Ley de Defensa de Artistas Profesionales

A propósito de la aprobación legislativa de la Ley de Comunicación, se pone en el debate varias normas que, según promotores y detractores, sería novedad. Pero muchas de estas ya constan en la vigente Ley de Defensa de Artistas Profesionales

Decreto Supremo  3303
TIPO DE PUBLICACIÓN: Registro Oficial 798
FECHA DE PUBLICACIÓN: 23-mar-1979

Concierto de Alberto Plaza en Ambato

Quiero hacer notar que la ley fue emitida por la última dictadura militar.

  • Supuesta novedad: La norma del 1×1 que obliga a pautar cierto porcentaje de música nacional:

Art. 28.- Las estaciones de radiodifusión y canales de televisión, deberán promocionar la música popular ecuatoriano y a los artistas nacionales. La televisión en una proporción del 10% y las estaciones de radiodifusión en un 30% de sus programaciones regulares, de las que el 5% serán en presentaciones o actuaciones en vivo en la televisión y el 30% en las estaciones de radiodifusión.

  • Supuesta novedad: La norma que dispone que la publicidad se haga en Ecuador:

Art. 32.- Por lo menos el 75% de los anuncios comerciales publicitarios para cine, radio y televisión deberán producirse en el País, utilizando a artistas profesionales ecuatorianos.

Por el 25% que fuere producido en el extranjero o con ciudadanos extranjeros, se deberá pagar un derecho a la Federación Nacional de Artistas, en la proporción que se especifique en el Reglamento.”

En entrevista de televisión, Sergio Sacoto afirmó que el 10% del tiempo en radio lo ocupan canciones nacionales. El resto: extranjeras.

La pregunta obvia: ¿Por qué no se cumple la ley vigente?

La respuesta: Porque la ley está mal hecha: no hay sanciones para el incumplimiento en la ley, sino multas ínfimas (cinco mil sucres o 25 centavos de dólar) pero en Reglamento: como no se puede sancionar con reglamento, poner una multa hubiese sido ilegal. Tampoco hay autoridad asignada a controlar esta ley. (Nota al margen: No es el único caso en esa dictadura).

La pregunta no tan obvia: ¿Y se podía hacer algo para hacer cumplir esa ley?

A mi juicio, si un artista se sentía perjudicado en sus derechos por incumplir estas normas, debió pedir una garantía jurisdiccional. Hasta 2008 sólo se podía pedir amparo contra entidades públicas, pero con la nueva Constitución la acción de protección se puede presentar también “cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación” (Const. art. 88).

Es decir, desde que existe la acción de protección, un artista hubiese podido poner amparo contra la estatal Radio Nacional del Ecuador si no ponía música nacional, pero desde 2008, cualquier artista podría (incluso hoy) poner una acción contra cualquier radio o canal que no cumpliere la ley vigente.

Aparte esa vieja ley tiene otras normas que podrían llamar la atención (pareciera que son letra muerta):

  • En conciertos, los artistas nacionales deben interpretar el 60% de los conciertos de artistas extranjeros y no pueden ganar menos del 50% de lo que gana el artista extranjero.
  • En toda sala de cine, una vez al mes debe haber una obra en vivo (teatro, por ejemplo).
  • Los productores de discos deben producir al menos 2 discos en 2 años para un artista. Si no lo hacen, termina la exclusividad del artista.
  • El delegado ecuatoriano a cualquier festival en el exterior debe ser escogido por concurso abierto (¿eligieron así a Fausto Miño para enviaro a Viña?)
  • Se crean “impuestos” o pagos obligatorios para la privada Federación de artistas (ahora esto es inconstitucional, pero no se ha demandado).
  • Se dispone que los artistas se afilien al seguro social.
  • Se estipulan cláusulas mínimas de los contratos que firmen los artistas (la norma asemeja o se refiere en mucho al Derecho Laboral).
  • El Reglamento manda que todo artista extranjero realice una presentación gratuita en el sitio que determine el Ministerio de Relaciones Laborales (hasta donde yo conocía, los organizadores de conciertos regalaban entradas a los funcionarios de ese ministerio para que se hagan de la vista gorda).

