Hablemos de Seguridad Ciudadana en Quito.

Seguridda ciudadana en Quito

Aportando y construyendo para Mi Nuevo Quito

Seguridad ciudadana. Dentro de las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos, este aspecto se encuentra siempre situado en el top 3, y en la mayoría de casos, en primer lugar.

Es que la violencia es un tema complejo, multidisciplinario que no puede ser solucionado con una sola acción puntual, sino que requiere la interacción de todos quienes conformamos la sociedad. Tanto del sector privado como del público, y este último con mayor razón, ya que es quien monopoliza el uso de las armas para la solución justamente de aspectos violentos.

Aterrizando el concepto en nuestra ciudad, Quito, vamos a revisar unos cuantos datos, tomados de los Informes de Seguridad Ciudadana generados por el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, entidad que presenta informes mensuales, semestrales, cuatrimestrales y anuales   referentes a las principales problemáticas en seguridad.

Consideraremos para tal efecto, el informe del mes de Octubre del 2013

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Mi Nuevo Quito: El Inicio

Propuestas para mejorar Quito, en este blog:

Aportando y construyendo para Mi Nuevo Quito

Bienvenidos, amigos chagras y quiteños.

Si te interesa mejorar el lugar donde vives y decir todas esas cosas que piensas deben mejorar en la ciudad, pues estás en el lugar indicado y agradecemos tu colaboración para construir un mejor lugar para vivir.

Las elecciones seccionales se encuentran a la vuelta de la esquina y las redes sociales se llenan de discusiones de quien es el mejor candidato para ocupar la alcaldía de nuestra ciudad.

Sin embargo, es casi nula la deliberación sobre las propuestas en si, sino que todo debate se centra en si el candidato A es menos malo que B, o si C tiene rabo de paja y no puede criticar a D. Falacias ad hominem abundan y pensar y colaborar para la creación de soluciones, ¡nada!

Este blog quiere diseñar algún tipo de propuesta de la ciudad que nosotros, los habitantes de Quito, queremos y podemos hacer…

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El canon contraataca: Episodio Ecuador

Lo que en otros países se llama “canon digital”, acá en Ecuador lo hemos llamado “remuneración por copia privada”.

Básicamente es un pago que la ley establece por cada artefacto que tenga la capacidad de almacenar, reproducir o duplicar un contenido protegido por derecho de autor. Es decir, si un aparato puede conservar audio, vídeo o creaciones artísticas de cualquier naturaleza, puede ser objeto de una tasa o remuneración, que debe pagarse a los artistas.

Lo que he explicado puede sonar a Minority Report: se fija una obligación de pagar por usar un aparato para contenidos de derecho de autor aún antes de que el usuario decida usar ese aparato para esos contenidos.

Esta remuneración o canon salió a debate esta semana luego de que ASETEL denunciara que el IEPI habría aprobado canones para smartphones y tabletas. A partir de entonces, se viene discutiendo en Twitter sobre si es correcto o no que se fijen estas remuneraciones “por copia privada”, especialmente con el hashtag #Impuestospordescargas.

Muchos comentarios rechazan el canon basados en falacias, que las resumo a continuación:

  • Dicen que el IEPI está creando impuestos sin tener capacidad: Esto es falso. El canon está creado desde 1998 en la Ley de Propiedad Intelectual. La misma ley delega al IEPI a enumerar qué items deben pagar canon.
  • Dicen que el Gobierno busca recaudar más impuestos para pagar el alto gasto público: También falso. El canon no va al tesoro nacional, sino a los artistas, a través de la sociedad colectiva que ellos crearon (en 2003) para recibir estos montos.
  • Dicen que el IEPI quiere obligar a consumir música nacional: También es falso. El canon no obliga a escuchar música nacional.

Sería un desperdicio dejar que la discusión se vaya por estos argumentos falaces, cuando hay mucho más que criticar en el canon digital, con verdadero fundamento:

  1. En 2007, se comenzó a cobrar similar canon digital en España, lo que motivó grandes protestas (en medios digitales) y, tras varios años, en 2011, fue anulado ese canon. En aquella ocasión ya se explicó que cobrar por un uso POTENCIAL (no real) es un exceso del derecho de autor y es un obstáculo para la libre circulación de la cultura.
  2. En principio, uno está obligado a pagar lo que compra. Si uno no compra o consume un contenido cultural, no debe pagar nada. La obligación de pagar “por anticipado” o “por si acaso” es injusta como tal.

