La injuria en Latinoamérica

Ver una audiencia de estrados, un juicio o la forma cómo se descubre un crimen en la televisión o en el cine es totalmente distinto a una audiencia en nuestro país. Acá el juez no usa toga, ni imparte órdenes con un mazo de madera. No hay salas elegantes de altos vitrales dentro de palacios neoclásicos con interminables gradas. Una audiencia a la ecuatoriana se realiza en oficinas diminutas, generalmente repletas de juicios cosidos y papeles en desorden. En las series gringas, los abogados piden permiso para acercarse al estrado del juez. En la realidad criolla, es común gritar, llegar atrasado, hacer bromas o hasta caerle a carpetazos al juez. Somos tropicales: ¡no insistan!

Pero la diferencia no se queda sólo en la forma externa ni en el comportamiento cultural. Si usted lee una sentencia gringa, encontrará algunas por ahí alguna norma legal, pero principalmente encontrará citas a casos anteriores. Para los gringos, el Derecho está principalmente en los precedentes creados por jueces en sentencias sobre temas similares. Para nosotros, la norma escrita es la principal fuente del Derecho (como todos los países latinos y la Europa continental).

Por eso uno parece lógico, al menos en principio, que algunas soluciones jurídicas del Derecho común en EE.UU. no sean aplicables al derecho romano-germánico de los países latinoamericanos. En EE.UU. un caso puede cerrarse si el demandado paga una indemnización al demandante, como una forma de evitar ser declarado culpable. Ciertos estados tienen pena de muerte. Y, en otras diferencias, cuando alguien lanza una injuria, puede terminar pagando una indemnización, pero no irá a la cárcel.

En nuestros países, en cambio, una injuria por lo general se sanciona con cárcel. Alguna manera de explicar la penalización de la injuria sería que el quitar la honra de una persona causa más daño que quitarle un bien material, como un carro o una casa. Al fin y al cabo, mientras los bienes materiales se pueden reponer, la honra una vez mancillada, difícilmente puede recuperarse.

Cuando nuestros tropicales líderes escuchan la propuesta de borrar a la injuria del Código Penal y dejarla para los jueces civiles, perciben que se plantea incorporar un injerto de la forma anglosajona de resolver los insultos en un sistema jurídico distinto. En realidad, la despenalización de la injuria no es una importación traída del sistema jurídico de los EE.UU. sino una evolución natural del propio sistema jurídico de nuestros países.

La propuesta de despenalización nace de las reflexiones que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos de condenas por injurias sustanciadas en nuestros países. A la conclusión de que debe suprimirse la injuria como delito han arribado jueces latinoamericanos que conforman esta Corte:

En julio de 2004, la Corte Interamericana de DD.HH. señaló que Costa Rica debe derogar la tipificación de la injuria como delito (Caso Herrera Ulloa),

En septiembre de 2004, la Corte ponderó que Paraguay haya cambiado en su código penal la sanción de prisión por la opción entre prisión o multa (Caso Ricardo Canese),

En mayo de 2008, la Corte recomendó a Argentina adecuar la norma penal sobre injurias, que era demasiado discrecional que podía afectar la libertad de expresión (Caso Eduardo Kimel),

En enero de 2009, la Corte conoció el Caso Tristán-Donoso sobre una sentencia de injurias: no necesitó instar a Panamá a cambiar su ley, porque ya lo había hecho antes de que salga la sentencia,

Caso Perozo y otros, Sentencia del 28 de enero de 2009.

En 2009 la presidenta Cristina Kirchner, que pertenece al grupo de presidentes con énfasis en la soberanía y libre determinación de los pueblos, pidió al Legislativo que cambie la sanción de prisión por multas que llegan, máximo, a los $7.800. Fue una forma de reivindicar a Eduardo Kimel, el periodista que fue condenado por un libro que cuestionaba el comportamiento de un juez en la época de Menem. Kimel falleció en febrero de 2010, antes de la reforma. En marzo de 2010, el legislador Diego Kravetz se libró de una demanda de un director de hospital en virtud de la reforma legal.

Antes, Pepe Mujica, de Uruguay, sancionó una ley que deroga la injuria del Código Penal uruguayo, y lo deja para reclamo civil por daños y perjuicios. No imagino qué pensaron Kirchner y Mujica al escuchar, en diciembre pasado, a Correa explicar su bronca con la prensa en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC). En ese discurso, Correa no rechazó discutir la despenalización de la injuria, pero rechazó que el fundamento para tal reforma sea que “los países anglosajones no penalizan la injuria”.

