Más sobre la preferencia al artista nacional

La semana pasada expuse en este espacio las razones que mueven la norma de establecer una cuota de difusión de la música nacional (de cualquier género) en la radiodifusión. También se mostró el caso de otros países en que dicha regla existía, lo que ayuda a analizar la racionalidad y eficacia de las cuotas. Ahora presento un resumen de las normas actuales de preferencia al artista ecuatoriano.

Muchos pensábamos que establecer cuotas sería una innovación en el país y cambiaría la situación actual. Sin embargo, la realidad es que ya existen tales cuotas. En efecto, la Ley de Defensa Profesional de Artistas (Registro Oficial Nº 798 de 23 de marzo de 1979) ya establece cuotas de radiodifusión y televisión para artistas nacionales. Su artículo 28 señala: Las estaciones de radiodifusión y canales de televisión, deberán promocionar la música popular ecuatoriano y a los artistas nacionales. La televisión en una proporción del 10% y las estaciones de radiodifusión en un 30% de sus programaciones regulares, de las que el 5% serán en presentaciones o actuaciones en vivo en la televisión y el 30% en las estaciones de radiodifusión”.

Es decir, por un lado, los canales y las radios que no cumplan estos porcentajes han incumplido la norma y, por otro lado, al no establecerse sanciones en la ley, el Estado ha fallado en su rol de control. Debido a una defectuosa redacción de la ley, no se ha tipificado una sanción a quien incumpla tales porcentajes y, al no haber infracción, no se puede sancionar al infractor. Si los artistas quisieran obligar a cumplir esta norma, podrían plantear una acción de protección que, a diferencia del anterior amparo, ahora sí puede ser planteada contra particulares, siempre que se demuestre que la persona afectada se encuentra “en estado de subordinación, indefensión o discriminación.

Como la ley vigente establece porcentajes universales, para todo tipo de radio o de canal, podría haber dificultades para ciertas emisoras, mientras otras podrían cumplir fácilmente con la cuota. Pero como no se fija horarios, existe el riesgo de que la cuota se cumpla en horas de la madrugada. Pero, en todo caso, las cuotas existen actualmente y suprimirlas sería un retroceso para los artistas.

En la misma ley se disponen otras normas aún más difíciles de cumplir: las salas de cine deben presentar programas artísticos en vivo, al menos una vez al mes. Se dispone un porcentaje de discos de artistas nacionales por cada disco de música extranjera introducida al mercado, un número mínimo de discos que deben ser editados para un artista exclusivo de un sello musical y hasta las normas sobre espectáculos públicos: en los conciertos, el artista extranjero sólo puede presentarse en el 40% del programa artístico y la remuneración de los artistas ecuatorianos no puede ser menor al 50% de la remuneración que cobre el artista extranjero (art. 13).

En materia de publicidad, la ley dispone que el 75% de los anuncios comerciales (en radio, televisión y cine) sean producidos en el país con artistas profesionales ecuatorianos. El 25% restante se puede transmitir previo el pago de un derecho a la entidad privada “Federación Nacional de Artistas Profesionales del Ecuador, FENAPRE”.

El Reglamento a esta ley obliga al artista extranjero a ofrecer una presentación gratuita en el lugar que determine el ex Ministerio de Trabajo, bajo pena de multa de hasta veinte mil sucres (ochenta centavos). Muchas empresas organizadoras de conciertos cumplían la multa entregando pases de cortesía para los burócratas de ese ministerio. Cuando Galo Chiriboga era ministro, esa práctica se suspendió, pero no se si haya vuelto a ocurrir o si los pases de cortesía tengan mejor destino.

Esta ley y su reglamento llegan al extremo de describir el contenido de los contratos de artistas, fija la forma en que se pagará el honorario y confunde conceptos laborales en un contrato de naturaleza civil. Además, faculta a la privada FENAPRE no sólo a cobrar a todo artista nacional y extranjero, sino hasta a decidir quién viaja a certámenes internacionales en representación del país. Cuando en 2007 el presidente Correa demandó la inconstitucionalidad de la afiliación obligatoria a colegios profesionales, no incluyó el caso de la FENAPRE, por lo que la afiliación sigue siendo obligatoria para los artistas.

En conclusión, al igual que las victorianas competencias del ex CONARTEL para controlar la moralidad de los programas de radio y televisión (Ley de Radio y Televisión, art. 5-e, letra h), las normas sobre artistas y su preferencia están desfasadas de la realidad, pero ya existen cuotas para música nacional. Probablemente la ley de comunicación que se debate (o el enésimo borrador que a esta fecha circule Mauro Andino) no sea la mejor forma de actualizar estas normas, pero sin duda estamos muy lejos de un escenario en que no existen leyes que regulen la comunicación.