Nota final: el proyecto de ley de comunicación aprobado el pasado viernes sólo suprime los artículos 16 y 31 de la ley que he citado, por lo que los artículos 28 y 32 que establecen el actual “uno por uno” y el actual “publicidad hecha en Ecuador” no serán topados. Eso implica que habrá doble norma sobre ambos temas:

  • ¿Se aplica el 1×1 o el 70%-30% en radios?
  • ¿Se aplica el “100% publicidad ecuatoriana” o el “75% en publicidad ecuatoriana”?
  • ¿Se sanciona con multas altas como las que dispone la Ley de Comunicación recién votada o con multas de 25 centavos?

La Constitución dice que en caso de duda, se aplique la norma menos severa para el infractor (art. 76 num. 5).

Conclusión: Nada nuevo hay bajo el sol, pero las normas contradictorias podrían crear un escenario confuso.

Publicado orignalmente en el blog j-major.

La injuria en Latinoamérica

Ver una audiencia de estrados, un juicio o la forma cómo se descubre un crimen en la televisión o en el cine es totalmente distinto a una audiencia en nuestro país. Acá el juez no usa toga, ni imparte órdenes con un mazo de madera. No hay salas elegantes de altos vitrales dentro de palacios neoclásicos con interminables gradas. Una audiencia a la ecuatoriana se realiza en oficinas diminutas, generalmente repletas de juicios cosidos y papeles en desorden. En las series gringas, los abogados piden permiso para acercarse al estrado del juez. En la realidad criolla, es común gritar, llegar atrasado, hacer bromas o hasta caerle a carpetazos al juez. Somos tropicales: ¡no insistan!

Pero la diferencia no se queda sólo en la forma externa ni en el comportamiento cultural. Si usted lee una sentencia gringa, encontrará algunas por ahí alguna norma legal, pero principalmente encontrará citas a casos anteriores. Para los gringos, el Derecho está principalmente en los precedentes creados por jueces en sentencias sobre temas similares. Para nosotros, la norma escrita es la principal fuente del Derecho (como todos los países latinos y la Europa continental).

Por eso uno parece lógico, al menos en principio, que algunas soluciones jurídicas del Derecho común en EE.UU. no sean aplicables al derecho romano-germánico de los países latinoamericanos. En EE.UU. un caso puede cerrarse si el demandado paga una indemnización al demandante, como una forma de evitar ser declarado culpable. Ciertos estados tienen pena de muerte. Y, en otras diferencias, cuando alguien lanza una injuria, puede terminar pagando una indemnización, pero no irá a la cárcel.

En nuestros países, en cambio, una injuria por lo general se sanciona con cárcel. Alguna manera de explicar la penalización de la injuria sería que el quitar la honra de una persona causa más daño que quitarle un bien material, como un carro o una casa. Al fin y al cabo, mientras los bienes materiales se pueden reponer, la honra una vez mancillada, difícilmente puede recuperarse.

Cuando nuestros tropicales líderes escuchan la propuesta de borrar a la injuria del Código Penal y dejarla para los jueces civiles, perciben que se plantea incorporar un injerto de la forma anglosajona de resolver los insultos en un sistema jurídico distinto. En realidad, la despenalización de la injuria no es una importación traída del sistema jurídico de los EE.UU. sino una evolución natural del propio sistema jurídico de nuestros países.

La propuesta de despenalización nace de las reflexiones que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos de condenas por injurias sustanciadas en nuestros países. A la conclusión de que debe suprimirse la injuria como delito han arribado jueces latinoamericanos que conforman esta Corte:

En julio de 2004, la Corte Interamericana de DD.HH. señaló que Costa Rica debe derogar la tipificación de la injuria como delito (Caso Herrera Ulloa),

En septiembre de 2004, la Corte ponderó que Paraguay haya cambiado en su código penal la sanción de prisión por la opción entre prisión o multa (Caso Ricardo Canese),

En mayo de 2008, la Corte recomendó a Argentina adecuar la norma penal sobre injurias, que era demasiado discrecional que podía afectar la libertad de expresión (Caso Eduardo Kimel),

En enero de 2009, la Corte conoció el Caso Tristán-Donoso sobre una sentencia de injurias: no necesitó instar a Panamá a cambiar su ley, porque ya lo había hecho antes de que salga la sentencia,

Caso Perozo y otros, Sentencia del 28 de enero de 2009.

En 2009 la presidenta Cristina Kirchner, que pertenece al grupo de presidentes con énfasis en la soberanía y libre determinación de los pueblos, pidió al Legislativo que cambie la sanción de prisión por multas que llegan, máximo, a los $7.800. Fue una forma de reivindicar a Eduardo Kimel, el periodista que fue condenado por un libro que cuestionaba el comportamiento de un juez en la época de Menem. Kimel falleció en febrero de 2010, antes de la reforma. En marzo de 2010, el legislador Diego Kravetz se libró de una demanda de un director de hospital en virtud de la reforma legal.

