El título del doctor Montaño

En las últimas semanas se ha vuelto controversial la elección o posesión del rector de la Universidad Andina Simón Bolívar. Resumo en breve los hechos (basado principal, pero no exclusivamente en la cronología publicada por la UASB):

  1. 18 de agosto de 2001: El Parlamento Andino aprueba el Estatuto de la UASB.
  2. 12 de Octubre del 2010: se publica la Ley de Educación Superior en el suplemento del RO 298. La ley incluye una disposición transitoria que reza:
    1. Décima Primera.- El requisito de tener grado académico de doctorado (PhD o su equivalente), para ser rector o rectora, vicerrector o vicerrectora, de una universidad o escuela politécnica entrará en vigencia en un plazo de cinco años a partir de la promulgación de esta Ley. No obstante, durante este plazo todos los candidatos para rector o rectora, vicerrector o vicerrectora deberán contar con al menos un grado académico de maestría. El grado académico de doctorado según el Art. 121 de la presente Ley, exigido como requisito para ser rector o vicerrector de una universidad o escuela politécnica, deberá ser expedido por una universidad o escuela politécnica distinta en la cual ejercerá el cargo. Quienes hubiesen ejercido por dos periodos los cargos de rector o vicerrector de las instituciones de educación superior, no podrán optar por una nueva reelección.

  3. 23 Jul 2015: CONSEJO SUPERIOR ESTABLECE REGLAMENTO DE ELECCIÓN
  4. 3 Sep 2015: Se posesiona la Comisión de Consulta
  5. 11 Sep 2015: César Montaño y Raúl Vallejo inscriben sus candidaturas
  6. 12 de Octubre del 2010: Entra en vigor la obligación de que para ser rector se deba tener título de PhD otorgado por otra universidad.
  7. 30 Oct 2015: CONSULTA PREVIA PARA LA ELECCIÓN DE RECTOR
    1. César Montaño:  1218 votos
    2. Raúl Vallejo:        176 votos
  8. 6 Nov 2015: CONSEJO SUPERIOR DESIGNA A CÉSAR MONTAÑO COMO NUEVO RECTOR
  9. 24 Nov 2015: PARLAMENTO ANDINO DESCONOCE ELECCIÓN
  10. 8 y 13 Jan 2016: UNIVERSIDAD PRESENTA DEMANDAS EN EL TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA
  11. 15 Jan 2016: CÉSAR MONTAÑO ASUME EL RECTORADO DE LA ANDINA
  12. 29 enero 2016: Consejo de Educación Superior desconoce al rector Montaño y dispone que los organismos universitarios vuelvan a elegir rector.

A partir de tales hechos, he venido teniendo un largo debate sobre el caso en twitter. Básicamente mi argumentación se resume en:

  1. La UASB está sujeta a la ley ecuatoriana. Esto es reconocido por la propia UASB en su página web:
    1. Normas de la universidad
      Publicado: 25-04-2007
      La Universidad Andina Simón Bolívar se rige por un estatuto y reglamento general académico únicos que son de observancia obligatoria para todas las sedes. Su estatuto es aprobado por el Parlamento Andino, organismo legislador de la Comunidad Andina.

      De acuerdo a las normas que rigen en el país, la universidad también forma parte de las instituciones de educación superior del Ecuador, por lo tanto, se sujeta a la Ley de Educación Superior y se somete a los procedimientos y reglamentos aprobados por el Consejo Nacional de Educación Superior, CONESUP.

    1. Consecuencia 1: Su rector debe tener los requisitos que la ley ecuatoriana manda para ser rector.
    2. Consecuencia 2: La exigencia se comienza a aplicar desde 12 octubre 2015 como indica la disposición transitoria.
  2. El Parlamento Andino emitió el estatuto de la UASB.
    1. Consecuencia 1: Podría el día de mañana el Parlamento reformar el estatuto (hasta ahora no lo ha hecho).
    2. Consecuencia 2: La forma de designar al Consejo Superior y a su Presidente, se sujeta a lo previsto en dicho estatuto.
  3. Según el Estatuto de la UASB, el Presidente del Consejo Superior es representante del Parlamento Andino:
    1. “El Presidente del Consejo Superior es el representante directo del Parlamento Andino en la Universidad Andina.”