Publicado originalmente en La República.

Preferencia al artista nacional

La semana pasada, los Calle 13 lanzaron cuatro mensajes políticos durante su concierto en Quito. Uno: rechazar la “minería contaminante” (aunque, como es necesaria, aceptaron una “minería responsable”). Dos: Reclamar la independencia de su tierra, Puerto Rico. Tres: Varias veces exigieron educación pública gratuita. Cuatro: Que en las radios ecuatorianas suene música ecuatoriana.

Como era de esperarse, la posición de los puertorriqueños sobre la minería (así como la de Manu Chao) fue ampliamente difundida, mientras los otros mensajes quedaron sólo para los asistentes. Me quiero referir a la cuarta proclama, que en nuestro país se conecta con la llamada “ley de cuotas”.

Muchos músicos han reclamado medidas de acción afirmativa para la música ecuatoriana, especialmente la oportunidad de sonar en las radios. No es una petición nueva ni una novelería chauvinista nacida a partir de Montecristi: establecer porcentajes de tiempo en las radios para la música local es algo muy común en países como Francia, Canadá, Reino Unido, México, Israel, Brasil y Argentina. Consiste en fijar mediante ley un porcentaje (o cuota) de música nacional que debe sonar en las radios. Por música nacional se debe entender a la creada en el país, sea del género que fuese.

En defensa de esta medida, se argumenta, en síntesis:

1. Compensa una falla de mercado: como el público no tiene acceso a la música nacional, no puede adquirir gusto por ésta,

2. Las disqueras internacionales utilizan estrategias, infraestructura e integración con otros medios (internet, televisión,…) para promocionar sus artistas. La cuota buscaría atenuar la asimetría entre oferentes en ese mercado,

3. Las frecuencias son un bien público y deberían ser aprovechadas en función del interés público,

4. Sustitución de importaciones: en lugar de que vayan al exterior los pagos regalías, conciertos, merchandising y demás, esos recursos podrían cobrarlos los artistas nacionales, que moverán principalmente la economía nacional.

No faltan voces que critican la medida por una supuesta merma a libertades editoriales, la emergencia de iPods y demás reproductores que compiten con la radio (donde no es posible ninguna regulación ni margen de preferencia), la dificultad de definir qué se entiende por producción nacional y de aplicar la cuota para radios que no sean predominantemente musicales (como las radios deportivas o las de noticias) o, en fin, que las nuevas tecnologías como el internet ya son suficiente escenario para la música independiente.

El argumento favorito de muchas radios es retar a los artistas a difundirse por su calidad, no por imposición legal. “Un buen artista no necesita preferencia para ganar el favor del público” han dicho. Sin embargo, los hechos demuestran que las radios no eligen música en mérito a la calidad, sino a otros factores.

Inocentemente, se podría pensar que las radios transmiten la música que su público quiere. Si tan sólo esa fuera la razón, también se justificaría fijar una cuota para que los oyentes se acostumbren a nuevos sonidos y eleven la calidad de la demanda. Los mismos artistas saben que la calidad no garantiza ni la transmisión ni el ganar el favor del público. Sobran ejemplos de música de mala calidad que se vuelve hit, así como de música muy buena, que por no ser rotada en las radios, no llega a ser conocida.

Pero es ampliamente conocido que la radiodifusión no se limita a transmitir lo que piden las audiencias: el fenómeno de la payola (o el pagar, en dinero o en privilegios, para ser rotado) se ve en muchos países (siendo incluso penado en otros), la compra de discos por parte de los propios artistas (como denuncian los mismos Calle 13 en alguna canción), la alteración de rankings, la simulación de llamadas o los conflictos de interés de empleados de disqueras que también hacen radio, son sólo algunas formas de llegar a las radios.

Dos proyectos de ley buscan establecer cuotas: el proyecto de ley de comunicación, cuyo texto ha sido cambiado tantas veces que ni el mismo Presidente Correa sabe en qué versión están (y los cambios se seguirán haciendo, quizá hasta el día mismo de la votación); y, de otro lado, en el proyecto de ley de cultura, que fija un draconiando 50%, sin permitir adaptaciones para radios que no transmitan principalmente música ni permitir al reglamento aplicar en detalle esa norma. Ambos proyectos debían aprobarse en octubre de 2009, sin embargo, permanecen bloqueados por falta de votos.