Antes, Pepe Mujica, de Uruguay, sancionó una ley que deroga la injuria del Código Penal uruguayo, y lo deja para reclamo civil por daños y perjuicios. No imagino qué pensaron Kirchner y Mujica al escuchar, en diciembre pasado, a Correa explicar su bronca con la prensa en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC). En ese discurso, Correa no rechazó discutir la despenalización de la injuria, pero rechazó que el fundamento para tal reforma sea que “los países anglosajones no penalizan la injuria”.

En noviembre de 2011, México suprimió los delitos de difamación, calumnia e injuria en una Ley de Imprenta que data de 1917. Antes, en abril de 2007, el Senado Federal ya había despenalizado los delitos la injuria, difamación y calumnia. Como México es un país federal, cada estado debe reformar su código penal. Desde 2007, muchos estados y entidades subnacionales han suprimido estos delitos. En 2010, Veracruz y otros 17 estados tenían pendiente aprobar su respectiva reforma penal. La pugna entre “honor” y “libertad de expresión” enfrentó en México a un diario con una revista, porque ésta acusó al rotativo de tener nexos con la prensa cercana al terrorismo vasco. En ese juicio civil, la Suprema Corte consideró que entre ambos derechos, prevalece el derecho a la libre expresión.

En julio de 2007, El Salvador incorporó en su Código Penal un artículo que exime de delito a los juicios de valor (dentro o fuera de medios de comunicación), salvo que tengan un propósito de calumnia. La norma aclara que en ningún caso tendrán responsabilidad penal los medios de comunicación por lo que publiquen, ni tampoco los propietarios, directores, gerentes o editores del medio o del programa.

En Paraguay, la injuria pasó a ser castigada sólo con multa, a raíz de una reforma de 1998. La reforma mantuvo, en cambio, la pena de prisión para la calumnia cuando se realiza en público o mediante un medio de comunicación, pero esa pena puede ser sustituida por una multa. En el caso Ricardo Canese vs. Paraguay, los representantes de la presunta víctima solicitaron que la corte ordene a Paraguay derogar los delitos de injurias, difamación y calumnia. La Corte valoró las reformas de 1998 y 2000. La Corte no ordenó derogar los delitos, así que se puede pensar que la legislación paraguaya está adecuada a las normativa interamericana de derechos humanos.

En julio de 2005, en Panamá se derogó el desacato y reguló la responsabilidad ulterior (derecho de réplica, rectificación o respuesta). La reforma de mayo de 2007 mantiene el delito de injuria cuando el delito se comete hacia un particular, pero si el ofendido es un funcionario de elección popular o un gobernador, no se impone sanción penal, sino sólo hay indemnización civil. La Comisión Interamericana solicitó a la Corte que ordene a Panamá reformar su ley penal, pero la Corte no estimó necesario ordenar tales reformas. Esta solución es acorde con el criterio de disminuir el nivel de protección del honor de personajes públicos para permitir el debate democrático sobre asuntos de interés público.

En Perú, se discuten reformas penales en el legislativo. En julio de 2011, el primer debate de la reforma penal, se aprobó cambiar para los delitos de injuria y difamación las penas de prisión por la de trabajos comunitarios por hasta 200 días. Aún falta que en segundo debate se ratifique la despenalización y que el Presidente Ollanta Humala sancione la reforma legal. En campaña electoral, Humala se comprometió a apoyar la reforma.

Como se puede ver, algunos países han borrado totalmente la injuria de sus códigos penales. Otros, han cambiado la pena de prisión por multas económicas, limitadas de acuerdo a la ley. En el caso panameño, la injuria sigue siendo castigada con prisión, excepto cuando el injuriado es una autoridad pública. Cualquiera de estas soluciones se encontraría adecuada al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En el famoso caso de El Universo, la defensa del Diario sostiene que, aunque la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión no es un tratado suscrito y ratificado por el Ecuador, al ser un instrumento de derecho internacional en materia de derechos humanos, se debería considerar que el delito de injuria está implícitamente derogado en Ecuador. La sentencia que firmó Juan Paredes afirma que, mientras no exista una derogatoria expresa, el análisis sobre la aplicación directa de tales principios es sólo un debate teórico.