    2. El Estatuto no es claro sobre si el Presidente está sujeto a un período fijo o si puede ser relevado por el Parlamento Andino en cualquier momento.
    3. Si entendemos que ser “representante directo” es un mandato, el mandante puede, en principio, retirar a su mandatario su representación, si perdió la confianza.
    4. Se discute si debía dársele el debido proceso al representante del Parlamento Andino, es decir, si el mandante puede o no revocar su mandato con liberalidad. No he analizado a profundidad esa alegación, por lo que paso a la siguiente reflexión.
  4. En esta discusión, mi amigo y colega Juan Pablo Morales compartió el art. 49 de la Ley, que contiene una lista de requisitos para ser rector. Omite mencionar la disposición transitoria 11ma.
  5. Como el Dr. Montaño se inscribió en septiembre 2015 y se posesionó en enero 2016, se discute si se le aplica o no el requisito de tener título de PhD emitido por otra universidad (que entró en vigencia el 12 de octubre de 2015).
    1. Una tesis alega que, por haberse inscrito en septiembre, no se le aplica.
    2. Yo adhiero a la tesis de que, por haberse posesionado después de octubre, sí se le aplica.
  6. Algunos ejemplos (no hay una comparación exacta, pero dan idea de lo que se discute):
    1. Los niños menores de 2 años normalmente no pagan pasaje de avión. Si tienen 2 años cumplidos, sí pagan. Si yo compré el tiquete cuando tenía 1 año y 11 meses, ¿será que me dejan embarcarle gratis al niño? Yo creo que no: cuenta la edad que tiene cuando se está embarcando al avión, así haya comprado antes.
    2. En parques de diversiones, hay ciertas atracciones que admiten niños de máximo cierta estatura. Si yo compré la entrada al parque cuando el niño tenía estatura para hacerse esas atracciones, pero cuando el niño viaja y usa la entrada, pudo haber crecido (supongamos que no viajó al día siguiente de comprar la entrada): ¿Será que le dejan usar la atracción si ya supera la estatura límite? Yo creo que no: cuenta la estatura que tiene cuando está por embarcarse.
    3. Para ser candidato en una dignidad de asociación escuela universitaria, se requiere ser alumno de la universidad. Un alumno pierde varias veces una materia, ya no puede continuar en esa universidad. Si un alumno se inscribe como candidato y gana una elección, pero luego de ganar la elección, pierde por tercera vez una materia y queda fuera de la universidad, ¿Puede ser dirigente estudiantil? Yo creo que no: si era estudiante cuando hizo campaña, es indiferente, pues el hecho es que ya no es alumno cuando debía posesionarse.
  7. En ese debate, mi amiga Fátima Quishpe me ha acusado de haber ocultado la fecha en que se promulgó la ley. Volví a mostrarle que la ley es de fecha 12 de octubre de 2010.
  8. Más adelante, Juan Pablo Morales me ha copiado un texto (omitiendo el autor) en que reclama que si uno es tan apegado a la norma textual, debía reclamar cuando hubo militares en seguridad interna, alegando que antes de la enmienda constitucional, eso no era permitido. Mi respuesta a Juan Pablo:
    1. En todos estos años (2008-2015) ha sido controversial la forma de entender los roles de militares en la seguridad interna. Asumo que la redacción no todos la entienden bien.
    2. Antes de la enmienda de 2015, el inciso tercero del art. 158 decía lo siguiente:
      1. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional.

    3. Al leer ese texto, yo entiendo así:
      1. La protección interna y el mantenimiento del orden público es función privativa del Estado: Por tanto, no pueden privados dedicarse a la protección interna y el mantenimiento del orden público.
      2. Dicha protección y dicho mantenimiento son responsabilidad de la Policía.
      3. En ningún lado dice que la responsabilidad sea exclusiva de la Policía.
    4. Pero otras personas no han entendido así. Para dejar claro que los militares pueden participar en temas de seguridad interna, se enmendó la redacción de modo que quede claro para todos que sí pueden hacerlo. Ello no implica, necesariamente, que antes de la enmienda no pudieran participar: la enmienda busca evitar confusiones en la lectura de la norma.
      1. Igualmente se enmendó otro artículo para que diga que la seguridad social de militares y policías es responsabilidad del Estado: ello no significa que antes tal seguridad social no fuera responsabilidad del Estado: se cambió la redacción para que a todos les quede claro, pero antes era tan responsabilidad del Estado como lo es ahora.
    5. Como dije, hay distintas formas de entender el viejo art. 158, pero la interpretación auténtica fue emitida por la Corte Constitucional, en su Resolución de la Corte Constitucional 5 Registro Oficial 50 20-oct.-2009.
    6. Dicho esto, no recuerdo exactamente si critiqué o no el uso de militares en determinados casos específicos. No creo que deba ser yo quien demuestre que sí critiqué (o que no lo hice), pues quien afirmó que no he criticado es Morales (o el autor del tuit al que estoy respondiendo).
    7. Por último, quiero hacer notar que el meter en la discusión sobre la UASB el que yo haya criticado -o no- el uso de militares, es evidentemente un recurso falaz: cambiar de tema (diversión) y atacar al mensajero (ad hominem) son prácticas falaces que, al menos yo, lo tomo como una implícita aceptación de mi argumento en la discusión principal. Sobre el tema me gusta citar un tuit del profesor Luis Espinosa, quien resume las falacias en un decálogo gráfico.
    8. A mi asunción de aceptación implícita, agrego que al menos retóricamente, Morales me está dando la razón en el mismo tuit.
Advertisements
Tuit

