerir, a cualquier organismo público o privado, que sea depositario de información pertinente, los datos que precise para el control del monto, origen y destino de los recursos que se utilicen en las campañas electorales.

Ninguna información será negada argumentando sigilo o reserva bancaria o cualquier otra restricción. Dichas informaciones se suministrarán en el plazo de ocho días de notificado el pedido; de no hacerlo, el representante legal o el funcionario responsable de la entidad requerida, será sancionado por el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Contencioso Electoral, según sea el caso, y de conformidad con la Ley.

En el proceso de investigación, los miembros del Consejo Nacional Electoral o las juntas provinciales electorales guardarán reserva hasta que concluya la misma y se emita la correspondiente resolución.

Y en este vídeo, Monge afirma sobre los canales: “…son instituciones públicas con recursos públicos…”: http://www.ecuavisa.com/component/videos/?task=view&id=32228

El propósito de este post no es tratar sobre la difusión del vídeo o sobre la capacidad de la Contraloría para investigar las actividades de los canales incautados. El único propósito es explicar que los canales incautados no son canales públicos.

En primer lugar, es obvio que las empresas en mención fueron creadas como compañías de derecho privado, bajo la Ley de Compañías.

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El Gerente General de la Agencia de Garantía de Depósitos, en cumplimiento de lo dispuesto en el último inciso del artículo 29 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Area Tributario-Financiera y de conformidad con lo resuelto por el Directorio de la Agencia de Garantía de Depósitos, en sesión de 4 de julio del 2008, ordenó incautación de bienes, acciones y participaciones de empresas cuyos capitales, como es de público conocimiento, pertenecen a ex – accionistas y ex – administradores de instituciones financieras que se encuentran incursas en la norma antes mencionada. Una de esas empresas era TC y otra Gamavisión.

 

Como producto de esa decisión, en el libro de accionistas de cada una de las empresas, se cambió el nombre de los hermanos Isaías por la AGD, de modo que la AGD pasó a constar como accionista. Pero eso no cambia la naturaleza de la compañía incautada: la compañía sigue siendo una empresa creada bajo la Ley de Compañías. El hecho de que la AGD sea institución pública, no hace públicos a los canales. Como tampoco eran los canales “persona natural” cuando el accionista era una persona natural.
Esta es una aplicación del principio de que la compañía es una persona distinta de sus dueños (Código Civil):
Art. 1957.- Sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común, con el fin de dividir entre sí los beneficios que de ello provengan.

La sociedad forma una persona jurídica, distinta de los socios individualmente considerados.

Ante la pregunta de “¿Pero si el dinero para rescatar a los bancos es público, lo que se cobra en la incautación no debe ser público también?” La respuesta sería: Si: son recursos públicos LAS ACCIONES de las empresas, pero no las empresas como tales.

Que la naturaleza jurídica de una compañía cambie porque su dueño cambió sería como imaginar que una camioneta se vuelve sedán sólo por haber cambiado de dueño.

¿O sea que la Contraloría no puede hacer nada?

No hay tal (sería irresponsable que la Contraloría no pudiera examinar a empresas incautadas). La Contraloría sí puede hacer control en empresas privadas:

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado: Art. 2.- Ambito de aplicación de la Ley.- Las disposiciones de esta Ley rigen para las instituciones del sector público determinadas en los artículos 225, 315 y a las personas jurídicas de derecho privado previstas en el artículo 211 de la Constitución.

¿En qué casos puede la Contraloría controlar a empresas privadas?

En general en dos casos: cuando el Estado les haya entregado recursos públicos (no sólo en el caso de incautación, sino en cualquier caso, por ejemplo si les entrega un subsidio por algún motivo) y cuando sean concesionarias de servicios públicos o de obras o explotación de recursos naturales.
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado Art. 4.- Régimen de control de las personas jurídicas con participación estatal.- Para todos los efectos contemplados en esta Ley, están sometidas al control de la Contraloría General del Estado, las personas jurídicas y entidades de derecho privado, exclusivamente sobre los bienes, rentas u otras subvenciones de carácter público de que dispongan, cualesquiera sea su monto, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 211 de la Constitución Política de la República.