En el caso ecuatoriano, el proyecto de Código Integral Penal mantiene exactamente las mismas penas para el delito de injuria, así como para el de difamación y mantiene sanciones más severas cuando la injuria se profiere contra una autoridad pública. El proyecto de ley -al menos en materia de injurias- es un reencauche de la norma actualmente vigente, que fue redactada hace siglos. Me arrancó una risa triste leer que ni siquiera cambiaron la norma que señala que no hay injuria en las agresiones verbales que cometan “tutores, curadores, patronos, maestros, directores o jefes de los establecimientos de educación, corrección o castigo” respecto de los adolescentes o pupilos a su cargo.

La discusión sobre el Código Integral Penal es una buena oportunidad para discutir la conveniencia de mantener o no a la injuria como delito, y de discutir la conveniencia de sancionarla con prisión o con multa. En todo caso, se debe tener en cuenta que una protección celosa de la honra de los políticos (estén o no en funciones públicas) sí constituye un obstáculo a la discusión abierta sobre los asuntos públicos.

 

Para leer más:

1. Jurisprudencia interamericana en materia de libertad de expresión

2. Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de DD.HH. sobre libertad de expresión

3. Proyecto de código integral penal (artículos sobre injuria: 115 a 129)

4. Discurso de Correa sobre libertad de expresión en la CELAC (3 diciembre 2011)

 

Publicado originalmente en GkillCity.

Más sobre la preferencia al artista nacional

La semana pasada expuse en este espacio las razones que mueven la norma de establecer una cuota de difusión de la música nacional (de cualquier género) en la radiodifusión. También se mostró el caso de otros países en que dicha regla existía, lo que ayuda a analizar la racionalidad y eficacia de las cuotas. Ahora presento un resumen de las normas actuales de preferencia al artista ecuatoriano.

Muchos pensábamos que establecer cuotas sería una innovación en el país y cambiaría la situación actual. Sin embargo, la realidad es que ya existen tales cuotas. En efecto, la Ley de Defensa Profesional de Artistas (Registro Oficial Nº 798 de 23 de marzo de 1979) ya establece cuotas de radiodifusión y televisión para artistas nacionales. Su artículo 28 señala: Las estaciones de radiodifusión y canales de televisión, deberán promocionar la música popular ecuatoriano y a los artistas nacionales. La televisión en una proporción del 10% y las estaciones de radiodifusión en un 30% de sus programaciones regulares, de las que el 5% serán en presentaciones o actuaciones en vivo en la televisión y el 30% en las estaciones de radiodifusión”.

Es decir, por un lado, los canales y las radios que no cumplan estos porcentajes han incumplido la norma y, por otro lado, al no establecerse sanciones en la ley, el Estado ha fallado en su rol de control. Debido a una defectuosa redacción de la ley, no se ha tipificado una sanción a quien incumpla tales porcentajes y, al no haber infracción, no se puede sancionar al infractor. Si los artistas quisieran obligar a cumplir esta norma, podrían plantear una acción de protección que, a diferencia del anterior amparo, ahora sí puede ser planteada contra particulares, siempre que se demuestre que la persona afectada se encuentra “en estado de subordinación, indefensión o discriminación.

Como la ley vigente establece porcentajes universales, para todo tipo de radio o de canal, podría haber dificultades para ciertas emisoras, mientras otras podrían cumplir fácilmente con la cuota. Pero como no se fija horarios, existe el riesgo de que la cuota se cumpla en horas de la madrugada. Pero, en todo caso, las cuotas existen actualmente y suprimirlas sería un retroceso para los artistas.

En la misma ley se disponen otras normas aún más difíciles de cumplir: las salas de cine deben presentar programas artísticos en vivo, al menos una vez al mes. Se dispone un porcentaje de discos de artistas nacionales por cada disco de música extranjera introducida al mercado, un número mínimo de discos que deben ser editados para un artista exclusivo de un sello musical y hasta las normas sobre espectáculos públicos: en los conciertos, el artista extranjero sólo puede presentarse en el 40% del programa artístico y la remuneración de los artistas ecuatorianos no puede ser menor al 50% de la remuneración que cobre el artista extranjero (art. 13).

En materia de publicidad, la ley dispone que el 75% de los anuncios comerciales (en radio, televisión y cine) sean producidos en el país con artistas profesionales ecuatorianos. El 25% restante se puede transmitir previo el pago de un derecho a la entidad privada “Federación Nacional de Artistas Profesionales del Ecuador, FENAPRE”.