Tus derechos frente a la ventanilla

¿A quién no le ha pasado que en una institución pública le piden papeles una y otra vez?

No se sabe cuándo acaba o cuándo inicia la tramitología

Tarea sin fin: la burocracia

Agradezco a una amiga por darme un tema para volver a escribir aquí.

Hacer un trámite en una entidad pública casi siempre es un dolor de cabeza. Algunas entidades han reducido sus trámites o verifican en internet o en sus sistemas los requisitos que necesitan. Quiero resaltar el esfuerzo del Servicio de Rentas Internas, que ahora ya no exige la copia de cédula y papeleta de votación, sino que solamente miran la cédula, en los pocos trámites que deben realizarse en persona, pues la mayoría de gestiones tributarias se hacen en internet.

Hay otras entidades que ahora permiten ver en línea si alguien tiene un requisito cumplido o por cumplir. Lo ideal sería, no sólo que las entidades públicas no pidan cosas tienen en sus archivos, sino tampoco las que pueden verificarse en internet, por ejemplo:

Pero en muchos otros casos, tenemos que mostrar documentos, llevar copia de la cédula, demostrar que estamos diciendo la verdad, o volver a traer documentos que se han perdido. Yo llamo a este comportamiento “la dictadura de la ventanilla” porque la autoridad que les da la ventanilla contradice la Constitución y la ley (a más de la lógica).

Estos son algunas normas que sugiero invocar ante una ventanilla, cuando comienzan a exigir cosas imposibles:

El Código de la Producción obliga a todas las entidades (de todas las funciones del Estado y de todos los niveles de gobierno) a simplificar sus trámites, así como a obtener información de bases de datos de la misma entidad y a interconectarse con bases de otras entidades:

Art. 99.- Simplificación de los trámites administrativos.- De conformidad con el objetivo del Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos, las entidades, instituciones y organismos del Estado, en el ámbito de sus competencias, deberán simplificar los trámites administrativos que se realicen ante los mismos. Dentro de este contexto, las entidades, instituciones y organismos públicos deberán implementar bases de datos automatizadas y no podrán exigir la presentación de copias certificadas o fotocopias de documentos que esas entidades, instituciones y organismos tengan en su poder o de los que tenga posibilidad legal y operativa de acceder.
Las entidades, instituciones y organismos públicos procurarán limitar al mínimo, la exigencia de presentación de copias certificadas actualizadas de documentos públicos que puedan obtenerse por vía legal u operativa, a través de la interconexión de bases de datos del Sector Público.”

Ordena la Ley de Modernización del Estado que no pidan documentos que ya tiene la entidad. Esto rige para toda entidad pública:

Art. 27.- PRUEBAS DE HECHOS.- El Estado y las entidades del sector público que conforman la administración pública se abstendrán de exigir más de una prueba con relación a un hecho; no exigirán documentos que hubieren sido presentados en el mismo órgano administrativo con anterioridad ni requerirán actualización de documentos presentados en el mismo trámite.”

El Reglamento a la Ley de Modernización es más expreso al prohibir que pidan documentos para demostrar que lo que el ciudadano dice no sea mentira:

Art. 16.- Las máximas autoridades de cada entidad u organismo del sector público cuidarán que en los trámites administrativos que se realicen en sus dependencias no se exija a los ciudadanos que presenten evidencia o pruebas sobre la existencia de hechos que no han sido controvertidos. Se admitirá como verdadera la información que declare el interesado, mientras no se compruebe la inexactitud o falsedad de su contenido.
Por tanto prohíbese a las distintas entidades y organismos del sector público exigir certificados sobre hechos que no han sido controvertidos.”