Se evitará la superposición de funciones con otros organismos de control, sin perjuicio de estar obligados de actuar en el marco de sus competencias constitucionales y legales, de manera coordinada, conjunta y/o simultánea.

Cuando el Estado o sus instituciones hayan delegado a empresas privadas la ejecución de obra pública, la explotación y aprovechamiento de recursos públicos mediante concesión, asociación, capitalización, traspaso de propiedad accionaria, de certificados de aportación o de otros títulos o derechos, o por cualquier otra forma contractual de acuerdo con la ley, la vigilancia y control de la Contraloría General del Estado no se extenderá a la persona o empresa delegataria, pero si, a la gestión referida a esa delegación por parte de la institución del Estado delegante, sin perjuicio de la eventual responsabilidad que la Contraloría General del Estado pueda determinar, conforme a lo establecido en esta Ley.
Otra cuestión es: Si la compañía es de derecho privado, ¿puede ser un medio público?

La empresa, como cualquier otra, puede tener varias líneas de negocios. Así por ejemplo, Gamavisión tenía una radio (Universal, que luego fue vendida a la Prefectura de Pichincha), TC tenía una radio y un servicio de anfitriones/animadores/artistas de eventos (TC talentos). En ese sentido, podrían tranquilamente iniciar una línea de negocio que venda un producto con características “públicas”, como también pueden tener productos de tipo comercial.

Ese es el caso de Editogran S.A., empresa de derecho privado creada bajo la Ley de Compañías, que fue incautada y que actualmente comercializa un producto público (Diario El Telégrafo) y otro de naturaleza comercial (PP El Verdadero). Eso no cambia que la empresa sea de derecho privado.

¿Y los canales, pueden ser considerados públicos?

A diferencia de los diarios, los canales no pueden auto-denominarse públicos o auto-denominarse privados ni auto-denominarse comunitarios. Su naturaleza depende de la concesión que recibieron. La Ley de Radio y Televisión vigente establece distintas normas según el tipo de concesión que recibieron:
LEY DE RADIO Y TELEVISIÓN – CAPITULO I
De las Estaciones
Art. 6.-
Se reconocen dos clases de estaciones de televisión y radiodifusión:
a) Comerciales privadas; y,
b) De servicio público.

Art. 7.- Son estaciones comerciales privadas las que tienen capital privado, se financian con publicidad pagada y persiguen fines de lucro.

Art. 8.- Son estaciones de servicio público las destinadas al servicio de la comunidad, sin fines utilitarios, las que no podrán cursar publicidad comercial de ninguna naturaleza.
Están incluidas en el inciso anterior, las estaciones privadas que se dediquen a fines sociales, educativos, culturales o religiosos, debidamente autorizados por el Estado.

Sin embargo las estaciones comunitarias que nacen de una comunidad u organización indígena, afroecuatoriana, campesina o cualquier otra organización social, que su labor esté orientada al fortalecimiento de la comunidad, a la consolidación intercultural y social, a la defensa de los valores humanos, históricos, artísticos, que afiancen la identidad nacional y vigoricen la vigencia de los derechos humanos, pueden realizar autogestión para el mejoramiento, mantenimiento y operación de sus instalaciones, equipos y pago de personal a través de donaciones, mensajes pagados, y publicidad de productos comerciales.

Los requisitos, condiciones, potestades, derechos, obligaciones y oportunidades que deben cumplir los canales o frecuencias de radiodifusión y televisión de las estaciones comunitarias, serán los mismos que esta Ley determina para las estaciones privadas con finalidad comercial, en concordancia con lo prescrito por el numeral 10 del artículo 23 de la Constitución Política de la República.

Las utilidades que se percibieren de la administración de estas emisoras deberán ser reinvertidas en ampliar los servicios, sistemas o equipos de las mismas, o en actividades propias de la comunidad que representan.”
Entonces, como Gama y TC recibieron concesiones de frecuencias en calidad de canales comerciales, no pueden ser medios públicos. Y, de hecho, si fuesen públicos no pudiesen pautar publicidad privada (como ECTV no puede).

De regreso al caso denunciado por Monge: ¿Puede la Contraloría investigar?

La respuesta, como en muchos casos, es “depende”. Si la difusión se hizo con recursos públicos, si. Si la difusión fue con recursos privados, no.

