¿Cuánto cuesta un parque?

guanguiltagua-002-parques-quito-turismo-ecuadorImagen: Quito Turismo

En los últimos días, se volvió controversial la compra que realizó, años atrás, el Ministerio del Ambiente, de lotes que el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas tenían en el sector Los Samanes, Guayaquil, zona 9.

No es tema de este post analizar ese caso, tanto por ser algo muy reciente, como porque no tengo suficiente información sobre el caso. Pero lo ocurrido en ese tema, me recordó otro caso, que tiene algunas similitudes.

El Parque Metropolitano de Quito

Aunque formalmente se llama “Parque Metropolitano Guanguiltagua”, todos lo conocemos como Parque Metropolitano, porque antes sólo un parque tenía esa denominación. Actualmente, hay 9 parques denominados “metropolitano” en la capital de Ecuador. No es el más grande, y tampoco el más concurrido, pero sí es el más afamado e incluso es uno de los sitios de interés para el turismo: Hoy el Parque Metropolitano Guanguiltagua es parte de la vida del quiteño, así no lo visitemos todas las semanas. Es difícil imaginar la ciudad sin sus parques.

Sin embargo, no siempre estuvo el parque: antes de fin del siglo pasado, el Parque no existía, y los árboles y bosques del sector tenían el mismo destino que los bosques de Ponciano o de Cotocollao (de ambos quedan par retazos hoy).

Esta es la historia breve del juicio que siguió a la expropiación del Parque Metropolitano:

  1. En 1991, la Alcaldía de Rodrigo Paz declaró de utilidad pública a varios lotes en El Batán, para crear el parque Metropolitano. El trámite para expropiar un predio tiene varios pasos:
    1. La propiedad privada sólo puede limitarse por expropiación si hay motivos suficientes para retirarle la propiedad al particular. Entonces lo primero que hace la institución pública que va a expropiar es declarar a los inmuebles que quiere, como “de utilidad pública”, ¿cuál es es la finalidad de esa utilidad? la expropiación. Por eso, las declaratorias de utilidad pública, conllevan el apellido de “con fines de expropiación”. Esta declaratoria básicamente describe por qué la institución necesita, para beneficio de la sociedad, ese inmueble y no otro: en el caso del Parque, se expropiaron terrenos vecinos para armar un gran parque, lo que no se lograría si se expropiaran predios sueltos en uno y otro lado.
    2. Declarar un predio de utilidad pública impide venderlo, y también impide actualizar su valor catastral (este avalúo sirve para pagar impuestos, pero también para fijar el precio de venta en caso de expropiación): si pudiese cambiarse el avalúo, la expropiación sería un jugoso negocio para el dueño del predio: como ya sabe que la entidad pública necesita ese inmueble, lo querrá vender más caro.
    3. Luego de declarado de utilidad pública, el dueño y la institución que quiere comprar, tienen dos opciones:
      1. Compra venta de mutuo acuerdo, o, si no hay acuerdo,
      2. La entidad ordena la expropiación, realiza la transferencia de dominio y deposita la plata del ex dueño. Para esa consignación, se debe acudir a un juez común.
  2. En el caso que cuento, varios predios fueron comprados y otros expropiados. La mayor pelea estuvo con un predio de los hermanos Salvador Chiriboga. El Municipio tardó en expropiar ese predio, porque los dueños impugnaron esta declaratoria de utilidad pública. En esa época, las decisiones municipales se apelaban ante el Ministerio de Gobierno (actualmente no es así, pues los gobiernos locales son autónomos). En 1997, durante el gobierno de Fabián Alarcón, el Ministerio anuló la decisión municipal, pero luego cambió de opinión y la dejó vigente.
  3. Tras esos avatares, finalmente se expropió el inmueble en 1997 y el Municipio ingresó y terminó de construir el parque (El parque había sido ya inaugurado, con obras únicamente en los predios ya expropiados o comprados antes).
  4. De otro lado, los señores Salvador Chiriboga acudieron al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tanto en 1994 para impugnar la declaratoria municipal, como en 1997, para impugnar el acuerdo ministerial que mantenía esa declaratoria. De ambos juicios, no recibieron sentencia hasta 2008, lo que configura violación del derecho de acceder a la justicia.
  5. El Municipio expropió los terrenos (de Salvador y vecinos) alegando que se necesitaba un parque para la ciudad, conservar los bosques de esa zona para que sean pulmón verde en el norte ya urbanizado y para proveer a los ciudadanos de un espacio cercano donde ejercer su derecho a ambiente sano, a la recreación y otros derechos.
  6. La familia Salvador Chiriboga llevó el caso al sistema interamericano de Derechos Humanos, donde el caso se resolvío en 2008 con una sentencia a su favor.
  7. La familia quería anular la expropiación o, al menos, que la misma ocurra al precio que ellos esperaban: el valor que ellos obtuvieran si urbanizaban ese lote, al costo en que los inmuebles se pueden encontrar en ese sector del Batán (es un barrio caro, precisamente, por su ubicación en el norte de la ciudad, y también, precisamente, por la presencia de un parque gigantesco en el sector). El Municipio, en cambio, fijaba el valor de la expropiación como bien rural, considerando que no hay infraestructura de servicios básicos en el lugar, ni tampoco posibilidad de urbanizar, dado que pasan líneas de alta tensión eléctrica por ahí y, precisamente también, porque en 1980, la planificación urbana determinó que esa zona debe estar destinada a parque: sería entonces imposible realizar ninguna construcción de vivienda o inmobiliaria, pues no obtendría permisos municipales de construcción.
  8. Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que el Municipio puede, en efecto, expropiar, y que la indemnización no debe calcularse sobre una hipotética -e irreal- expectativa de urbanizar el terreno, pero sí señaló varias violaciones a los derechos de Salvador Chiriboga:
    1. Al demorar tanto (19 años) en pagarle, no se cumplió la naturaleza de la expropiación,
    2. Al demorar su acceso a la justicia, no se le permitió retar la declaratoria de utilidad pública ni la expropiación,
    3. Al restarle, del pago de la indemnización por expropiación, los impuestos prediales de esos 19 años y los impuestos por “solar no edificado” (pese a que no podía edificar), el Municipio restó inadecuadamente la indemnización, además de los intereses que pretendía cobrar por esas deudas.
  9. Como siempre ocurre en estos casos, la condena la debe asumir el Estado central. En este caso, Ecuador reparó a la víctima mediante publicar la sentencia en su Registro Oficial (20-ene-2012), ofrecer disculpas públicas, garantizar no repetir tales conductas y, principalmente, indemnizarle en cuotas anuales, cuya última cuota se pagará en marzo de 2016.