Estas críticas (y muchas otras) son más sólidas que las falacias que arriba he enlistado. Y de hecho han sido usadas en otros países cuando éstos han discutido también la posibilidad de crear o cobrar este canon digital. En varios países han logrado detener la creación o cobro de estas tasas.

Calú explicó estas y otras contradicciones en un post… del 2012!

Pero en Ecuador tenemos otras razones más para oponernos al canon digital:

A. Prohibición constitucional

Jurídicamente, la remuneración por copia privada es una tasa. Las tasas y contribuciones fijadas por ley sólo pueden crearse para financiar a entidades públicas. Las entidades de derecho privado tienen prohibido financiarse con tasas creadas por ley.

Esto consta explícitamente en el art. 287 de la Constitución:

Art. 287.- Toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. Solamente las instituciones de derecho público podrán financiarse con tasas y contribuciones especiales establecidas por ley.”

Recordemos que, con base en este concepto, la Ley de Equidad Tributaria suprimió en 2008 las asignaciones que tenían SOLCA, la Junta de Beneficencia de Guayaquil y la Fundación Oswaldo Loor de Portoviejo de parte del impuesto a la renta y, luego, en 2009, se eliminó el impuesto a las tasas activas de crédito, que iba directamente a la SOLCA.

La remuneración por copia privada es una tasa creada en una ley de 1998, que establece la obligación de que un particular (el importador o fabricante) pague a otro particular (la sociedad recaudadora creada por los artistas) por algo que no han acordado mutuamente: es una imposición.

Puede comprenderse que el Estado imponga la obligación de pagar impuestos, pero es irracional que una ley obligue a un privado pagar un valor a otro privado, sin que haya mutuo consentimiento.

Por esto es clave enfatizar que quien recibe el canon digital no es una entidad pública: no es el Estado, es un particular. Es esto lo que lo hace (a mi juicio) inconstitucional.

B. Contradicción con el concepto de Economía Social del Conocimiento

La semana pasada, el Presidente anunció que se planteará a la Asamblea un Código de la Economía Social del Conocimiento. Esta norma (aún en camino) se fundamenta en conceptos como los siguientes:

  • El conocimiento es universal: Esto lo dijo originalmente Sandra Correa, cuando plagió una tesis y le retiraro un título universitario, pero lo ha explicado en varias ocasiones Rafael Correa: el conocimiento es de libre apropiación (cualquier persona puede acceder al conocimiento: de hecho, puede acceder libremente consultando en bibliotecas o en internet) y además, no hay rivalidad en su acceso (por yo acceder al conocimiento de, por ejemplo, propiedad intelectual, no impido ni limito a que otra persona acceda al mismo conocimiento).
  • La propiedad intelectual es una barrera legal: Si bien técnicamente no hay impedimento para difundir libremente el conocimiento, legalmente sí lo hay: se han creado leyes que vuelven ilegal difundir algo que sea protegido como propiedad de otro.
  • Hay una nueva especialización internacional del trabajo: En el pasado, los países ricos se especializaron en crear y vender bienes industriales, mientras a los países pobres nos fue asignada la tarea de vender bienes primarios. Si bien esto ha continuado hasta ahora, hay ciertos países periféricos que han aprendido a crear bienes industriales y con eso competir e incluso superar a los países centrales. El mejor ejemplo es China: de vender bienes primarios (opio, más claro), pasó a vender bienes industrializados (iPhones, por ejemplo). En el presente, en cambio, se ha cambiado la especialización de los países: ahora los países ricos bienes basados en el conocimiento, y nos han asignado a los países periféricos crear bienes materiales (tanto primarios como industrializados). El Gobierno busca cambiar esta matriz de producción primaria por producción industrial y del conocimiento: eso explica proyectos tan ambiciosos como Yachay. Mientras más se protege la propiedad intelectual, más se prolonga la división internacional del trabajo.
  • Los países se desarrollan con libre acceso al conocimiento: Hasta el siglo XIX, EE.UU. no reconocía patentes ni propiedad intelectual alguna que no fuere registrada en su país. Esto le permitió conocer, replicar y mejorar, creaciones intelectuales que nacían de Europa o de otros países. Una vez desarrollado, cuando ya había muchos desarrollos registrados en ese país, EE.UU. se volvió respetuoso radical de la propiedad intelectual. Algo similar vivieron Japón, Corea del Sur y China. Fomentar el conocimiento libre ayuda al desarrollo de los países, los países desarrollados lo saben (porque usaron esa herramienta para alcanzar su desarrollo), y por eso les imponen a los otros países normas que limitan el conocimiento, para dificultarles que alcancen el desarrollo. A esto lo llama “patear la escalera” el economista coreano Ha Joon Chang, académico de cabecera de Correa.
  • La Ley de Propiedad Intelectual es partidocrática: La ley fue creada en 1998, detrás estuvieron defensores de multinacionales y eso se puede ver en cómo las normas ecuatorianas son más severas que el estándar mínimo que permiten los convenios internacionales. Dos ejemplos:
  1. Las normas de propiedad intelectual que rigen a los países miembros de la Organización Mundial de Comercio protegen las creaciones artísticas por 50 años tras la muerte del autor. En Ecuador, solitos, subimos la protección a 70 años.
  2. Las normas internacionales de propiedad intelectual permiten a los países en desarrollo emitir licencias obligatorias para medicamentos para paliar enfermedades importantes en ese país y la patente impida atender estas enfermedades. La ley ecuatoriana creaba pasos sumamente complejos, incluyendo que la empresa dueña de la patente tenga la voluntad de autorizar licencias obligatorias (es decir: nunca). El principio de competencia permitió salvar estos obstáculos legales mediante decretos ejecutivos.