Un canal (como cualquier empresa) contrata los insumos que sirven para su proceso de producción de dos maneras: con capital fresco aportado por sus socios o con ingresos de la venta de sus productos. En mi criterio, los ingresos que perciben Gama y TC por la venta de publicidad o espacios contratados (estilo TVentas o Pare de Sufrir) son recursos privados, porque es producto de un contrato mercantil. Y los aportes que realicen sus accionistas privados (por ejemplo, los trabajadores de los canales), también son recursos privados. Pero si el Estado aporta capital fresco a las empresas, ese recurso es público. Y por tanto, sujeto a control de la Contraloría.

Si un vídeo fue hecho con recursos aportados por el Estado (o fue realizado por productores independientes, los cuales han sido contratados con recursos aportados por el Estado), sí pueden ser analizados por la Contraloría.

Si un vídeo fue producido o contratado o pautado con recursos privados, no puede ser auditado por Contraloría.

A raíz del caso Duzac, se conoció que la UGEDEP tomó un crédito en el Banco Cofiec, el cual fue entregado a Gama para que tenga fondos suficientes. No conozco cómo fue contabilizado este ingreso por parte de Gama, pero si fue contabilizado como un aporte del accionista UGEDEP a la empresa Televisión del Pacífico Teledos SA (nombre formal de Gama), se puede entender que los recursos son públicos. Cuando el Presidente Correa indicó sobre este préstamo, señaló que dispuso que se pague inmediatamente.

Un resumen de los tres años de incautadas las empresas, vía Buró de Análisis.

Publicado origalmente en el blog j-major.

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Presupuestos de Educación y Salud

Este lunes 14 de enero, Estéfani Espín realizó una entrevista en la cual afirmó que no se cumplen los porcentajes dictados por la Constitución para educación y salud.
Yo indiqué que no era cierto:

Es falso q no se cumple lo previsto en la Constitución sobre presupuesto para salud y educación, como dice @ESTEFANIESPIN

 

@santidavid

Por varias conversaciones con contertulios tuiteros, me pareció importante mostrar qué dice la Constitución y cómo se ha cumplido con dicho presupuesto:

¿Qué dice la Constitución?

“DECIMOCTAVA.- El Estado asignará de forma progresiva recursos públicos del Presupuesto General del Estado para la educación inicial básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos el cero punto cinco por ciento del Producto Interior Bruto hasta alcanzar un mínimo del seis por ciento del Producto Interior Bruto…”

En buen romance, el presupuesto debe crecer 0,5% del PIB cada año hasta llegar a ser 6% del PIB.

“VIGESIMOSEGUNDA.- El Presupuesto General del Estado destinado al financiamiento del sistema nacional de salud, se incrementará cada año en un porcentaje no inferior al cero punto cinco por  ciento del Producto Interior Bruto, hasta alcanzar al menos el cuatro por ciento.”

Para salud, del presupuesto que haya habido en 2008, se debe incrementar al menos 0,5% del PIB hasta ser 4% del PIB.

Esta copia de la norma es tan clara que echa por tierra la teoría de que la norma de la que hablamos es maleable o susceptible de interpretación.

¿Qué ha pasado en estos años?

En 2008:

  • PIB: 46.969 millones de dólares
  • Educación: 4,81% del PIB
    2,260,772,396.98
  • Salud:1,57% del PIB
    738,514,602.11

En 2009:

  • PIB: 51.386 millones de dólares
  • Educación: 4,92% del PIB: 2,527,480,325.62 (incrementó 0,57%)
  • Salud: 2,06% del PIB: 1,057,151,275.37 (incrementó 0,68%)

En 2010:

  • PIB: 56.964 millones de dólares
  • Educación: 5,64% del PIB (incremento del 1,34%)
    3,215,187,153.33
  • Salud:2,18% del PIB (incrementó 0,36%)
    1,244,494,616.95

En 2011:

  • PIB: 62.265 millones de dólares
  • Educación: 3,640,115,096.34 representa el 5,85% del PIB (incrementó 0,75%)
  • Salud: 1,414,669,211.04 representa el 2,27% del PIB (incrementó 0,3%)

En 2012:

  • PIB: 67.490 millones de dólares
  • Educación:6,14% del PIB (incrementó 0,8%) y se alcanzó la meta constitucional.
    4,140,594,368.17
  • Salud: 2,63% del PIB (incrementó 0,58% del PIB).
    1,775,834,310.42

En 2013 (presupuesto prorrogado de 2012):

  • PIB: 72.038 milones de dólares
  • Educación: 4,140,594,368.17 (5,75% del PIB)
  • Salud: 1,775,834,310.42 (2,47% del PIB).

