¿Quién puede destituir a una autoridad electa?

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Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, en un mitín en rechazo a su destitución

Hace varias semanas se conoció que el Procurador colombiano destituyó al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, y le prohibió ejercer cargo público durante 15 años. Una medida muy severa, porque prácticamente lo anula políticamente.

Desde entonces tenía pendiente escribir este post, pero ahora que el Procurador ha ratificado su decisión, vuelve el tema a ser de actualidad.

Se afirma como causal de destitución la gestión de recolección de basura, cuyo cambio de modelo de gestión fue muy accidentado:

  • El Municipio cesó las concesiones que tenían empresas privadas y las reemplazó por una empresa pública (Aguas de Bogotá) y por gestión comunitaria. El Procurador señala que esto limita la libre competencia de las privadas.
  • Durante varios días (¿semanas?) la basura en Bogotá se volvió un problema: mucha quedaba sin recogerse. El Procurador señala que esta negligencia puso en riesgo la salud de los ciudadanos.

El Procurador en Colombia equivale al Contralor en Ecuador: es quien encuentra irregularidades en la gestión pública y las sanciona. Si halla delitos, los lleva a los jueces penales.

Contada la historia, ahora sí la pregunta: ¿Puede un Contralor (o una autoridad de control) destituir a un alcalde? (O, en general, a una autoridad electa en las urnas).

Hoy se conoció que un Tribunal contencioso administrativo suspendió (temporalmente) la decisión del Procurador, alegando que éste se ha extralimitado en sus funciones.

Personalmente, coincido con que no puede una autoridad de control destituir a un funcionario electo en las urnas. Seguramente sí a un servidor público que no fue elegido en las urnas. Esto lo digo sin conocer la ley colombiana, pero sí con el siguiente razonamiento:

  • Cuando se destituye a un servidor público, se le priva el derecho a ocupar un cargo público, como sanción por haber hecho algo malo
  • Pero cuando se destituye a una autoridad electa, se le priva no sólo a ESA persona (ejercer un cargo público), sino también se les priva ADEMÁS a los ciudadanos del derecho al sufragio activo: ellos votaron por una autoridad, que debe cumplir un período.
  • Podría argumentarse que la Función Legislativa podría destituir a una autoridad electa, pero creo que hay una diferencia: Una autoridad de control no es elegida del voto popular, los legisladores sí. De hecho, el haber un procedimiento de destitución en el legislativo me da a entender que no existe forma de destituir a una autoridad electa desde otra función del Estado.

Casos parecidos se han visto en Ecuador en años anteriores (la lista no es exhaustiva):

  1. En 2004, se estudió la posibilidad de destituir a Lucio Gutiérrez por haber recibido aportes de campaña desde México, siendo que la Ley prohibía aportes extranjeros a campañas. La norma sancionaba con la destitución a quien recibiera, pero el entonces Tribunal Supremo Electoral las vería negras al tener que demostrar que Lucio fue quien recibió los aportes. Considero apropiado que no se le haya destituido, pues la presunción de inocencia le aplica, además de las razones arriba explicadas para este tipo de casos, en general.
  2. En 2011, el alcalde de Cayambe, Diego Bonifaz, fue destituido por la Contraloría. Un informe señalaba varios hechos merecedores de sanción. No hallé los cargos, pero sí los descargos que el actual candidato a la misma dignidad, puso en su blog.
  3. En 2012, el prefecto de Cotopaxi, César Umajinga, fue destituido por la Contraloría, igualmente por un informe de responsabilidad. Miles salieron a respaldarlo, pero no recuperó su cargo.
  4. En 2012, el prefecto de Sucumbíos, Orlando Grefa, fue destituido por la Contraloría, tras un informe de examen especial. Además, lo multaron. En general, creo que la Contraloría sí debería poder multar a autoridades elegidas democráticamente.
  5. En 2013, la prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa, fue destituida, pero por la Corte Constitucional. No fue un examen especial ni ninguna irregularidad, sino que ella se negó a cumplir una sentencia constitucional que obligaba a la Prefectura a contratar a varios trabajadores que demandaron por haber sido destituidos injustamente. Sosa ahora es candidata al mismo cargo por el MPD. En principio, también creo que una Corte Constitucional no debe poder destituir a una autoridad electa, pero sí sancionarle de alguna otra manera (lo digo como concepto, no he leído la norma).

La segunda pregunta sería: ¿Puede la Función Legislativa “tumbar” a una autoridad ejecutiva elegida en las urnas?

Eso pasó con Lucio Gutiérrez, Jamil Mahuad (ambos cesados por abandono del cargo, no destituidos mediante juicio político) y con muchos alcaldes y prefectos, como el de Riobamba, Juan Salazar, quien se vio envuelto en un delito de mal uso de claves informáticas que derivó en un millonario perjuicio al cabildo, entre otras irregularidades.

En principio, yo creería que sí es adecuado que una autoridad legislativa (nacida en las urnas) destituya a una autoridad ejecutiva (nacida en las urnas), pero siempre cumpliendo el debido proceso y siguiendo las normas legales o constitucionales aplicables.

En el caso de Lucio, el Tribunal Constitucional dictaminó que el Congreso sí se ajustó a la norma constitucional para su declaratoria de abandono.

(Casi) Finalmente: ¿Puede una autoridad electoral destituir a autoridades elegidas en las urnas?

Mediante este mecanismo, el ex Tribunal Supremo Electoral (TSE) destituyó a 57 diputados que intentaron impedir la consulta popular de abril de 2007, que consultó sobre si debía dictarse una nueva Constitución (historia ya conocida: ganó el Sí y tenemos nueva Constitución).

En principio, creo que la Función Electoral no debe tener una bomba atómica en sus manos: la sanción es demasiado severa. Probablemente apareció en la ley con los varios antecedentes de impedir elecciones que había en el pasado (la más reciente: tanto Velasco Ibarra como las Fuerzas Armadas, impidieron la celebración de elecciones cuando se prevía un triunfo electoral de Assad Bucaram).

En todo caso, la norma existe y existía cuando fueron destituidos los diputados.

Este caso fue conocido por el entonces Tribunal Constitucional. No fallaron a favor de los diputados, pero no porque el TSE tuviera la razón según el Tribunal, sino porque ya la consulta popular se había realizado y la Asamblea Constituyente cesó a todo el Congreso.

De esto último, nace la pregunta final: ¿Puede un órgano legislativo cesar a otro órgano legislativo?

La Asamblea Constituyente se instaló en Montecristi a fines de 2007 y su primera decisión fue emitir un Mandato Constituyente que, entre otras cosas, cesó al Congreso Nacional. ¿Es esto correcto?

En mi criterio, la Asamblea Constituyente no es un órgano legislativo cualquiera: es el poder constituyente derivado funcionando. Por tanto, está investido de todos los poderes políticos en representación del soberano (del pueblo). En mi opinión, la Asamblea Constituyente podía destituir a cualquier persona (elegida o no) o decidir cualquier cosa, siempre que no se vulneren derechos humanos, logicamente.

¿Qué piensas tu?

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