El Reglamento a esta ley obliga al artista extranjero a ofrecer una presentación gratuita en el lugar que determine el ex Ministerio de Trabajo, bajo pena de multa de hasta veinte mil sucres (ochenta centavos). Muchas empresas organizadoras de conciertos cumplían la multa entregando pases de cortesía para los burócratas de ese ministerio. Cuando Galo Chiriboga era ministro, esa práctica se suspendió, pero no se si haya vuelto a ocurrir o si los pases de cortesía tengan mejor destino.

Esta ley y su reglamento llegan al extremo de describir el contenido de los contratos de artistas, fija la forma en que se pagará el honorario y confunde conceptos laborales en un contrato de naturaleza civil. Además, faculta a la privada FENAPRE no sólo a cobrar a todo artista nacional y extranjero, sino hasta a decidir quién viaja a certámenes internacionales en representación del país. Cuando en 2007 el presidente Correa demandó la inconstitucionalidad de la afiliación obligatoria a colegios profesionales, no incluyó el caso de la FENAPRE, por lo que la afiliación sigue siendo obligatoria para los artistas.

En conclusión, al igual que las victorianas competencias del ex CONARTEL para controlar la moralidad de los programas de radio y televisión (Ley de Radio y Televisión, art. 5-e, letra h), las normas sobre artistas y su preferencia están desfasadas de la realidad, pero ya existen cuotas para música nacional. Probablemente la ley de comunicación que se debate (o el enésimo borrador que a esta fecha circule Mauro Andino) no sea la mejor forma de actualizar estas normas, pero sin duda estamos muy lejos de un escenario en que no existen leyes que regulen la comunicación.

Publicado originalmente en La República.

Preferencia al artista nacional

La semana pasada, los Calle 13 lanzaron cuatro mensajes políticos durante su concierto en Quito. Uno: rechazar la “minería contaminante” (aunque, como es necesaria, aceptaron una “minería responsable”). Dos: Reclamar la independencia de su tierra, Puerto Rico. Tres: Varias veces exigieron educación pública gratuita. Cuatro: Que en las radios ecuatorianas suene música ecuatoriana.

Como era de esperarse, la posición de los puertorriqueños sobre la minería (así como la de Manu Chao) fue ampliamente difundida, mientras los otros mensajes quedaron sólo para los asistentes. Me quiero referir a la cuarta proclama, que en nuestro país se conecta con la llamada “ley de cuotas”.

Muchos músicos han reclamado medidas de acción afirmativa para la música ecuatoriana, especialmente la oportunidad de sonar en las radios. No es una petición nueva ni una novelería chauvinista nacida a partir de Montecristi: establecer porcentajes de tiempo en las radios para la música local es algo muy común en países como Francia, Canadá, Reino Unido, México, Israel, Brasil y Argentina. Consiste en fijar mediante ley un porcentaje (o cuota) de música nacional que debe sonar en las radios. Por música nacional se debe entender a la creada en el país, sea del género que fuese.

En defensa de esta medida, se argumenta, en síntesis:

1. Compensa una falla de mercado: como el público no tiene acceso a la música nacional, no puede adquirir gusto por ésta,

2. Las disqueras internacionales utilizan estrategias, infraestructura e integración con otros medios (internet, televisión,…) para promocionar sus artistas. La cuota buscaría atenuar la asimetría entre oferentes en ese mercado,

3. Las frecuencias son un bien público y deberían ser aprovechadas en función del interés público,

4. Sustitución de importaciones: en lugar de que vayan al exterior los pagos regalías, conciertos, merchandising y demás, esos recursos podrían cobrarlos los artistas nacionales, que moverán principalmente la economía nacional.

No faltan voces que critican la medida por una supuesta merma a libertades editoriales, la emergencia de iPods y demás reproductores que compiten con la radio (donde no es posible ninguna regulación ni margen de preferencia), la dificultad de definir qué se entiende por producción nacional y de aplicar la cuota para radios que no sean predominantemente musicales (como las radios deportivas o las de noticias) o, en fin, que las nuevas tecnologías como el internet ya son suficiente escenario para la música independiente.

El argumento favorito de muchas radios es retar a los artistas a difundirse por su calidad, no por imposición legal. “Un buen artista no necesita preferencia para ganar el favor del público” han dicho. Sin embargo, los hechos demuestran que las radios no eligen música en mérito a la calidad, sino a otros factores.