Todo esto fue explicado por el presidente Correa apenas un sábado antes de que se conociera este tema. El IEPI ha anunciado su intención de continuar aplicando el canon digital, a contramano de los conceptos explicado por Correa apenas días atrás.

Construir una sociedad del conocimiento no es nada nuevo: lo ha venido proponiendo el gobierno desde hace tiempo. PAra muestra, una exposición del Ministro de Educación, Augusto Espinosa, en el pasado Congreso de Cultura Libre.

En sabatinas anteriores, Correa ha explicado también por qué la ley no puede obligar a un particular a pagar una tasa o contribución a otro particular. Se puede encontrar esto en los sábados en los que se refirió a la derogación de impuestos que beneficiaban a SOLCA y a la Junta de Beneficencia de Guayaquil (años 2008 y 2009).

Ahora comenzará otro activismo para desterrar al canon digital del ordenamiento jurídico. Hay fundamentos para hacerlo. Obvio, sería más sencillo si los servidores públicos escucharan a su jefe.

Propiedad intelectual vs Economía Social del Conocimiento

Propiedad intelectual vs Economía Social del Conocimiento

PS: En el proceso de crear este post, edité la entrada en Wikipedia sobre el canon digital, sobre Ecuador. Les invito a verlo y mejorarlo.

Ley de Defensa de Artistas Profesionales

A propósito de la aprobación legislativa de la Ley de Comunicación, se pone en el debate varias normas que, según promotores y detractores, sería novedad. Pero muchas de estas ya constan en la vigente Ley de Defensa de Artistas Profesionales

Decreto Supremo  3303
TIPO DE PUBLICACIÓN: Registro Oficial 798
FECHA DE PUBLICACIÓN: 23-mar-1979

Concierto de Alberto Plaza en Ambato

Quiero hacer notar que la ley fue emitida por la última dictadura militar.

  • Supuesta novedad: La norma del 1×1 que obliga a pautar cierto porcentaje de música nacional:

Art. 28.- Las estaciones de radiodifusión y canales de televisión, deberán promocionar la música popular ecuatoriano y a los artistas nacionales. La televisión en una proporción del 10% y las estaciones de radiodifusión en un 30% de sus programaciones regulares, de las que el 5% serán en presentaciones o actuaciones en vivo en la televisión y el 30% en las estaciones de radiodifusión.

  • Supuesta novedad: La norma que dispone que la publicidad se haga en Ecuador:

Art. 32.- Por lo menos el 75% de los anuncios comerciales publicitarios para cine, radio y televisión deberán producirse en el País, utilizando a artistas profesionales ecuatorianos.

Por el 25% que fuere producido en el extranjero o con ciudadanos extranjeros, se deberá pagar un derecho a la Federación Nacional de Artistas, en la proporción que se especifique en el Reglamento.”

En entrevista de televisión, Sergio Sacoto afirmó que el 10% del tiempo en radio lo ocupan canciones nacionales. El resto: extranjeras.

La pregunta obvia: ¿Por qué no se cumple la ley vigente?

La respuesta: Porque la ley está mal hecha: no hay sanciones para el incumplimiento en la ley, sino multas ínfimas (cinco mil sucres o 25 centavos de dólar) pero en Reglamento: como no se puede sancionar con reglamento, poner una multa hubiese sido ilegal. Tampoco hay autoridad asignada a controlar esta ley. (Nota al margen: No es el único caso en esa dictadura).

La pregunta no tan obvia: ¿Y se podía hacer algo para hacer cumplir esa ley?