¿Se ha cumplido con la Constitución (en el presupuesto para salud y educación)?

El presupuesto destinado a educación ha crecido en un 0,5% del PIB o más hasta llegar al 6% del PIB como pide la norma constitucional. En 2013, se deberá comparar el incremento con el presupuesto que presente el gobierno que inicia el próximo 24 de mayo.

El presupuesto destinado a salud se ha incrementado en un 0,5% del PIB o más (excepto en dos años), pero aún no llega al 4% del PIB. En los dos años en que el presupuesto inicial no alcanzaba el mínimo constitucional, se declaró emergencia en el sector salud y se incrementó el presupuesto.

Todos estos datos provinenen de: www.finanzas.gob.ec Link Estadísticas Fiscales, selección Por Sectorial y Link Programación presupuestaria 2011.

Publicado originalmente en el blog j-major.

Más sobre el socialismo en las propinas

Vas a un restaurante, comes y pides la factura. Aparece el valor del plato, el IVA y el famoso 10% del servicio. ¿Qué es ese diez por ciento?

  • No es una transacción voluntaria entre las partes: el comensal no lo entrega voluntariamente porque desea recompensar al mesero (o al mesero junto con el cocinero y los demás trabajadores que contribuyen a su experiencia de alimentarse en un restaurante).
  • No es un impuesto: los impuestos son pagos que un ciudadano hace al Estado por disposición de la ley: su pago no es voluntario. El famoso 10% no va al Estado: no puede ser llamado impuesto.

Sin ser lo uno ni lo otro, es un poco de ambas cosas. Sería justo preguntarse si es correcto mantener esa norma. En algunos restaurantes aclaran que el 10% de servicio es una disposición del Decreto Supremo N° 1269, de 1971. En 1997, la Ley de Turismo hizo una reforma menor a ese Decreto, lo que supone que en ese año se debatió sobre mantener o no el 10% y el consenso en aquella oportunidad fue mantenerlo.

 

Fuente de la imagen: http://www.politecnicovillarrica.cl/

Nota 2: Mi pana Jonathan Lucero me recordó que la discusión sobre dar o no propina fue una de las conversaciones sueltas que tienen los perros de Reservoir Dogs:

Creo que la norma tiene varios defectos:

  • El 10% de servicio no ha reemplazado totalmente a las propinas: tu dejas el 10% y dejas un par de dólares más. Es decir, hay doble propina: la obligatoria y la voluntaria.
    • Lo cual es malo porque las propinas reducidas que la gente a veces deja es insuficiente para mostrar si el cliente está satisfecho o no. Y porque el valor es pequeño, tal vez el propio trabajador no lleva cuenta de si recibe mucho o poco.
    • Muchos comensales no dejan la propina voluntaria, no porque el servicio haya sido malo, sino porque saben que el 10% ya incluye el concepto “propina”.
  • La ley obliga al 10% de servicio en locales de “primera” y “segunda” categoría (son categorías establecidas en la ley). El mensaje es que los locales de menor categoría no tienen servicio o que éste no debe ser recompensado.
    • Y tampoco abarca todos los servicios: el decreto no obliga a pagar propina fija para botones, taxistas u otros oficios que, en otros países, sí reciben propina.
  • El Min. Trabajo y el Min Turismo emitieron un acuerdo interministerial para regular el 10% de servicios. Desconozco si en efecto lo aplican, pero no he escuchado nunca de operativos, procedimientos o formularios de control. Cabe preguntarse si es correcto que haya tal control, porque se generan más trabas para el trabajo.
  • El 10% de servicio no causa IVA y tampoco se considera parte del ingreso de los negocios (ni de los trabajadores), por lo que tampoco se cuenta para efectos de impuesto a la renta.
  • Los trabajadores de negocios con 10% de servicio tienen las mismas reglas de salario básico y demás obligaciones laborales que los de negocios sin ese 10%. Por tanto el 10% es un ingreso que no compensa nada. O dicho de otro modo, todas las demás personas que trabajamos en el sector servicios, no recibimos propina por nuestro trabajo.
    • Las modalidades de trabajo suelen ser más estrictas de lo que la realidad del sector turismo puede aceptar.
  • La calidad del servicio no es buena en el país. Mucho de responsabilidad es la inexistencia de incentivo.