En el caso concreto de la Función Ejecutiva, el Presidente ha ordenado que se presuma que lo que el ciudadano informa, sea verdad:

“Art. 11.- Principios del proceso.- La simplificación de trámites se regirá por los siguientes principios:
(…)
e) Presunción de veracidad.- Se presumirá que los documentos y declaraciones formulados por los ciudadanos frente a un trámite y en la forma prescrita por el ordenamiento jurídico, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman.”

De  hecho, esto mismo ha explicado el Presidente de la República, en un enlace ciudadano, que no creer lo que afirma el ciudadano es afectar su presunción de inocencia, lo que contraría la Constitución:

 “Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:
(…) 2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. (…)”

El viernes resumía estos artículos a una amiga y otro lo anotó, eso me hizo notar que es mejor compartir la redacción de cada artículo, para que todos sepan qué dice cada uno:

Tuit

Tuit que dio origen a este post

Este resumen tiene la finalidad de que todos conozcan sus derechos y no se dejen sorprender. Espero que si muchas personas reclaman sus derechos, no sea ya raro ver a alguien reclamar.

Manuela Picq. Foto de: API / JUAN CEVALLOS. Fuente: La República

Apuntes legales sobre el affaire Manuela Picq

Retomo escribir en mi blog, por dos razones, principalmente:

  1. Pasan cosas que me parecen interesantes como herramienta para mostrar cómo funciona el Derecho, y
  2. He parado de escribir en medios digitales, que gentilmente me dieron espacio, porque me siento auto-obligado a escribir investigando, y a veces no se todo sobre un tema, así que me quedo sin escribir. Por esta ansiedad de tener que buscar mucha información, quiero disculparme de no poner muchos links de referencias.

Quiero mostrar en síntesis el caso de Manuela Picq, para compartir varias ideas sobre algunas ramas del Derecho. Estos son los hechos:

  • Manuela Lavinas Picq es profesora universitaria, en tal calidad tenía una visa 12-VIII (no inmigrante, por intercambio cultural)
  • Picq estuvo en protestas el 13 de agosto pasado, con su pareja, el Ab. Carlos Pérez. Ese día fue detenida por la Policía y llevada a un hospital público. Diario El Comercio registró la detención en vídeo. El parte policial afirma, entre otras cosas, lo siguiente:
    • El parte está fechado 13 de abril.
    • Afirma que sujetos desconocidos agredieron a Picq y que los policías le brindaron ayuda y la llevaron al hospital
    • Indica que Cancillería canceló su visa (esto ocurrió en realidad el 14 de agosto)
  • El viernes 14 de agosto, Cancillería canceló su visa 12-VIII. A las 18h20, Picq fue guardada en el “Hotel Carrión”, donde pasan los extranjeros que no tienen papeles.
  • El sábado 15 de agosto, recibió la visita de cercanos, abogados y un diplomático brasileño.
  • El domingo 16 de agosto, intentó presentar una acción de protección, a través de sus abogados. Se negaron a recibir la acción.
  • El lunes 17 de agosto se realizó la audiencia de migración. La jueza resolvió que la detención no fue legal y dispuso que la Fiscalía investigue si el parte se elaboró correctamente.
  • El jueves 20 de agosto, la jueza envió el caso al Ministro del Interior, en forma de consulta.
  • Tras salir del país, Picq aplicó a una visa Mercosur.
  • El viernes 18 de septiembre, su pedido de visa Mercosur fue negado.

A partir de estos hechos, surgen ciertas preguntas (seguro hay muchas más, pero no quiero ser demasiado detallado).