En noviembre de 2011, México suprimió los delitos de difamación, calumnia e injuria en una Ley de Imprenta que data de 1917. Antes, en abril de 2007, el Senado Federal ya había despenalizado los delitos la injuria, difamación y calumnia. Como México es un país federal, cada estado debe reformar su código penal. Desde 2007, muchos estados y entidades subnacionales han suprimido estos delitos. En 2010, Veracruz y otros 17 estados tenían pendiente aprobar su respectiva reforma penal. La pugna entre “honor” y “libertad de expresión” enfrentó en México a un diario con una revista, porque ésta acusó al rotativo de tener nexos con la prensa cercana al terrorismo vasco. En ese juicio civil, la Suprema Corte consideró que entre ambos derechos, prevalece el derecho a la libre expresión.

En julio de 2007, El Salvador incorporó en su Código Penal un artículo que exime de delito a los juicios de valor (dentro o fuera de medios de comunicación), salvo que tengan un propósito de calumnia. La norma aclara que en ningún caso tendrán responsabilidad penal los medios de comunicación por lo que publiquen, ni tampoco los propietarios, directores, gerentes o editores del medio o del programa.

En Paraguay, la injuria pasó a ser castigada sólo con multa, a raíz de una reforma de 1998. La reforma mantuvo, en cambio, la pena de prisión para la calumnia cuando se realiza en público o mediante un medio de comunicación, pero esa pena puede ser sustituida por una multa. En el caso Ricardo Canese vs. Paraguay, los representantes de la presunta víctima solicitaron que la corte ordene a Paraguay derogar los delitos de injurias, difamación y calumnia. La Corte valoró las reformas de 1998 y 2000. La Corte no ordenó derogar los delitos, así que se puede pensar que la legislación paraguaya está adecuada a las normativa interamericana de derechos humanos.

En julio de 2005, en Panamá se derogó el desacato y reguló la responsabilidad ulterior (derecho de réplica, rectificación o respuesta). La reforma de mayo de 2007 mantiene el delito de injuria cuando el delito se comete hacia un particular, pero si el ofendido es un funcionario de elección popular o un gobernador, no se impone sanción penal, sino sólo hay indemnización civil. La Comisión Interamericana solicitó a la Corte que ordene a Panamá reformar su ley penal, pero la Corte no estimó necesario ordenar tales reformas. Esta solución es acorde con el criterio de disminuir el nivel de protección del honor de personajes públicos para permitir el debate democrático sobre asuntos de interés público.

En Perú, se discuten reformas penales en el legislativo. En julio de 2011, el primer debate de la reforma penal, se aprobó cambiar para los delitos de injuria y difamación las penas de prisión por la de trabajos comunitarios por hasta 200 días. Aún falta que en segundo debate se ratifique la despenalización y que el Presidente Ollanta Humala sancione la reforma legal. En campaña electoral, Humala se comprometió a apoyar la reforma.

Como se puede ver, algunos países han borrado totalmente la injuria de sus códigos penales. Otros, han cambiado la pena de prisión por multas económicas, limitadas de acuerdo a la ley. En el caso panameño, la injuria sigue siendo castigada con prisión, excepto cuando el injuriado es una autoridad pública. Cualquiera de estas soluciones se encontraría adecuada al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En el famoso caso de El Universo, la defensa del Diario sostiene que, aunque la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión no es un tratado suscrito y ratificado por el Ecuador, al ser un instrumento de derecho internacional en materia de derechos humanos, se debería considerar que el delito de injuria está implícitamente derogado en Ecuador. La sentencia que firmó Juan Paredes afirma que, mientras no exista una derogatoria expresa, el análisis sobre la aplicación directa de tales principios es sólo un debate teórico.

En el caso ecuatoriano, el proyecto de Código Integral Penal mantiene exactamente las mismas penas para el delito de injuria, así como para el de difamación y mantiene sanciones más severas cuando la injuria se profiere contra una autoridad pública. El proyecto de ley -al menos en materia de injurias- es un reencauche de la norma actualmente vigente, que fue redactada hace siglos. Me arrancó una risa triste leer que ni siquiera cambiaron la norma que señala que no hay injuria en las agresiones verbales que cometan “tutores, curadores, patronos, maestros, directores o jefes de los establecimientos de educación, corrección o castigo” respecto de los adolescentes o pupilos a su cargo.

