Tuit

Tus derechos frente a la ventanilla

¿A quién no le ha pasado que en una institución pública le piden papeles una y otra vez?

No se sabe cuándo acaba o cuándo inicia la tramitología

Tarea sin fin: la burocracia

Agradezco a una amiga por darme un tema para volver a escribir aquí.

Hacer un trámite en una entidad pública casi siempre es un dolor de cabeza. Algunas entidades han reducido sus trámites o verifican en internet o en sus sistemas los requisitos que necesitan. Quiero resaltar el esfuerzo del Servicio de Rentas Internas, que ahora ya no exige la copia de cédula y papeleta de votación, sino que solamente miran la cédula, en los pocos trámites que deben realizarse en persona, pues la mayoría de gestiones tributarias se hacen en internet.

Hay otras entidades que ahora permiten ver en línea si alguien tiene un requisito cumplido o por cumplir. Lo ideal sería, no sólo que las entidades públicas no pidan cosas tienen en sus archivos, sino tampoco las que pueden verificarse en internet, por ejemplo:

Pero en muchos otros casos, tenemos que mostrar documentos, llevar copia de la cédula, demostrar que estamos diciendo la verdad, o volver a traer documentos que se han perdido. Yo llamo a este comportamiento “la dictadura de la ventanilla” porque la autoridad que les da la ventanilla contradice la Constitución y la ley (a más de la lógica).

Estos son algunas normas que sugiero invocar ante una ventanilla, cuando comienzan a exigir cosas imposibles:

El Código de la Producción obliga a todas las entidades (de todas las funciones del Estado y de todos los niveles de gobierno) a simplificar sus trámites, así como a obtener información de bases de datos de la misma entidad y a interconectarse con bases de otras entidades:

Art. 99.- Simplificación de los trámites administrativos.- De conformidad con el objetivo del Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos, las entidades, instituciones y organismos del Estado, en el ámbito de sus competencias, deberán simplificar los trámites administrativos que se realicen ante los mismos. Dentro de este contexto, las entidades, instituciones y organismos públicos deberán implementar bases de datos automatizadas y no podrán exigir la presentación de copias certificadas o fotocopias de documentos que esas entidades, instituciones y organismos tengan en su poder o de los que tenga posibilidad legal y operativa de acceder.
Las entidades, instituciones y organismos públicos procurarán limitar al mínimo, la exigencia de presentación de copias certificadas actualizadas de documentos públicos que puedan obtenerse por vía legal u operativa, a través de la interconexión de bases de datos del Sector Público.”

Ordena la Ley de Modernización del Estado que no pidan documentos que ya tiene la entidad. Esto rige para toda entidad pública:

Art. 27.- PRUEBAS DE HECHOS.- El Estado y las entidades del sector público que conforman la administración pública se abstendrán de exigir más de una prueba con relación a un hecho; no exigirán documentos que hubieren sido presentados en el mismo órgano administrativo con anterioridad ni requerirán actualización de documentos presentados en el mismo trámite.”

El Reglamento a la Ley de Modernización es más expreso al prohibir que pidan documentos para demostrar que lo que el ciudadano dice no sea mentira:

Art. 16.- Las máximas autoridades de cada entidad u organismo del sector público cuidarán que en los trámites administrativos que se realicen en sus dependencias no se exija a los ciudadanos que presenten evidencia o pruebas sobre la existencia de hechos que no han sido controvertidos. Se admitirá como verdadera la información que declare el interesado, mientras no se compruebe la inexactitud o falsedad de su contenido.
Por tanto prohíbese a las distintas entidades y organismos del sector público exigir certificados sobre hechos que no han sido controvertidos.”

En el caso concreto de la Función Ejecutiva, el Presidente ha ordenado que se presuma que lo que el ciudadano informa, sea verdad:

“Art. 11.- Principios del proceso.- La simplificación de trámites se regirá por los siguientes principios:
(…)
e) Presunción de veracidad.- Se presumirá que los documentos y declaraciones formulados por los ciudadanos frente a un trámite y en la forma prescrita por el ordenamiento jurídico, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman.”