La fijación de cuotas no debiera limitarse sólo a la música. Otras artes también debieran tener una preferencia establecida en ley, cuyas características se describan en reglamentos que recojan la voluntad e inquietudes de todos los involucrados.

Otras formas de preferencia, como la que actualmente rige para conciertos, dan para otro artículo.

Publicado originalmente en La República.

El monumento y las competencias municipales

Está ya instalado un monumento a León Febres Cordero. No espero describir las razones por las cuales debe o no instalarse el monumento, pero sí compartir algunas normas sobre la competencia de los municipios en lo referido al patrimonio cultural, que incluye la erección de monumentos.

La Constitución asigna a los municipios la competencia para preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir espacios públicos para estos fines (art. 264 num. 8). Esta competencia se detalla en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD, para los amigos) que describe la forma de ejercer esta competencia (art. 144), que sintetizo a continuación en la forma de facultades según el art. 116 de la misma ley:

1. La gestión del patrimonio cultural en manos de los municipios incluye la formulación, aprobación, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos.

2. La coordinación de esta competencia es municipal: pueden participar dos o más municipios en proteger un bien o complejo patrimonial ubicado en varios cantones, inclusive mediante la creación de mancomunidades. Asimismo, un gobierno provincial o un gobierno parroquial pueden ejercer esta competencia, pero delegados por el municipio competente.

3. Al Estado central le corresponde la rectoría en materia patrimonial, por ello, le corresponde emitir políticas y declarar y supervisar el patrimonio natural y cultural.

4. No se describe a quién corresponde la regulación y el control.

De otro lado, tenemos una Ley de Patrimonio Cultural de 1979, que crea el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), que tiene la competencia de autorizar la erección de monumentos conforme el art. 27 de dicha ley. Podría interpretarse que la Constitución y el COOTAD habrían tácitamente derogado dicho artículo pues la competencia es ahora municipal, pero hay razones para pensar que no hay tal derogatoria:

1. La Constitución asigna competencias exclusivas, pero también dice que las mismas se ejercerán de manera concurrente con los demás niveles de gobierno (art. 260).

2. El COOTAD, al detallar la forma de ejercer esa competencia, le asigna la rectoría al Estado central. Se puede pensar que le asigna también la actividad de control porque incluye “declarar y supervisar” el patrimonio. Autorizar la erección de monumentos es una actividad de control administrativo. Por otro lado, la función de control ha sido ejercida también por municipios: el de Quito ha sancionado el derrocamiento de casas patrimoniales en 2011.

3. El mismo Municipio de Guayaquil ha reconocido previamente la vigencia del art. 27 de la Ley de Patrimonio Cultural, al solicitar autorización al INPC para erigir monumentos al mono y otros animales.

En definitiva, no se sabe claramente quién ejerce el control del patrimonio. Tampoco hay claridad sobre quién ejerce la regulación. Y no existe norma que describa qué tipo de intervenciones puede autorizar el INPC en áreas declaradas patrimonio cultural del país (como el barrio Las Peñas). Al no haber una regulación sobre las intervenciones autorizadas o no en estas áreas, la aprobación de intervenciones por parte del INPC está sujeta a la discrecionalidad que le dicte su propio informe técnico. Expertos independientes consultados por la Revista Vistazo han cuestionado la ubicación de un monumento en la planchada de Las Peñas por afectar paisajísticamente el patrimonio.

La Constitución ordenó que en octubre de 2009 haya una nueva ley de cultura, que debería incluir normas sobre patrimonio cultural. Hasta ahora no se destraba la ley en trámite en la Asamblea, pero ninguno de los proyectos empolvados en la comisión ocasional de cultura aclara a quién corresponde la regulación y el control en materia patrimonial.

En todo caso, es un hecho que existe un conflicto de competencias entre el Municipio y el INPC. Este tipo de conflictos debieran ser solucionados por el Consejo Nacional de Competencias (CNC), creado por el mismo COOTAD. El CNC está integrado por un delegado del Ejecutivo y un delegado de cada nivel de gobierno: regional, provincial y parroquial. El CNC no ha resuelto aún ningún conflicto de competencias. Tampoco ha iniciado el proceso para descentralizar la competencia de patrimonio cultural.