La discusión sobre el Código Integral Penal es una buena oportunidad para discutir la conveniencia de mantener o no a la injuria como delito, y de discutir la conveniencia de sancionarla con prisión o con multa. En todo caso, se debe tener en cuenta que una protección celosa de la honra de los políticos (estén o no en funciones públicas) sí constituye un obstáculo a la discusión abierta sobre los asuntos públicos.

 

Para leer más:

1. Jurisprudencia interamericana en materia de libertad de expresión

2. Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de DD.HH. sobre libertad de expresión

3. Proyecto de código integral penal (artículos sobre injuria: 115 a 129)

4. Discurso de Correa sobre libertad de expresión en la CELAC (3 diciembre 2011)

 

Publicado originalmente en GkillCity.

Insumos para el buró

El presidente Correa ha anunciado que estudiará una posible remisión de la pena en el caso El Universo. La remisión es una figura que permite al querellante de un juicio de acción privada borrar la pena del condenado. Una posible remisión será estudiada en el seno del buró político del Movimiento País, pues el Presidente ha considerado que el resultado del juicio puede tener efectos en el proyecto político que impulsa la lista 35. Este texto resume algunos puntos jurídicos que el buró político debería considerar.

Han sido tres los objetivos que el presidente Correa ha dicho que buscaba con este juicio:

1. Rechazar la mentira (Esto es, demostrar que Emilio Palacio no tenía bases para afirmar lo que dijo),
2. Demostrar que los principales de un medio de comunicación tienen algún nivel de responsabilidad por lo que se publica y
3. Alentar a otras personas perjudicadas por información errónea a reclamar sus derechos.

El presidente Correa estima que tales objetivos han sido cumplidos, por lo que nada impediría remitir la pena de cárcel e indemnización para los condenados. Extinguir la multa confirmaría la inexistencia de un afán de enriquecimiento, incluso más que los anunciados destinos de un eventual cobro, como eran la iniciativa Yasuní o la capitalización del mismo diario, por parte de trabajadores y canillitas.

Muchos ecuatorianos valiosos se abstienen de participar en política por miedo a que su nombre termine injustamente con mala fama. La proliferación de acusaciones falsas ha privado a la sociedad de brillantes personajes públicos (de distintas tendencias políticas), y ha dejado, hasta hace poco, a la cosa pública en manos de personas menos capacitadas o -mucho peor- con prontuarios de peligro. Aún reconociendo este problema, es necesario que las personas que ejercen cargos públicos reciban críticas muy duras -y a veces injustas- como gajes del oficio. Es imposible que en una sociedad libre los gobernantes y personas públicas no reciban críticas o descalificaciones, justas o no.

Por tal motivo, los jueces debían considerar no solamente el derecho a la honra (que sin duda existe) con el derecho a la libre expresión (que es tan amplio como para incluir no sólo cosas verdaderas sino falacias y hasta disparates). Ninguno de los jueces en el caso El Universo comparó adecuadamente estos derechos. En el caso Gran Hermano, la jueza Portilla reduce a tal nivel la libertad de expresión que llama ilícitas las imputaciones no verificadas por organismos de control. Con un razonamiento tan radical, nadie hubiese podido mencionar el caso Filanbanco en ningún momento entre 1998 y 2008, cuando la Superintendenta Gloria Sabando aprobó la auditoría de Delloite sobre ese perjuicio.

Aún cuando se hubieren alcanzado los tres objetivos que señala el Presidente, como consecuencia de este caso, la sociedad ecuatoriana se enfrentará a tres desafíos:

1. Por un lado, si bien el juicio demostró que Palacio no tenía ningún fundamento para lanzar una acusación gravísima, lamentablemente la sentencia carece de suficiente prestigio en la sociedad en general, debido principalmente a la forma como fue obtenida. Haber negado varias pruebas a la defensa, omitir cualquier mención a la audiencia en la sentencia y la existencia de varios indicios sobre la forma como se la redactó permiten a muchas personas mantener dudas sobre si a Palacio y los señores Pérez se les dio un juicio justo, al cual tienen derecho como cualquier persona.