  1. ¿Puede un extranjero participar en protestas? Sí puede. No sólo porque es lógico, sino también porque la Constitución dice que “Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución” (art. 9). Esos derechos incluye opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas, así como a ser tratada por igual.
  2. Pero si su visa es de “no inmigrante”, ¿no podría protestar? ¿O por ser de “intercambio cultural”? La Constitución es clara: todo extranjero tiene iguales derechos. El ser residente o no, sirve sólo para propósitos de domicilio (art. 20 Ley de Extranjería).
  3. Pero si no le gusta el país, ¿no es mejor que se vaya? Esta pregunta no es de Derecho, pero igual se la voy a responder: No tiene nada que ver. Uno puede quedarse en el país y no gustarle las políticas que gobiernan ese país. ¡Imagínese si los ecuatorianos descontentos con Rajoy tuvieran que irse de España o no pudieran marchar!
  4. ¿Puede el Estado revocar una visa? Sí puede, pero debe hacerlo motivadamente: expresando las normas legales que se aplican a la situación concreta. Hasta donde sabemos, la revocatoria aparece en un oficio dirigido a la Policía de Migración, donde no explica las razones.
  5. ¿Estar con visa revocada es causal de encierro al migrante? Recordemos: si la visa fue revocada con fecha 14, el día 13, estaba perfectamente regularizada: no era motivo para detención. Pero, en realidad, así hubiesen revocado antes, la decisión de revocar no tiene vigencia si no se le avisa al interesado (en este caso, a la extranjera): ¿cómo puede uno saber que su visa fue revocada si no se le avisa? Y generalmente cuando las decisiones de la autoridad obligan al extranjero a salir del país, lo normal es que se le de un plazo para salir: 60 días, por ejemplo, Hasta donde sabemos, hasta ahora nadie le notifica formalmente que la visa está revocada.
  6. Finalmente, hubo sentencia, pero la jueza la subió a consulta al Ministro del Interior. ¿Es eso correcto? La Ley de Extranjería contempla la consulta, pero porque antes que haya jueces de contravenciones, este proceso lo realizaba el Intendente de Policía, que pertenece a ese Ministerio (la ley data de la dictadura).
  7. ¿Debió la jueza enviar a consulta el expediente o no? Dado que la separación de poderes está en la Constitución, la jueza tenía forma de no cumplir la ley, al invocar la Constitución. En todo caso, decidió sí enviarlo.
  8. ¿Por qué se fue del país Manuela Picq? La sentencia rechazó la deportación, lo hizo por voluntad propia.
  9. Ahora, desde fuera, ha pedido la visa Mercosur. ¿Qué es eso? Ecuador es parte de un Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile. Cualquier ciudadano de esos países puede pedir visa de residente, en cualquier país signatario, que dura 2 años. Luego, esa visa puede volverse indefinida. Los requisitos son sólamente 5:
    1. Pasaporte válido y vigente o cédula,
    2. Partida de nacimiento y comprobación de estado civil,
    3. Antecedentes judiciales (o policiales): documento, declaración jurada o certificado de carencia de antecedentes.
    4. Certificado médico si lo pide algún país,
    5. Pagar la tasa del trámite administrativo.
  10. ¿Por qué le negaron la visa Mercosur? La negativa invoca tres normas:
    1. Constitución art. 9: Los extranjeros tienen iguales derechos y deberes que los nacionales, con las limitaciones de ley.
    2. Ley de Extranjería, art. 5: “La decisión de conceder, negar o revocar una visa a un ciudadano extranjero, no obstante el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, es facultad soberana y discrecional de la Función Ejecutiva, a través de los organismos competentes”.
    3. Ley de Extranjería, art. 12: “Considérase no inmigrante a todo extranjero con domicilio en otro Estado que se interna legal y condicionalmente en el país, sin ánimo de radicarse y con los motivos que en cada categoría se determinan”.
    4. Reglamento a la Ley de Extranjería, art. 22: “Los funcionarios del servicio exterior ecuatoriano y del Departamento y de la Dirección General de Extranjería, tendrán amplias facultades para exigir la comprobación de las declaraciones expuestas en las solicitudes de visas y demás documentos migratorios y para cerciorarse e investigar la concurrencia de alguna de las causas de exclusión que establece la Ley de Migración.”
  11. ¿Puede Manuela Picq reclamar por su visa ante instancias internacionales? El Acuerdo de residencia de Mercosur no establece qué hacer si a un ciudadano le niegan ese derecho. Mercosur tiene un tribunal, pero Ecuador no es miembro pleno de Mercosur. Como la decisión fue emitida por una autoridad gubernamental, ella podría interponer recursos ante la propia Cancillería (como le avisa el documento de negación),y también demandar ante la Función Judicial en Ecuador (incluso si no está en el país). Para llevar el caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es requisito haber agotado la vía interna (o que ésta sea imposible).
  12. ¿Y no que la Constitución hablaba de “ciudadanía universal” o de “Patria Grande”? A más de este caso particular (que tiene mucho de político), el proyecto de Ley sobre Movilidad Humana reproduce normas de las vigentes Leyes sobre migración y extranjería, que datan de la dictadura de los setentas. Por ejemplo, permite al Estado conceder o no la visa, a su juicio y sin necesidad de expresar las razones, como reseña Daniela Salazar en Gkillcity.