Hoy el famoso Decreto puede considerarse inconstitucional, porque la Constitución de 2008 señala que la ley no puede financiar a entes privados con impuestos:

Art. 287.- Toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. Solamente las instituciones de derecho público podrán financiarse con tasas y contribuciones especiales establecidas por ley.”

En otras palabras, sólo puede fijar transacciones obligatorias entre un particular y el Estado, no entre particulares.

Nota: Estas reflexiones nacieron a partir de este artículo de Juan Fernando Carpio en La República.

Transcribo a continuación las normas que establecen este famoso 10%:

RECAUDACION DE PROPINAS EN HOTELES, BARES Y RESTAURANTES
Norma: Decreto Supremo  1269
Publicación: Registro Oficial 295
Fecha: 25-ago-1971
Estado: Vigente
Ultima Reforma: 27-dic-2002

JOSE MARIA VELASCO IBARRA,
Presidente de la República,
Considerando:

Que la clase trabajadora del país debe ser estimulada en su constante esfuerzo por alcanzar mejores niveles de vida, siendo deber de los poderes públicos dictar medidas que protejan y ayuden, especialmente a los ecuatorianos de medianos y escasos recursos económicos;

Que los trabajadores de hoteles, bares y restaurantes de primera y segunda categorías, desde hace mucho tiempo, vienen percibiendo propinas sobre el valor del consumo de los usuarios como un beneficio adicional a su sueldo y salario, lo cual debe ser debidamente legalizado y sometido a un justo y equitativo ordenamiento;

En uso de las atribuciones que se halla investido.

Decreta:

Art. 1.- En los establecimientos de hoteles, bares y restaurantes de primera y segunda categorías del país se cobrará, a partir de la vigencia del presente Decreto, el 10% adicional al consumo, en concepto de propinas en beneficio de los trabajadores del respectivo establecimiento, las que no se considerarán como retribución accesoria normal.

Art. 2.- El Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos dictará, mediante Acuerdo, las correspondientes disposiciones respecto a la recaudación, control y la forma y modo en que se llevará a cabo el reparto de las propinas entre dichos trabajadores.

Nota: Artículo reformado por Art. 61 de Ley No. 97, publicada en Registro Oficial Suplemento 733 de 27 de Diciembre del 2002 (ver…).

Art. 3.- El Ministro de Trabajo y Recursos Humanos es responsable del control y estricto cumplimiento del presente Decreto, a objeto de que el diez por ciento adicional al consumo en concepto de propina que se paga en los establecimientos, hoteles, bares y restaurantes de primera y segunda categoría, sean entregados a los trabajadores, sin descuentos ni deducciones de ninguna naturaleza.

Nota: Artículo sustituido por Art. 61 de Ley No. 97, publicada en Registro Oficial Suplemento 733 de 27 de Diciembre del 2002 (ver…).

REGULA LOS BENEFICIARIOS DE PROPINAS EN BARES Y RESTAURANTES
Norma: Acuerdo Ministerial  7
Publicación: Registro Oficial 36
Fecha: 08-mar-2007
Estado: Vigente

José Serrano
MINISTRO DE TRABAJO Y EMPLEO

Maria Isabel Salvador
MINISTRA DE TURISMO

Considerando:

Que, el Art. 2 del Decreto Supremo No. 1269 de 20 de agosto de 1971, publicado en el Registro Oficial No. 295 de 25 de los mismos mes y año establece que corresponderá al Ministerio de Trabajo dictar mediante acuerdo ministerial, las disposiciones correspondientes a la recaudación, control y reparto de los valores correspondientes al 10% adicional al consumo en hoteles, bares y restaurantes de primera y segunda categoría;

Que, el Art. 61 de la Ley de Turismo publicada en el Registro Oficial No. 733 de 27 de diciembre del 2002 (ver…), reformó el Art. 3 del Decreto Supremo No. 1269 de 20 de agosto de 1971;