De  hecho, esto mismo ha explicado el Presidente de la República, en un enlace ciudadano, que no creer lo que afirma el ciudadano es afectar su presunción de inocencia, lo que contraría la Constitución:

 “Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:
(…) 2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. (…)”

El viernes resumía estos artículos a una amiga y otro lo anotó, eso me hizo notar que es mejor compartir la redacción de cada artículo, para que todos sepan qué dice cada uno:

Tuit

Tuit que dio origen a este post

Este resumen tiene la finalidad de que todos conozcan sus derechos y no se dejen sorprender. Espero que si muchas personas reclaman sus derechos, no sea ya raro ver a alguien reclamar.

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Manuela Picq. Foto de: API / JUAN CEVALLOS. Fuente: La República

Apuntes legales sobre el affaire Manuela Picq

Retomo escribir en mi blog, por dos razones, principalmente:

  1. Pasan cosas que me parecen interesantes como herramienta para mostrar cómo funciona el Derecho, y
  2. He parado de escribir en medios digitales, que gentilmente me dieron espacio, porque me siento auto-obligado a escribir investigando, y a veces no se todo sobre un tema, así que me quedo sin escribir. Por esta ansiedad de tener que buscar mucha información, quiero disculparme de no poner muchos links de referencias.

Quiero mostrar en síntesis el caso de Manuela Picq, para compartir varias ideas sobre algunas ramas del Derecho. Estos son los hechos:

  • Manuela Lavinas Picq es profesora universitaria, en tal calidad tenía una visa 12-VIII (no inmigrante, por intercambio cultural)
  • Picq estuvo en protestas el 13 de agosto pasado, con su pareja, el Ab. Carlos Pérez. Ese día fue detenida por la Policía y llevada a un hospital público. Diario El Comercio registró la detención en vídeo. El parte policial afirma, entre otras cosas, lo siguiente:
    • El parte está fechado 13 de abril.
    • Afirma que sujetos desconocidos agredieron a Picq y que los policías le brindaron ayuda y la llevaron al hospital
    • Indica que Cancillería canceló su visa (esto ocurrió en realidad el 14 de agosto)
  • El viernes 14 de agosto, Cancillería canceló su visa 12-VIII. A las 18h20, Picq fue guardada en el “Hotel Carrión”, donde pasan los extranjeros que no tienen papeles.
  • El sábado 15 de agosto, recibió la visita de cercanos, abogados y un diplomático brasileño.
  • El domingo 16 de agosto, intentó presentar una acción de protección, a través de sus abogados. Se negaron a recibir la acción.
  • El lunes 17 de agosto se realizó la audiencia de migración. La jueza resolvió que la detención no fue legal y dispuso que la Fiscalía investigue si el parte se elaboró correctamente.
  • El jueves 20 de agosto, la jueza envió el caso al Ministro del Interior, en forma de consulta.
  • Tras salir del país, Picq aplicó a una visa Mercosur.
  • El viernes 18 de septiembre, su pedido de visa Mercosur fue negado.

A partir de estos hechos, surgen ciertas preguntas (seguro hay muchas más, pero no quiero ser demasiado detallado).