Diabluma Guayaquil y el INPC acudieron a un juez para dirimir la competencia. El Alcalde ha acudido a vías de hecho para imponer su criterio. Por estos caminos, ninguna solución tendrá un análisis técnico sobre las competencias de cada nivel de gobierno, con lo cual se habrá perdido una importante oportunidad de poner a prueba la institucionalidad de descentralización diseñada en el COOTAD. Este caso hubiese sentado un precedente muy interesante sobre la aplicación práctica de la autonomía y la descentralización ofrecidas en Montecristi. Lamentablemente, ninguna de las partes llevó el caso al CNC, que tampoco apareció de oficio para mediar o dirimir la cuestión.

Publicado originalmente en La República.

Leyes con plazos

Se acaba de aprobar en el Legislativo una ley que sanciona prácticas anti competitivas. Con otro nombre y otra superintendencia, esto ya se logró en 2002. El proyecto de Rafael Dávila fue vetado totalmente por Pedro Pinto, vicepresidente de Gustavo Noboa, a pedido de cámaras productivas. En esta ocasión, será cuestión de tiempo para ver la ley publicada en el Registro Oficial.

A estas horas no se sabe si el proyecto de ley será vetado parcialmente por el Ejecutivo o si el ejecútese será inmediato. En todo caso, un proyecto de ley que ha esperado más de diez años (Dávila presentó el primer proyecto en 1999), se habrá vuelto ley en menos de tres meses. El récord de aprobación de la ley se debe al plazo de 30 días que ordena la Constitución para proyectos de urgencia económica. Este atajo será utilizado por el Ejecutivo también para una reforma tributaria y para enviar una nueva ley de mercado de valores.

Este es un gran contraste frente a otros proyectos de ley, que no avanzan en su publicación, incluso a pesar de que la Constitución ordenó que sean aprobados hasta máximo octubre de 2009. Los proyectos de ley de cultura, de comunicación y de aguas han quedado en suspenso hasta encontrar votos para aprobarlos.

En materia de comunicación, el proyecto que impulsa la bancada gobiernista no convence a los asambleístas aliados. El proyecto de ley de aguas se diluyó en una prometida “consulta prelegislativa” que hasta ahora no se realiza (a pesar que existen normas para realizar esta consulta, expedidas por la Corte Constitucional). De su lado, el proyecto de ley de cultura no convence a la totalidad del bloque gobiernista.

Si bien un plazo de 30 días es un reto para aprobar leyes, sería ideal que el Legislativo se establezca plazos para aprobar leyes tan importantes como las ordenadas por la Constitución. A su vez, los tres proyectos de ley atascados tienen serias falencias y omisiones. La Ley de Participación Ciudadana permite que individuos presenten proyectos de ley, siempre que superen el 0,25% de firmas del padrón electoral. Este porcentaje debe equivaler a aproximadamente 25.000.

Este camino ha sido elegido por un grupo de ciudadanos que proponen reformas penales para endurecer penas. La misma ruta deberíamos seguir para impulsar proyectos de ley desde la ciudadanía, para hacer a un lado los proyectos de ley que se han entrampado.

Así por ejemplo, los ciudadanos con interés en corregir la actual ley de aguas (y la masiva concentracion de mucha concesiones en pocas manos) deberían reunir firmas para presentar un proyecto de ley que no tenga los problemas del proyecto que actualmente está en la Asamblea.

Todos los que hemos criticado la ley de comunicación que reposa en la Asamblea deberíamos organizarnos para enviar un proyecto de ley que no se apegue a las tesis del gobierno pero que sí establezca procedimientos para rectificación y réplica, con apego a las normas y sugerencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se necesita una ley de comunicación para eliminar la posibilidad de que el Ejecutivo cierre canales, como ocurrió con Teleamazonas y para poner límites a las cadenas nacionales, en horarios, temas y frecuencia de emisión.

La política cultural ha sido cuestionada, incluso con creativas protestas como la difundida en este espacio por Carlos Andrés Vera. Desde hace años, Santiago Roldós ha defendido en Revista Vistazo el proceso que vive el ITAE para promover la cultura y la educación. Sería deseable que los gestores culturales libres promuevan organizados su propio proyecto de ley de cultura, que corrija errores atávicos de corporativismo y centralismo que aquejan a la matriz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

La Ley de Participación Ciudadana ordena que los proyectos de ley presentados por la ciudadanía deben ser tramitados en máximo 180 días, tiempo totalmente razonable para discutir cada tema e incorporar mejoras a los textos. Si la Asamblea no aprueba en ese plazo, el proyecto de ley se publica en el Registro Oficial.

Publicado originalmente en La República.