Inocentemente, se podría pensar que las radios transmiten la música que su público quiere. Si tan sólo esa fuera la razón, también se justificaría fijar una cuota para que los oyentes se acostumbren a nuevos sonidos y eleven la calidad de la demanda. Los mismos artistas saben que la calidad no garantiza ni la transmisión ni el ganar el favor del público. Sobran ejemplos de música de mala calidad que se vuelve hit, así como de música muy buena, que por no ser rotada en las radios, no llega a ser conocida.

Pero es ampliamente conocido que la radiodifusión no se limita a transmitir lo que piden las audiencias: el fenómeno de la payola (o el pagar, en dinero o en privilegios, para ser rotado) se ve en muchos países (siendo incluso penado en otros), la compra de discos por parte de los propios artistas (como denuncian los mismos Calle 13 en alguna canción), la alteración de rankings, la simulación de llamadas o los conflictos de interés de empleados de disqueras que también hacen radio, son sólo algunas formas de llegar a las radios.

Dos proyectos de ley buscan establecer cuotas: el proyecto de ley de comunicación, cuyo texto ha sido cambiado tantas veces que ni el mismo Presidente Correa sabe en qué versión están (y los cambios se seguirán haciendo, quizá hasta el día mismo de la votación); y, de otro lado, en el proyecto de ley de cultura, que fija un draconiando 50%, sin permitir adaptaciones para radios que no transmitan principalmente música ni permitir al reglamento aplicar en detalle esa norma. Ambos proyectos debían aprobarse en octubre de 2009, sin embargo, permanecen bloqueados por falta de votos.

La fijación de cuotas no debiera limitarse sólo a la música. Otras artes también debieran tener una preferencia establecida en ley, cuyas características se describan en reglamentos que recojan la voluntad e inquietudes de todos los involucrados.

Otras formas de preferencia, como la que actualmente rige para conciertos, dan para otro artículo.

Publicado originalmente en La República.

Insumos para el buró

El presidente Correa ha anunciado que estudiará una posible remisión de la pena en el caso El Universo. La remisión es una figura que permite al querellante de un juicio de acción privada borrar la pena del condenado. Una posible remisión será estudiada en el seno del buró político del Movimiento País, pues el Presidente ha considerado que el resultado del juicio puede tener efectos en el proyecto político que impulsa la lista 35. Este texto resume algunos puntos jurídicos que el buró político debería considerar.

Han sido tres los objetivos que el presidente Correa ha dicho que buscaba con este juicio:

1. Rechazar la mentira (Esto es, demostrar que Emilio Palacio no tenía bases para afirmar lo que dijo),
2. Demostrar que los principales de un medio de comunicación tienen algún nivel de responsabilidad por lo que se publica y
3. Alentar a otras personas perjudicadas por información errónea a reclamar sus derechos.

El presidente Correa estima que tales objetivos han sido cumplidos, por lo que nada impediría remitir la pena de cárcel e indemnización para los condenados. Extinguir la multa confirmaría la inexistencia de un afán de enriquecimiento, incluso más que los anunciados destinos de un eventual cobro, como eran la iniciativa Yasuní o la capitalización del mismo diario, por parte de trabajadores y canillitas.

Muchos ecuatorianos valiosos se abstienen de participar en política por miedo a que su nombre termine injustamente con mala fama. La proliferación de acusaciones falsas ha privado a la sociedad de brillantes personajes públicos (de distintas tendencias políticas), y ha dejado, hasta hace poco, a la cosa pública en manos de personas menos capacitadas o -mucho peor- con prontuarios de peligro. Aún reconociendo este problema, es necesario que las personas que ejercen cargos públicos reciban críticas muy duras -y a veces injustas- como gajes del oficio. Es imposible que en una sociedad libre los gobernantes y personas públicas no reciban críticas o descalificaciones, justas o no.

Por tal motivo, los jueces debían considerar no solamente el derecho a la honra (que sin duda existe) con el derecho a la libre expresión (que es tan amplio como para incluir no sólo cosas verdaderas sino falacias y hasta disparates). Ninguno de los jueces en el caso El Universo comparó adecuadamente estos derechos. En el caso Gran Hermano, la jueza Portilla reduce a tal nivel la libertad de expresión que llama ilícitas las imputaciones no verificadas por organismos de control. Con un razonamiento tan radical, nadie hubiese podido mencionar el caso Filanbanco en ningún momento entre 1998 y 2008, cuando la Superintendenta Gloria Sabando aprobó la auditoría de Delloite sobre ese perjuicio.