  1. ¿Puede un extranjero participar en protestas? Sí puede. No sólo porque es lógico, sino también porque la Constitución dice que “Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución” (art. 9). Esos derechos incluye opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas, así como a ser tratada por igual.
  2. Pero si su visa es de “no inmigrante”, ¿no podría protestar? ¿O por ser de “intercambio cultural”? La Constitución es clara: todo extranjero tiene iguales derechos. El ser residente o no, sirve sólo para propósitos de domicilio (art. 20 Ley de Extranjería).
  3. Pero si no le gusta el país, ¿no es mejor que se vaya? Esta pregunta no es de Derecho, pero igual se la voy a responder: No tiene nada que ver. Uno puede quedarse en el país y no gustarle las políticas que gobiernan ese país. ¡Imagínese si los ecuatorianos descontentos con Rajoy tuvieran que irse de España o no pudieran marchar!
  4. ¿Puede el Estado revocar una visa? Sí puede, pero debe hacerlo motivadamente: expresando las normas legales que se aplican a la situación concreta. Hasta donde sabemos, la revocatoria aparece en un oficio dirigido a la Policía de Migración, donde no explica las razones.
  5. ¿Estar con visa revocada es causal de encierro al migrante? Recordemos: si la visa fue revocada con fecha 14, el día 13, estaba perfectamente regularizada: no era motivo para detención. Pero, en realidad, así hubiesen revocado antes, la decisión de revocar no tiene vigencia si no se le avisa al interesado (en este caso, a la extranjera): ¿cómo puede uno saber que su visa fue revocada si no se le avisa? Y generalmente cuando las decisiones de la autoridad obligan al extranjero a salir del país, lo normal es que se le de un plazo para salir: 60 días, por ejemplo, Hasta donde sabemos, hasta ahora nadie le notifica formalmente que la visa está revocada.
  6. Finalmente, hubo sentencia, pero la jueza la subió a consulta al Ministro del Interior. ¿Es eso correcto? La Ley de Extranjería contempla la consulta, pero porque antes que haya jueces de contravenciones, este proceso lo realizaba el Intendente de Policía, que pertenece a ese Ministerio (la ley data de la dictadura).
  7. ¿Debió la jueza enviar a consulta el expediente o no? Dado que la separación de poderes está en la Constitución, la jueza tenía forma de no cumplir la ley, al invocar la Constitución. En todo caso, decidió sí enviarlo.
  8. ¿Por qué se fue del país Manuela Picq? La sentencia rechazó la deportación, lo hizo por voluntad propia.
  9. Ahora, desde fuera, ha pedido la visa Mercosur. ¿Qué es eso? Ecuador es parte de un Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile. Cualquier ciudadano de esos países puede pedir visa de residente, en cualquier país signatario, que dura 2 años. Luego, esa visa puede volverse indefinida. Los requisitos son sólamente 5:
    1. Pasaporte válido y vigente o cédula,
    2. Partida de nacimiento y comprobación de estado civil,
    3. Antecedentes judiciales (o policiales): documento, declaración jurada o certificado de carencia de antecedentes.
    4. Certificado médico si lo pide algún país,
    5. Pagar la tasa del trámite administrativo.
  10. ¿Por qué le negaron la visa Mercosur? La negativa invoca tres normas:
    1. Constitución art. 9: Los extranjeros tienen iguales derechos y deberes que los nacionales, con las limitaciones de ley.
    2. Ley de Extranjería, art. 5: “La decisión de conceder, negar o revocar una visa a un ciudadano extranjero, no obstante el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, es facultad soberana y discrecional de la Función Ejecutiva, a través de los organismos competentes”.
    3. Ley de Extranjería, art. 12: “Considérase no inmigrante a todo extranjero con domicilio en otro Estado que se interna legal y condicionalmente en el país, sin ánimo de radicarse y con los motivos que en cada categoría se determinan”.
    4. Reglamento a la Ley de Extranjería, art. 22: “Los funcionarios del servicio exterior ecuatoriano y del Departamento y de la Dirección General de Extranjería, tendrán amplias facultades para exigir la comprobación de las declaraciones expuestas en las solicitudes de visas y demás documentos migratorios y para cerciorarse e investigar la concurrencia de alguna de las causas de exclusión que establece la Ley de Migración.”
  11. ¿Puede Manuela Picq reclamar por su visa ante instancias internacionales? El Acuerdo de residencia de Mercosur no establece qué hacer si a un ciudadano le niegan ese derecho. Mercosur tiene un tribunal, pero Ecuador no es miembro pleno de Mercosur. Como la decisión fue emitida por una autoridad gubernamental, ella podría interponer recursos ante la propia Cancillería (como le avisa el documento de negación),y también demandar ante la Función Judicial en Ecuador (incluso si no está en el país). Para llevar el caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es requisito haber agotado la vía interna (o que ésta sea imposible).
  12. ¿Y no que la Constitución hablaba de “ciudadanía universal” o de “Patria Grande”? A más de este caso particular (que tiene mucho de político), el proyecto de Ley sobre Movilidad Humana reproduce normas de las vigentes Leyes sobre migración y extranjería, que datan de la dictadura de los setentas. Por ejemplo, permite al Estado conceder o no la visa, a su juicio y sin necesidad de expresar las razones, como reseña Daniela Salazar en Gkillcity.