Tanto el oficio de la unidad zonal 9 de Cancillería como el que presentó el Ministerio del Interior ante la jueza de contravenciones como la negativa de la visa, contestada por la Cónsul en Brasil, son documentos hechos fuera del sistema de gestión documental Quipux, que es obligatorio para todos los ministerios, según fue ordenado por la Secretaría Nacional de la Administración Pública mediante Acuerdo Ministerial N° 718 pubicado en el Registro Oficial N° 597 de 25 de mayo de 2009.
Bonus

De toda esta historia, lo más llamativo que encontré fue este razonamiento de Nina Pacari, sobre reunificación familiar y pluralismo jurídico:

“A partir del reconocimiento del carácter de estado plurinacional, esto es un eje rector. En el caso de Manuela Picq, al ser esposa del compañero Carlos Pérez, para nosotros es el concepto de matrimonio y de familia lo que está de por medio, así no esté en los papeles. Porque para nosotros desde la situación en la que están son matrimonio y son pareja. Siendo así, estaría cobijada por un derecho y no está en condiciones irregulares. Ya que están reconocidos los derechos de las nacionalidades indígenas tiene que aplicarse esa perspectiva intercultural en este caso. Siendo así, no reúne los requisitos para ser deportada, sino que al contrario, tendría que otorgársele la nacionalidad definitiva como ecuatoriana, por ser esposa de nuestro presidente de la Confederación…”
Publicado 14 agosto: http://www.elcomercio.com/actualidad/ninapacari-manuelapicq-deportada-protestas.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com
Ordenadas estas ideas, Pacari intenta decirnos lo siguiente:
  • Pérez y Picq están, de hecho, unidos. Por tanto, bajo el derecho indígena, son marido y mujer. Incluso en otras entrevistas, Pacari afirma que ambos habrían hecho un ritual indígena representativo de un matrimonio.
  • En consecuencia, Pacari entiende que, por ese ritual o costumbre, Picq debería tener, para el derecho indígena, visa de amparo como cónyuge. Y es más: se le debe otorgar la nacionalidad ecuatoriana.

Esta tesis hace agua por distintos costados, según yo:

  • No sabemos qué dice el derecho indígena sobre matrimonio o figura similar: ¿Hay requisitos? ¿Es obligatorio ese ritual? Aparte de la palabra de Pacari, no tenemos más información: por más que el derecho indígena no fuere escrito, debe haber alguna constancia de su existencia, o casos anteriores o jurisprudencia.
  • Aún si el derecho indígena reconociere esta forma de matrimonio (con o sin ritual), el hecho de que entre ellos tengan esa costumbre, no hace que aparezca en el pasaporte de ella un sello de visado: no cambia ello los requisitos para solicitar visa de amparo conyugal, ni tampoco hace que cambien los requisitos para pedir la ciudadanía.
  • El pluralismo jurídico debe acogerse (creo que aún no se acoge casi nada), pero no de manera que resulte desordenada o injusta para otros: si los requisitos para nacionalizarse son estándares para todos, no creo que sea buena idea aplicar otros requisitos para otras personas, sólo por su pertenencia étnica. No creo que esa haya sido la forma como otros países acogen distintas formas de derecho para ser plurinacionales.

Mala práctica profesional: una ingeniería inversa

www.asamblea-blog.ec

Ver médicos protestando en las calles es algo que debe impresionar a todos. Y escuchar a un Presidente temiendo una desestabilización (¿otra?), también.

Ya es conocido que el motivo es la redacción del artículo que penaliza la mala práctica profesional. De todas, la profesión médica es la que más probabilidades tiene de ver casos de fallecimientos o lesiones.

Quiero compartir algunos posts sobre la norma relacionada con la mala práctica profesional. El primero muestra cómo llegamos a la redacción finalmente aprobada, pero la mostramos de reversa, mami.

1. Artículos como se publicarán en el Registro Oficial

Art. 144.- Homicidio.- La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años.

Art. 145.- Homicidio culposo.- La persona que por culpa mate a otra, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Con la misma pena será sancionado el funcionario público…

View original post 3,718 more words

¿Quién puede destituir a una autoridad electa?

Image

Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, en un mitín en rechazo a su destitución

Hace varias semanas se conoció que el Procurador colombiano destituyó al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, y le prohibió ejercer cargo público durante 15 años. Una medida muy severa, porque prácticamente lo anula políticamente.

Desde entonces tenía pendiente escribir este post, pero ahora que el Procurador ha ratificado su decisión, vuelve el tema a ser de actualidad.