Un breve regreso al caso Samanes

Hay algunas coincidencias, así como también diferencias, entre el caso Samanes y el caso del Parque Metropolitano que arriba resumí:

  • Ambas fueron compras para crear parques, pero en Quito la creación del parque fue iniciativa municipal, mientras en Guayaquil, fue iniciativa del gobierno central.
  • Ambos bienes eran privados, pero mientras la dueña en Quito era una familia de personas naturales, regidas por el Derecho privado, en el caso de Guayaquil, la dueña es una institución pública regida por el Derecho público.
  • Ambos dueños querían urbanizar su predio: El ISSFA inclusive pensaba recibir ingresos de entre 280 y 450 millones de dólares si urbanizaba todo su terreno.
  • Ambos dueños no podían urbanizar su predio, pese a que querían hacerlo: en Quito, por prohibición de uso de suelo establecida por el Municipio y en Guayaquil, por haber sido declarado a esa zona como área nacional de recreación (Acuerdo Ministerial N° 48 firmado el 30-mar.-2010, publicado en el Registro Oficial N° 188 de 07-may.-2010).
  • En ambos casos, a la ciudad le beneficia un parque en el norte de su zona urbana: seguramente un desarrollo inmobiliario le hubiese beneficiado al anterior dueño (y bastante), pero la autoridad valora lo importante para la ciudadanía, de tener espacios verdes y equipamiento para deportes y esparcimiento, lo que contribuye no sólo a mejor ambiente, sino a un mejor ambiente en la ciudad.

Actualización 13:45

Agradezco a Fernando Larenas, quien leyó este post y me comentó que parte del parque era de servidores públicos del IETEL, asociados en una cooperativa de vivienda:

  • Resulta que otra parte del parque Metropolitano era propiedad de la Cooperativa de empleados de IETEL (actual CNT), por el actual parqueadero Chuquipata, donde medio-medio se construyeron bordillos o parte de alcantarillado.
  • Al momento de enterarse de la declaratoria de utilidad, esta Cooperativa asignó algunos lotes a algunos de sus socios, para complicar el proceso de expropiación. Y, de hecho, algunos ya levantaron paredes, pero como la transferencia de dominio no se alcanzó a perfeccionar (recordemos que la declaratoria de utilidad pública conlleva prohibición de vender), la expropiación continuó.
  • Algunas fotos de lo que dejó la cooperativa del IESS y sus funcionarios públicos se puede ver en el blog de Mario Vásconez, quien lamenta que no se haya podido aprovechar la construcción de un proyecto de iglesia que levantó esa cooperativa, como centro cultural u oficinas del Parque. Me he permitido compartir algunas de esas fotos en este blog, para difundir su relato, que recomiendo visitar.
  • Buscando esta info, encontré además que otro expropiado ha sido un concejal de la época, quien también hizo problema para recibir su indemnización.

Este caso es interesante, porque se puede ver que varios servidores públicos (en este caso, servidores de telefonía) se organizaron para velar por su interés grupal (a través de una cooperativa), pero aún así el interés colectivo (de toda la ciudad) prima sobre el interés de particulares, lo que justificó la expropiación.

One thought on “¿Cuánto cuesta un parque?

  1. Otra parte del parque Metropolitano era propiedad del Colegio Experimental 24 de Mayo que mediante Decreto Supremo Nro. 1409, de 28 de octubre de 1966, publicado en el Registro
    Oficial Nro. 151, de 31 de octubre de 1966, el Presidente Interino de la República Sr. Don
    Clemente Yerovi Indaburu, otorgó para urbanización y formación de una ciudadela para vivienda del Personal Directivo, Docente, Administrativo y de Servicio del Plantel. Aún siguen reclamando derechos.

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