2. Es verdad que se crea un precedente de co-responsabilidad entre autor y principal del medio de comunicación. Pero su efecto es que veremos una disminución de la pluralidad de voces en los distintos medios de comunicación. Muchos medios de comunicación preferirán no abrir sus espacios a personas que no conocen o que no comparten sus puntos de vista. Este precedente debería limitarse en una ley de comunicación que explique cuándo un dueño de medio de comunicación puede considerarse autor coadyuvante y cuándo un medio de comunicación puede ser condenado para fines indemnizatorios. Mientras no se regule claralmente, escribir o intervenir en un medio de comunicación entraña un riesgo tan incalculable como invitar a alguien a participar en un medio.

3. Si bien el juicio contra El Universo demuestra que se puede reclamar ante la justicia por los excesos de la prensa (como se ha reclamado en muchos otros países del mundo), la forma en que se ha llevado el juicio afecta esta pedagogía: para el caso del ciudadano Presidente, las providencias demoraron menos que para otros casos, se concedieron cambios de fecha conforme a la agenda presidencial y se fijaron indemnizaciones millonarias sin una explicación sustentada ni suficiente razonamiento jurídico. Es muy poco probable que otra persona que plantee un juicio contra la gran prensa tenga el mismo tratamiento. Esto afecta mucho a la credibilidad de la justicia, a la que todos deberíamos contribuir a rescatar.

La decisión que tome el buró político debe analizar no solamente los efectos que este caso tenga en la credibilidad del régimen o en los resultados de corto plazo, sino principalmente en la adecuada consolidación de un Estado constitucional de derechos y de justicia, como se ofreció en Montecristi. No basta con remitir la pena para Palacio, los señores Pérez y/o la C.A. El Universo, pues es necesario mejorar las instituciones jurídicas para asegurar que el derecho a un juicio justo llegue a todas las personas por igual. La prensa ha reclamado con especial énfasis el debido proceso para este caso, pero creo que el debido proceso debe reclamarse para todas las personas. Lamentablemente, el rechazo de pruebas, la falta de control de convencionalidad (controlar que se cumplan los convenios internacionales) y la falta de motivación de las sentencias son fenómenos muy comunes en el Ecuador. Nuestra administración de justicia ha recibido constantes llamados de atención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Un Estado de derechos y de justicia debe aparecer en el foro internacional de derechos humanos como un ejemplo, nunca como un observado. Más allá de los defectos o sesgos que pueda tener el SIDH (que deben reducirse con la participación activa de los países miembros), si el Sistema cuestiona al Ecuador, es obligación del Estado revisar si en verdad se está construyendo el Estado de derechos y de justicia ofrecido.

Para solventar adecuadamente los tres desafíos arriba señalados, el buró político debería emitir tres sugerncias:

1. Sugerir al presidnete Correa remitir la pena no sólo en el caso El Universo, sino también en el caso Gran Hermano, puesto que los objetivos planteados por Correa no se refieren solamente a un caso, sino a un criterio general. Asimismo, el ciudadano Correa debería evaluar la conveniencia de continuar trabajando con los abogados que ha tenido hasta ahora.

2. Sugerir a los vocales del Consejo de la Judicatura establecer medidas para mejorar la administración de justicia, de modo que se pueda garantizar el debido proceso a todas las personas, sin importar su nivel económico o de influencia. Como medida estándar, siempre que una decisión judicial sea motivo de alerta por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, quien emitió tal decisión debería ser suspendido, para evitar que afecte a otras personas.

3. Sugerir a sus asambleístas que, en el nuevo Código Integral Penal, supriman la pena de cárcel para los delitos de injuria y la reemplacen con una multa económica, tal como en Argentina propuso la presidenta Cristina Kirchner, quien también mantiene controversias con sectores de la prensa y también rechaza la sumisión de los países periféricos a criterios jurídicos de los países centrales. Además, los asambleístas deberán reformar el Código Civil para fijar un monto máximo de indemnización por daño moral, por ejemplo en máximo cien salarios básicos unificados, así como fijar criterios para establecer la indemnización: no es lo mismo una deshonra en un medio nacional que en un medio local. Esta medida serviría incluso para desactivar contingencias que actualmente existen por reclamos al Estado y a varios de sus servidores públicos, por millonarias cantidades.

Publicado originalmente en La República.