Que, de conformidad con los Arts. 15, 16 y 19 de la Ley de Turismo el Ministerio de Turismo es el órgano rector de la actividad turística y al que le corresponde dictar de manera privativa las normas técnicas y de calidad en base a las cuales se clasifican y categorizan los establecimientos turísticos;

Que, el 27 de diciembre del 2002 en el Registro Oficial No. 726, se publicó el Reglamento General de Actividades Turísticas;

Que, de conformidad con el Art. 17 de la Ley de Turismo el Ministerio de Turismo coordinará con otras instituciones del sector público las normas a implementarse a fin de no afectar al desarrollo del turismo; y,

En uso de las facultades contenidas en el Art. 179 numeral 6 de la Constitución Política de la República del Ecuador, el Art. 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva y demás normas jurídicas aplicables.

Acuerdan:

Art. 1.- Para fines de la aplicación del Decreto Supremo 1269, publicado en el Registro Oficial No. 295 de 25 de agosto de 1971 (ver…), se entenderá por consumos el valor correspondiente al precio que se pague por los servicios que sean prestados por todos los establecimientos señalados en el decreto supremo que se reglamenta y categorizados como tales por el Ministerio de Turismo.

Art. 2.- Son beneficiarios del 10% adicional al consumo todos los trabajadores sujetos al Código del Trabajo que presten sus servicios en empresas o establecimientos de hoteles, bares y restaurantes cuyas categorías se expresan más adelante, a excepción de los representantes legales de la empresa o establecimientos en el caso de ser personas jurídicas, o sus propietarios y administradores en el caso de ser personas naturales.

Art. 3.- El 10% adicional al consumo se cobrará en los establecimientos de hoteles, bares y restaurantes de las dos primeras categorías establecidas en el Reglamento General de Actividades Turísticas, reglamentos especiales y demás normas expedidas por el Ministerio de Turismo.

Tienen derecho también a este beneficio los trabajadores intermediados reconocidos en la ley reformatoria al Código de Trabajo publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 298 del 23 de junio del 2006 (ver…), los de las empresas hoteleras, bares, restaurantes y en general todos los trabajadores que presten sus servicios en dichos establecimientos aunque el titular del registro y licencia de funcionamiento sea distinto al empleador.

Art. 4.- La recaudación, control y reparto del 10% adicional al consumo que se cobrará en las empresas y establecimientos determinados en el Art. 3 del presente acuerdo, pagado al contado o a crédito, seguirá el siguiente procedimiento:

a) Los hoteles, bares y restaurantes determinados en el artículo 3 de este acuerdo, emitirán los correspondientes comprobantes de venta autorizados por el SRI en los que se desglosará el valor correspondiente al 10% adicional al consumo. Estos comprobantes deberán contener obligatoriamente la siguiente leyenda: “Incluye 10% de servicios – propina – TIP” y, este concepto deberá además desglosarse en la casilla respectiva, dentro del comprobante, con la siguiente indicación “10% propina – TIP”, en reemplazo del “10% Servicios”;
b) El empleador elaborará mensualmente un cuadro en el que consten los valores de las ventas de cada uno de sus establecimientos, desglosando el valor del “10% propina – TIP” o 10% adicional al consumo y lo exhibirá en un lugar visible para todos los trabajadores.

En caso de existir organizaciones de trabajadores, la información requerida en el párrafo anterior deberá ser proporcionada, de manera obligatoria, por el empleador a los dirigentes de las referidas asociaciones;

c) El empleador entregará a cada trabajador la liquidación del pago del 10% propina-TIP, documento que deberá tener los siguientes datos:

– Nombre del establecimiento.
– Período mensual que corresponde.
– Nombre del trabajador.
– Monto total a distribuir.
– Número total de horas trabajadas.
– Valor alícuota.
– Número de horas trabajadas por el trabajador.
– Cantidad a recibir.
– Firma del trabajador.

Adicionalmente el empleador deberá elaborar un reporte mensual de este pago, en el que deberá constar la firma del trabajador.