Se afirma como causal de destitución la gestión de recolección de basura, cuyo cambio de modelo de gestión fue muy accidentado:

  • El Municipio cesó las concesiones que tenían empresas privadas y las reemplazó por una empresa pública (Aguas de Bogotá) y por gestión comunitaria. El Procurador señala que esto limita la libre competencia de las privadas.
  • Durante varios días (¿semanas?) la basura en Bogotá se volvió un problema: mucha quedaba sin recogerse. El Procurador señala que esta negligencia puso en riesgo la salud de los ciudadanos.

El Procurador en Colombia equivale al Contralor en Ecuador: es quien encuentra irregularidades en la gestión pública y las sanciona. Si halla delitos, los lleva a los jueces penales.

Contada la historia, ahora sí la pregunta: ¿Puede un Contralor (o una autoridad de control) destituir a un alcalde? (O, en general, a una autoridad electa en las urnas).

Hoy se conoció que un Tribunal contencioso administrativo suspendió (temporalmente) la decisión del Procurador, alegando que éste se ha extralimitado en sus funciones.

Personalmente, coincido con que no puede una autoridad de control destituir a un funcionario electo en las urnas. Seguramente sí a un servidor público que no fue elegido en las urnas. Esto lo digo sin conocer la ley colombiana, pero sí con el siguiente razonamiento:

  • Cuando se destituye a un servidor público, se le priva el derecho a ocupar un cargo público, como sanción por haber hecho algo malo
  • Pero cuando se destituye a una autoridad electa, se le priva no sólo a ESA persona (ejercer un cargo público), sino también se les priva ADEMÁS a los ciudadanos del derecho al sufragio activo: ellos votaron por una autoridad, que debe cumplir un período.
  • Podría argumentarse que la Función Legislativa podría destituir a una autoridad electa, pero creo que hay una diferencia: Una autoridad de control no es elegida del voto popular, los legisladores sí. De hecho, el haber un procedimiento de destitución en el legislativo me da a entender que no existe forma de destituir a una autoridad electa desde otra función del Estado.

Casos parecidos se han visto en Ecuador en años anteriores (la lista no es exhaustiva):

  1. En 2004, se estudió la posibilidad de destituir a Lucio Gutiérrez por haber recibido aportes de campaña desde México, siendo que la Ley prohibía aportes extranjeros a campañas. La norma sancionaba con la destitución a quien recibiera, pero el entonces Tribunal Supremo Electoral las vería negras al tener que demostrar que Lucio fue quien recibió los aportes. Considero apropiado que no se le haya destituido, pues la presunción de inocencia le aplica, además de las razones arriba explicadas para este tipo de casos, en general.
  2. En 2011, el alcalde de Cayambe, Diego Bonifaz, fue destituido por la Contraloría. Un informe señalaba varios hechos merecedores de sanción. No hallé los cargos, pero sí los descargos que el actual candidato a la misma dignidad, puso en su blog.
  3. En 2012, el prefecto de Cotopaxi, César Umajinga, fue destituido por la Contraloría, igualmente por un informe de responsabilidad. Miles salieron a respaldarlo, pero no recuperó su cargo.
  4. En 2012, el prefecto de Sucumbíos, Orlando Grefa, fue destituido por la Contraloría, tras un informe de examen especial. Además, lo multaron. En general, creo que la Contraloría sí debería poder multar a autoridades elegidas democráticamente.
  5. En 2013, la prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa, fue destituida, pero por la Corte Constitucional. No fue un examen especial ni ninguna irregularidad, sino que ella se negó a cumplir una sentencia constitucional que obligaba a la Prefectura a contratar a varios trabajadores que demandaron por haber sido destituidos injustamente. Sosa ahora es candidata al mismo cargo por el MPD. En principio, también creo que una Corte Constitucional no debe poder destituir a una autoridad electa, pero sí sancionarle de alguna otra manera (lo digo como concepto, no he leído la norma).

La segunda pregunta sería: ¿Puede la Función Legislativa “tumbar” a una autoridad ejecutiva elegida en las urnas?

Eso pasó con Lucio Gutiérrez, Jamil Mahuad (ambos cesados por abandono del cargo, no destituidos mediante juicio político) y con muchos alcaldes y prefectos, como el de Riobamba, Juan Salazar, quien se vio envuelto en un delito de mal uso de claves informáticas que derivó en un millonario perjuicio al cabildo, entre otras irregularidades.