Perdón al arrepentido

Esta semana se conoció que la Comisión Europea multó con más de 12 millones de dólares (8,9 millones de euros) a Pacific Fruit por mantener un acuerdo de precios con Chiquita Brands International Inc. Sin embargo, Chiquita no fue sancionada. ¿Por qué? Porque confesó a la Comisión Europea su participación y pidió clemencia. Reveló información que demostró la existencia del cartel.

En efecto, durante 2004 y 2005, Pacific Fruit y Chiquita formaron un cartel (asociación ilícita) para fijar precios elevados en Grecia, Italia y Portugal. Sin la delación de Chiquita, a la Comisión Europea le hubiese tomado mucho más tiempo probar la existencia del cartel. O probablemente ni se hubiera enterado del cartel. Esa es la importancia de la delación para destruir carteles. En otros países, cada miembro del cartel se apresura en ser el primero en denunciar, para exonerarse de la multa, que siempre es muy alta.

La recién aprobada Ley de Control del Poder de Mercado recoge la institución de la “clemencia” o “delación compensada” que contemplan las leyes antimonopolio de otros países. El artículo 83 de su texto contempla cuatro requisitos para acceder a la exoneración de la multa, siempre que sea la primera en proporcionar pruebas suficientes del cartel a la Superintendencia y que dicha autoridad no tenga otros elementos suficientes de prueba para detectar o probar la existencia de un cartel.

Aparte de exonerar al primer delator, la ley permite también a la Superintendencia reducir la multa a quienes proporcionen información significativa, aun cuando no sea prueba suficiente o cuando la Superintendencia ya tenga otros elementos para saber de la existencia del cartel. El artícuo 84 del texto aprobado exige que los mismos cuatro requisitos deben cumplir para obtener reducciones de la multa.

Al primer delator que no cumpla las condiciones para exoneración total, se le reducirá hasta el 50% de la multa. El segundo recibirá hasta un 30% de reducción. En adelante, los demás que proporcionen información pueden recibir reducciones de hasta el 20%. Esta norma es tan generosa que, si hubiese sido aplicada al caso Pacific Fruit, ésta hubiese confesado en segundo lugar ante la Comisión Europea y hubiese recibido una importante rebaja en su multa.

En esta misma página, observaba Eduardo Carmigniani que la empresa que confiese su participación en un cartel podría librarse de la multa, pero no de las demandas por daños y perjuicios que entablen consumidores o compradores. En otras latitudes es poco común escuchar demandas por daños y perjuicios contra quienes confiesan cartelización. Chiquita, por ejemplo, no habrá temido a demandas de consumidores griegos, italianos o españoles tanto como temió la sanción de la Comisión Europea.

La ley ecuatoriana permite aplicar la clemencia no sólo a operadores económicos (empresas o grupos económicos), sino también a personas naturales. Así, un gerente (o ex gerente) arrepentido, puede acudir a denunciar el cartel y librarse de las multas para personas naturales, que pueden llegar a 500 remuneraciones básicas unificadas ($ 132.000 en 2011).

Y la misma lógica de reducir penas para conseguir información se aplica en materia penal.

La legislación penal ecuatoriana contempla reducción de penas para quien proporciona información. Es lo que se denomina “atenuantes” de la pena. El proyecto de Código Penal Integral contempla la figura de reducción de penas a cambio de información importante para detener o inculpara a otros delincuentes o a autores intelectuales. El Presidente Correa ha preferido no esperar a que el nuevo código esté aprobado para ofrecer reducción de penas o amnistías para quien entregue información o para quien, sin haber sido capturado, se entregue voluntariamente. Ya precisó que las exoneraciones o reducciones aplicarán a quienes hayan participado como cómplices o en pocos actos delictivos, no para asesinos múltiples.

En cambio, para los choneros que no se entreguen ni colaboren, la consigna del Ministro del Interior es buscar la pena más alta posible. Naturalmente tanto condena como instrucción fiscal o la propia amnistía está sujeta a las decisiones de cada órgano competente: jueces, fiscales o asambleístas. El fallido anuncio de amnistía a Alberto Dahik es una prueba clara que las amnistías no dependen de la sóla voluntad del Presidente.

Si algunos de los choneros llegan a entregarse o a delatar a otros choneros, seguramente el Presidente aplicará figuras como reducción de penas o indultos, mientras no esté en vigencia el Código Penal Integral. Solucionar el problema de inseguridad en Manabí -y en el país- no puede esperar la aprobación de la norma legal, cuando la Constitución permite que el Presidente modifique la duración de las penas.