Para el pago del 10% propina – TIP, se realizará el calculo tomando en consideración las horas trabajadas, esto es, se sumarán las horas laboradas de todos los trabajadores. El valor del 10% por servicios se dividirá para dicho valor, y el resultado será la alícuota que, multiplicada por las horas trabajadas de cada trabajador, será el valor correspondiente al 10% por servicios que le corresponda;

d) El empleador deberá además mantener los comprobantes de haber realizado el pago mensual de los valores correspondientes a cada trabajador, el que se deberá realizar hasta el 15 del mes siguiente al cual corresponde el pago;
e) El empleador deberá remitir al Inspector de Trabajo de la respectiva jurisdicción, copias de las planillas de pago debidamente suscritas por los trabajadores correspondiente al pago del 10% al consumo, en concepto de propina, conjuntamente con la declaración del 13ro., 14to. y utilidades; y,
f) Los trabajadores que se encuentren en goce de vacaciones, permiso por enfermedad, maternidad o lactancia, tendrán derecho a continuar percibiendo el 10% por servicios.

Art. 5.- La recaudación y reparto se hará por cada establecimiento individual, aunque el empleador tenga a su cargo dos o más establecimientos de las categorías señaladas en el presente acuerdo. Los valores recaudados corresponderán a los trabajadores de cada establecimiento por separado, sea que el empleador haya cobrado o no el 10% de servicios – propina – TIP. Se prohíbe unificar la recaudación de establecimientos distintos, aunque pertenecieren al mismo empleador.

Art. 6.- Las organizaciones laborales legalmente constituidas que patrocinen las respectivas asociaciones del sector de hoteles, bares, restaurantes y los representantes de cada establecimiento podrán denunciar al Ministerio de Trabajo y Empleo cualquier violación, alteración o incumplimiento.

Art. 7.- La persona natural o jurídica responsable del establecimiento turístico que por cualquier motivo dejare de cobrar el “10% de servicios – propina – TIP” adicional al consumo entregará a sus trabajadores los valores que dejare de recaudar sin perjuicio de que se le imponga la sanción prevista en el Código del Trabajo.

Art. 8.- La persona natural o jurídica responsable del establecimiento turístico que recaude y no reparta el “10% de servicios – propina – TIP”, o reparta en montos inferiores a los debidos, será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el Código del Trabajo.

Art. 9.- Se prohíbe a todas las personas naturales o jurídicas responsables de los establecimientos turísticos señalados en el artículo 3 de este acuerdo, la entrega a clientes de prefacturas y de órdenes de pagos o servicios (vouchers) de tarjeta de crédito con espacios abiertos o en blanco, esto es sin cerrar con los valores finales. En las prefacturas solamente se incluirá la información necesaria para que el cliente señale los datos que deberán constar en la factura, y de ninguna manera sugerirán al cliente un pago adicional por ningún concepto. Quienes incumplan esta disposición serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.

Art. 10.- El Director Regional del Trabajo de la respectiva jurisdicción será el encargado del control y de la ejecución del presente acuerdo; además resolverá cualquier duda que surgiera en la aplicación del presente acuerdo y del Decreto No. 1269. Su resolución causará ejecutoria.

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA.- Los hoteles, bares y restaurantes determinados en el artículo 3 de este acuerdo podrán continuar utilizando sus comprobantes de venta preimpresos autorizados por el SRI, sin incluir lo dispuesto en el literal a) del artículo 4 de este acuerdo hasta el 31 de diciembre del 2007.

A partir del 1 de enero del 2008, los hoteles, bares y restaurantes determinados en los artículos 3 de este acuerdo deberán cumplir lo dispuesto en el literal a) del artículo 4, es decir la inclusión en los comprobantes de venta la leyenda “Incluye 10% de servicios – propina – TIP” y, desglosar dentro del comprobante la siguiente indicación “10% Propina – TIP.

DISPOSICION GENERAL PRIMERA.- Cualquier reforma del presente acuerdo deberá realizarse con la participación del Ministerio de Trabajo y Empleo y del Ministerio de Turismo.

DISPOSICION GENERAL SEGUNDA.- Derogar el Acuerdo Ministerial 0365 del 24 de mayo del 2006 publicado en el Registro Oficial No. 285 del 6 de junio del 2006 (ver…).

Todas las disposiciones del presente acuerdo comenzarán a regir desde la fecha de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Publicado originalmente en el blog j-major.