Aún cuando se hubieren alcanzado los tres objetivos que señala el Presidente, como consecuencia de este caso, la sociedad ecuatoriana se enfrentará a tres desafíos:

1. Por un lado, si bien el juicio demostró que Palacio no tenía ningún fundamento para lanzar una acusación gravísima, lamentablemente la sentencia carece de suficiente prestigio en la sociedad en general, debido principalmente a la forma como fue obtenida. Haber negado varias pruebas a la defensa, omitir cualquier mención a la audiencia en la sentencia y la existencia de varios indicios sobre la forma como se la redactó permiten a muchas personas mantener dudas sobre si a Palacio y los señores Pérez se les dio un juicio justo, al cual tienen derecho como cualquier persona.

2. Es verdad que se crea un precedente de co-responsabilidad entre autor y principal del medio de comunicación. Pero su efecto es que veremos una disminución de la pluralidad de voces en los distintos medios de comunicación. Muchos medios de comunicación preferirán no abrir sus espacios a personas que no conocen o que no comparten sus puntos de vista. Este precedente debería limitarse en una ley de comunicación que explique cuándo un dueño de medio de comunicación puede considerarse autor coadyuvante y cuándo un medio de comunicación puede ser condenado para fines indemnizatorios. Mientras no se regule claralmente, escribir o intervenir en un medio de comunicación entraña un riesgo tan incalculable como invitar a alguien a participar en un medio.

3. Si bien el juicio contra El Universo demuestra que se puede reclamar ante la justicia por los excesos de la prensa (como se ha reclamado en muchos otros países del mundo), la forma en que se ha llevado el juicio afecta esta pedagogía: para el caso del ciudadano Presidente, las providencias demoraron menos que para otros casos, se concedieron cambios de fecha conforme a la agenda presidencial y se fijaron indemnizaciones millonarias sin una explicación sustentada ni suficiente razonamiento jurídico. Es muy poco probable que otra persona que plantee un juicio contra la gran prensa tenga el mismo tratamiento. Esto afecta mucho a la credibilidad de la justicia, a la que todos deberíamos contribuir a rescatar.

La decisión que tome el buró político debe analizar no solamente los efectos que este caso tenga en la credibilidad del régimen o en los resultados de corto plazo, sino principalmente en la adecuada consolidación de un Estado constitucional de derechos y de justicia, como se ofreció en Montecristi. No basta con remitir la pena para Palacio, los señores Pérez y/o la C.A. El Universo, pues es necesario mejorar las instituciones jurídicas para asegurar que el derecho a un juicio justo llegue a todas las personas por igual. La prensa ha reclamado con especial énfasis el debido proceso para este caso, pero creo que el debido proceso debe reclamarse para todas las personas. Lamentablemente, el rechazo de pruebas, la falta de control de convencionalidad (controlar que se cumplan los convenios internacionales) y la falta de motivación de las sentencias son fenómenos muy comunes en el Ecuador. Nuestra administración de justicia ha recibido constantes llamados de atención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Un Estado de derechos y de justicia debe aparecer en el foro internacional de derechos humanos como un ejemplo, nunca como un observado. Más allá de los defectos o sesgos que pueda tener el SIDH (que deben reducirse con la participación activa de los países miembros), si el Sistema cuestiona al Ecuador, es obligación del Estado revisar si en verdad se está construyendo el Estado de derechos y de justicia ofrecido.

Para solventar adecuadamente los tres desafíos arriba señalados, el buró político debería emitir tres sugerncias:

1. Sugerir al presidnete Correa remitir la pena no sólo en el caso El Universo, sino también en el caso Gran Hermano, puesto que los objetivos planteados por Correa no se refieren solamente a un caso, sino a un criterio general. Asimismo, el ciudadano Correa debería evaluar la conveniencia de continuar trabajando con los abogados que ha tenido hasta ahora.

2. Sugerir a los vocales del Consejo de la Judicatura establecer medidas para mejorar la administración de justicia, de modo que se pueda garantizar el debido proceso a todas las personas, sin importar su nivel económico o de influencia. Como medida estándar, siempre que una decisión judicial sea motivo de alerta por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, quien emitió tal decisión debería ser suspendido, para evitar que afecte a otras personas.