Publicado originalmente en La República.

La impunidad que revela el informe Alston

De cada cien mil habitantes, 20 fallecieron por homicidios en 2010, según estimaciones de autoridades. Apenas 1,3% de los homicidios denunciados a la Policía terminan en sentencia condenatoria. Es decir, casi 99% de los homicidios terminan en la impunidad.

Estos datos provienen del informe preparado por el Profesor Phillip Alston, relator de Naciones Unidas para investigar ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Para el caso ecuatoriano, Alston visitó el país entre el 5 y el 15 de julio del 2010, por invitación del gobierno ecuatoriano. Tan solo el resumen del informe Alston es para erizar la piel: “El tema de fondo es que hoy en Ecuador, la posibilidad de ser condenado/a por dar muerte a una persona es extraordinariamente baja” es la conclusión lapidaria de los datos presentados por el informe.

De acuerdo a las estadísticas vitales que lleva el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), en 2008, el índice de homicidios por cada cien mil habitantes era 18. La meta del Gobierno es reducir esa tasa a 9 por cada cien mil habitantes para el 2013, pero será muy difícil alcanzarla porque en 2009 y 2010 la tasa no sólo que ha disminuido, sino que ha aumentado. Aún no hay información de 2011, pero muy probablemente la meta no se alcanzará.

El relator de NN.UU. pone el dedo en la llaga al señalar las fallas de la policía judicial (afirma que no investiga seriamente), en la Fiscalía (más preocupada por las relaciones públicas que por la condena a los autores de crímenes) y en la Función Judicial (condenada por su ineficiencia y mala gestión).

El profesor Alston analiza el informe de la Comisión de la Verdad y, aunque reconoce su sesgo y las limitaciones de su investigación, rescata la investigación realizada para echar luces sobre los 116 “incientes ilegales”, entre los que se destacan 68 ejecuciones extrajudiciales, la mayor parte cometidos entre 1984 y 1988. La Comisión de la Verdad analizó también otros hechos, como los asesinatos perpetrados en la frontera norte y el famoso Caso Fybeca.

La Relatoría de NN.UU. analizó seis fenómenos particulares de asesinatos: la violencia de la frontera norte relacionada con el conflicto colombiano (incluyendo excesos de las Fuerzas Armadas ecuatorianas), el sicariato (con anuncios de “trabajos” por apenas $20), las ejecuciones extrajudiciales que realizan policías (sea con balazos en operativos o por exceso de tortura), la violencia de la justicia indígena (cuando viola derechos humanos), los excesos de las juntas del campesinado y la intimidación contra defensores de derechos humanos.

Alston acusa la impunidad reinante cinco realidades: carecemos de un buen sistema de protección de víctimas y testigos, la precariedad de las investigaciones de la policía y la fiscalía, la corrupción y lentitud de los tribunales, la facilidad para encasillar casos de homicidios como “ajuste de cuentas” y la limitada capacidad del Defensor del Pueblo para ejercer real presión sobre las instituciones competentes.

Las recomendaciones del informe ya se están implementando: reformar la Policía, transformar la Función Judicial y capacitar a las FF.AA. en materia de derechos humanos, pero el reto es muy grande y requerirá el apoyo de organismos internacionales.

Como el profesor Alston criticó las prioridades de la Fiscalía y mostró la real cara de las Juntas del Campesinado, se ganó las críticas de Washington Pesántez, que ignoró el informe. El nuevo fiscal ofreció, el 18 de julio de este año, crear una comisión que de seguimiento a las recomendaciones del Profesor Alston. Es necesario que la Fiscalía asuma la responsabilidad de aplicar totalmente las recomendaciones de la relatoría, para atacar la impunidad que incentiva más delincuencia e inseguridad.

* El resumen del informe del relator se encuentra en: http://www.eluniverso.com/2010/07/18/1/1355/informe-philip-alston-relator-onu-sobre-ecuador.html

** Página del Proyecto de la Escuela de Leyes de la Uniersidad Nueva York sobre Ejecuciones Extrajudiciales (brinda soporte al trabajo del profesor Philip Alston: http://www.extrajudicialexecutions.org/

Publicado originalmente en La República.