En principio, yo creería que sí es adecuado que una autoridad legislativa (nacida en las urnas) destituya a una autoridad ejecutiva (nacida en las urnas), pero siempre cumpliendo el debido proceso y siguiendo las normas legales o constitucionales aplicables.

En el caso de Lucio, el Tribunal Constitucional dictaminó que el Congreso sí se ajustó a la norma constitucional para su declaratoria de abandono.

(Casi) Finalmente: ¿Puede una autoridad electoral destituir a autoridades elegidas en las urnas?

Mediante este mecanismo, el ex Tribunal Supremo Electoral (TSE) destituyó a 57 diputados que intentaron impedir la consulta popular de abril de 2007, que consultó sobre si debía dictarse una nueva Constitución (historia ya conocida: ganó el Sí y tenemos nueva Constitución).

En principio, creo que la Función Electoral no debe tener una bomba atómica en sus manos: la sanción es demasiado severa. Probablemente apareció en la ley con los varios antecedentes de impedir elecciones que había en el pasado (la más reciente: tanto Velasco Ibarra como las Fuerzas Armadas, impidieron la celebración de elecciones cuando se prevía un triunfo electoral de Assad Bucaram).

En todo caso, la norma existe y existía cuando fueron destituidos los diputados.

Este caso fue conocido por el entonces Tribunal Constitucional. No fallaron a favor de los diputados, pero no porque el TSE tuviera la razón según el Tribunal, sino porque ya la consulta popular se había realizado y la Asamblea Constituyente cesó a todo el Congreso.

De esto último, nace la pregunta final: ¿Puede un órgano legislativo cesar a otro órgano legislativo?

La Asamblea Constituyente se instaló en Montecristi a fines de 2007 y su primera decisión fue emitir un Mandato Constituyente que, entre otras cosas, cesó al Congreso Nacional. ¿Es esto correcto?

En mi criterio, la Asamblea Constituyente no es un órgano legislativo cualquiera: es el poder constituyente derivado funcionando. Por tanto, está investido de todos los poderes políticos en representación del soberano (del pueblo). En mi opinión, la Asamblea Constituyente podía destituir a cualquier persona (elegida o no) o decidir cualquier cosa, siempre que no se vulneren derechos humanos, logicamente.

¿Qué piensas tu?

End of year gift to readers: OECD FATF country ratings as an excel file

Si evaluamos a los países de la CODE bajo los criterios de control anti-lavado que esos países (vía el GAFI) imponen a los países del tercer mundo, sale una tabla llena de puntos rojos (inconformidades). Un cuadrito excel lo resume:

Financial Secrecy Media Monitor

The OECD recently published a report on Illicit Financial Flows which has received remarkably limited media coverage so far considering its contents. Among the report’s findings are that:

– Zero percent of OECD countries are compliant with OECD Financial Action Task Force (FATF) recommendations which aim to reduce the risk of corrupt public officials using the financial system for laundering of corruption proceeds, specifically recommendations 5 and 6 on customer due diligence and politically exposed persons.

– Only 9% of OECD countries are compliant with recommendations on beneficial ownership of corporate entities (legal persons) while 0% are compliant with recommendations on beneficial ownership (legal arrangements). The report says these recommendations are “key in fighting money laundering”.

The Economist called the report “damning” and an “overdue mea culpa” while noting that it “could have been tougher still. Strong resistance from the OECD’s constituents and some secretariat officials repeatedly delayed its publication…

View original post 361 more words

Hablemos de Seguridad Ciudadana en Quito.

Seguridda ciudadana en Quito

Aportando y construyendo para Mi Nuevo Quito

Seguridad ciudadana. Dentro de las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos, este aspecto se encuentra siempre situado en el top 3, y en la mayoría de casos, en primer lugar.

Es que la violencia es un tema complejo, multidisciplinario que no puede ser solucionado con una sola acción puntual, sino que requiere la interacción de todos quienes conformamos la sociedad. Tanto del sector privado como del público, y este último con mayor razón, ya que es quien monopoliza el uso de las armas para la solución justamente de aspectos violentos.

Aterrizando el concepto en nuestra ciudad, Quito, vamos a revisar unos cuantos datos, tomados de los Informes de Seguridad Ciudadana generados por el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, entidad que presenta informes mensuales, semestrales, cuatrimestrales y anuales   referentes a las principales problemáticas en seguridad.

Consideraremos para tal efecto, el informe del mes de Octubre del 2013

View original post 957 more words