3. Sugerir a sus asambleístas que, en el nuevo Código Integral Penal, supriman la pena de cárcel para los delitos de injuria y la reemplacen con una multa económica, tal como en Argentina propuso la presidenta Cristina Kirchner, quien también mantiene controversias con sectores de la prensa y también rechaza la sumisión de los países periféricos a criterios jurídicos de los países centrales. Además, los asambleístas deberán reformar el Código Civil para fijar un monto máximo de indemnización por daño moral, por ejemplo en máximo cien salarios básicos unificados, así como fijar criterios para establecer la indemnización: no es lo mismo una deshonra en un medio nacional que en un medio local. Esta medida serviría incluso para desactivar contingencias que actualmente existen por reclamos al Estado y a varios de sus servidores públicos, por millonarias cantidades.

Publicado originalmente en La República.

Leyes con plazos

Se acaba de aprobar en el Legislativo una ley que sanciona prácticas anti competitivas. Con otro nombre y otra superintendencia, esto ya se logró en 2002. El proyecto de Rafael Dávila fue vetado totalmente por Pedro Pinto, vicepresidente de Gustavo Noboa, a pedido de cámaras productivas. En esta ocasión, será cuestión de tiempo para ver la ley publicada en el Registro Oficial.

A estas horas no se sabe si el proyecto de ley será vetado parcialmente por el Ejecutivo o si el ejecútese será inmediato. En todo caso, un proyecto de ley que ha esperado más de diez años (Dávila presentó el primer proyecto en 1999), se habrá vuelto ley en menos de tres meses. El récord de aprobación de la ley se debe al plazo de 30 días que ordena la Constitución para proyectos de urgencia económica. Este atajo será utilizado por el Ejecutivo también para una reforma tributaria y para enviar una nueva ley de mercado de valores.

Este es un gran contraste frente a otros proyectos de ley, que no avanzan en su publicación, incluso a pesar de que la Constitución ordenó que sean aprobados hasta máximo octubre de 2009. Los proyectos de ley de cultura, de comunicación y de aguas han quedado en suspenso hasta encontrar votos para aprobarlos.

En materia de comunicación, el proyecto que impulsa la bancada gobiernista no convence a los asambleístas aliados. El proyecto de ley de aguas se diluyó en una prometida “consulta prelegislativa” que hasta ahora no se realiza (a pesar que existen normas para realizar esta consulta, expedidas por la Corte Constitucional). De su lado, el proyecto de ley de cultura no convence a la totalidad del bloque gobiernista.

Si bien un plazo de 30 días es un reto para aprobar leyes, sería ideal que el Legislativo se establezca plazos para aprobar leyes tan importantes como las ordenadas por la Constitución. A su vez, los tres proyectos de ley atascados tienen serias falencias y omisiones. La Ley de Participación Ciudadana permite que individuos presenten proyectos de ley, siempre que superen el 0,25% de firmas del padrón electoral. Este porcentaje debe equivaler a aproximadamente 25.000.

Este camino ha sido elegido por un grupo de ciudadanos que proponen reformas penales para endurecer penas. La misma ruta deberíamos seguir para impulsar proyectos de ley desde la ciudadanía, para hacer a un lado los proyectos de ley que se han entrampado.

Así por ejemplo, los ciudadanos con interés en corregir la actual ley de aguas (y la masiva concentracion de mucha concesiones en pocas manos) deberían reunir firmas para presentar un proyecto de ley que no tenga los problemas del proyecto que actualmente está en la Asamblea.

Todos los que hemos criticado la ley de comunicación que reposa en la Asamblea deberíamos organizarnos para enviar un proyecto de ley que no se apegue a las tesis del gobierno pero que sí establezca procedimientos para rectificación y réplica, con apego a las normas y sugerencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se necesita una ley de comunicación para eliminar la posibilidad de que el Ejecutivo cierre canales, como ocurrió con Teleamazonas y para poner límites a las cadenas nacionales, en horarios, temas y frecuencia de emisión.

La política cultural ha sido cuestionada, incluso con creativas protestas como la difundida en este espacio por Carlos Andrés Vera. Desde hace años, Santiago Roldós ha defendido en Revista Vistazo el proceso que vive el ITAE para promover la cultura y la educación. Sería deseable que los gestores culturales libres promuevan organizados su propio proyecto de ley de cultura, que corrija errores atávicos de corporativismo y centralismo que aquejan a la matriz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

La Ley de Participación Ciudadana ordena que los proyectos de ley presentados por la ciudadanía deben ser tramitados en máximo 180 días, tiempo totalmente razonable para discutir cada tema e incorporar mejoras a los textos. Si la Asamblea no aprueba en ese plazo, el proyecto de ley se publica en el Registro Oficial.

Publicado originalmente en La República.