Tanto el oficio de la unidad zonal 9 de Cancillería como el que presentó el Ministerio del Interior ante la jueza de contravenciones como la negativa de la visa, contestada por la Cónsul en Brasil, son documentos hechos fuera del sistema de gestión documental Quipux, que es obligatorio para todos los ministerios, según fue ordenado por la Secretaría Nacional de la Administración Pública mediante Acuerdo Ministerial N° 718 pubicado en el Registro Oficial N° 597 de 25 de mayo de 2009.
Bonus

De toda esta historia, lo más llamativo que encontré fue este razonamiento de Nina Pacari, sobre reunificación familiar y pluralismo jurídico:

“A partir del reconocimiento del carácter de estado plurinacional, esto es un eje rector. En el caso de Manuela Picq, al ser esposa del compañero Carlos Pérez, para nosotros es el concepto de matrimonio y de familia lo que está de por medio, así no esté en los papeles. Porque para nosotros desde la situación en la que están son matrimonio y son pareja. Siendo así, estaría cobijada por un derecho y no está en condiciones irregulares. Ya que están reconocidos los derechos de las nacionalidades indígenas tiene que aplicarse esa perspectiva intercultural en este caso. Siendo así, no reúne los requisitos para ser deportada, sino que al contrario, tendría que otorgársele la nacionalidad definitiva como ecuatoriana, por ser esposa de nuestro presidente de la Confederación…”
Publicado 14 agosto: http://www.elcomercio.com/actualidad/ninapacari-manuelapicq-deportada-protestas.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com
Ordenadas estas ideas, Pacari intenta decirnos lo siguiente:
  • Pérez y Picq están, de hecho, unidos. Por tanto, bajo el derecho indígena, son marido y mujer. Incluso en otras entrevistas, Pacari afirma que ambos habrían hecho un ritual indígena representativo de un matrimonio.
  • En consecuencia, Pacari entiende que, por ese ritual o costumbre, Picq debería tener, para el derecho indígena, visa de amparo como cónyuge. Y es más: se le debe otorgar la nacionalidad ecuatoriana.

Esta tesis hace agua por distintos costados, según yo:

  • No sabemos qué dice el derecho indígena sobre matrimonio o figura similar: ¿Hay requisitos? ¿Es obligatorio ese ritual? Aparte de la palabra de Pacari, no tenemos más información: por más que el derecho indígena no fuere escrito, debe haber alguna constancia de su existencia, o casos anteriores o jurisprudencia.
  • Aún si el derecho indígena reconociere esta forma de matrimonio (con o sin ritual), el hecho de que entre ellos tengan esa costumbre, no hace que aparezca en el pasaporte de ella un sello de visado: no cambia ello los requisitos para solicitar visa de amparo conyugal, ni tampoco hace que cambien los requisitos para pedir la ciudadanía.
  • El pluralismo jurídico debe acogerse (creo que aún no se acoge casi nada), pero no de manera que resulte desordenada o injusta para otros: si los requisitos para nacionalizarse son estándares para todos, no creo que sea buena idea aplicar otros requisitos para otras personas, sólo por su pertenencia étnica. No creo que esa haya sido la forma como otros países acogen distintas formas de derecho para ser plurinacionales.