A mi juicio, si un artista se sentía perjudicado en sus derechos por incumplir estas normas, debió pedir una garantía jurisdiccional. Hasta 2008 sólo se podía pedir amparo contra entidades públicas, pero con la nueva Constitución la acción de protección se puede presentar también “cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación” (Const. art. 88).

Es decir, desde que existe la acción de protección, un artista hubiese podido poner amparo contra la estatal Radio Nacional del Ecuador si no ponía música nacional, pero desde 2008, cualquier artista podría (incluso hoy) poner una acción contra cualquier radio o canal que no cumpliere la ley vigente.

Aparte esa vieja ley tiene otras normas que podrían llamar la atención (pareciera que son letra muerta):

  • En conciertos, los artistas nacionales deben interpretar el 60% de los conciertos de artistas extranjeros y no pueden ganar menos del 50% de lo que gana el artista extranjero.
  • En toda sala de cine, una vez al mes debe haber una obra en vivo (teatro, por ejemplo).
  • Los productores de discos deben producir al menos 2 discos en 2 años para un artista. Si no lo hacen, termina la exclusividad del artista.
  • El delegado ecuatoriano a cualquier festival en el exterior debe ser escogido por concurso abierto (¿eligieron así a Fausto Miño para enviaro a Viña?)
  • Se crean “impuestos” o pagos obligatorios para la privada Federación de artistas (ahora esto es inconstitucional, pero no se ha demandado).
  • Se dispone que los artistas se afilien al seguro social.
  • Se estipulan cláusulas mínimas de los contratos que firmen los artistas (la norma asemeja o se refiere en mucho al Derecho Laboral).
  • El Reglamento manda que todo artista extranjero realice una presentación gratuita en el sitio que determine el Ministerio de Relaciones Laborales (hasta donde yo conocía, los organizadores de conciertos regalaban entradas a los funcionarios de ese ministerio para que se hagan de la vista gorda).

Nota final: el proyecto de ley de comunicación aprobado el pasado viernes sólo suprime los artículos 16 y 31 de la ley que he citado, por lo que los artículos 28 y 32 que establecen el actual “uno por uno” y el actual “publicidad hecha en Ecuador” no serán topados. Eso implica que habrá doble norma sobre ambos temas:

  • ¿Se aplica el 1×1 o el 70%-30% en radios?
  • ¿Se aplica el “100% publicidad ecuatoriana” o el “75% en publicidad ecuatoriana”?
  • ¿Se sanciona con multas altas como las que dispone la Ley de Comunicación recién votada o con multas de 25 centavos?

La Constitución dice que en caso de duda, se aplique la norma menos severa para el infractor (art. 76 num. 5).

Conclusión: Nada nuevo hay bajo el sol, pero las normas contradictorias podrían crear un escenario confuso.

Publicado orignalmente en el blog j-major.

Extrañando a Webster

Se ha colocado a D’Hondt como uno de los responsables del resultado electoral del pasado 17 de febrero. Más precisamente, a quienes aprobaron la reforma al Código de la Democracia que estableció ese método de asignación de escaños para asambleístas provinciales (y para el Parlamento Andino). En este artículo se estudia cómo se hubieran repartido los escaños con el método Webster.

En el método D’Hondt, el total de votos de todas las listas se dividen para números secuenciales (1, 2, 3, 4,…) mientras en el método Webster, se dividen para números impares (1, 3, 5, 7…). Los más altos resultados de esas divisiones reciben los escaños disponibles. Luego la votación por nombre sirve para determinar quién de los candidatos de cada lista, se lleva uno de los escaños que le corresponda a la lista.

Se eligen dos asambleístas en las 3 circunscripciones del exterior y en 6 provincias (Napo, Orellana, Pastaza, Morona, Zamora y Galápagos). En las 6 provincias, PAIS puso un asambleísta y otra lista, puso el otro asambleísta (PSP, Avanza, Pachakutik, según cada caso). Si se aplicaba el método Webster, nada hubiese cambiado: entraban los mismos asambleístas. Aún no se tiene información del exterior, pero si los votos de asambleístas se asemejan a la votación para Presidente y para asambleístas nacionales, se cumplirá el anunciado vaticinio de que los 6 legisladores del exterior pertenecerán a PAIS. Si la votación de PAIS en el exterior supera más de 3 a 1 a la siguiente lista, hubiese sido igual con el método Webster: todos de PAIS.

Se eligen tres asambleístas en 6 provincias (Santa Elena, Carchi, Pichincha, Bolívar, Cañar y Sucumbíos). En la provincia peninsular, con Webster no habrían cambiado los resultados. En Pichincha (cantones excepto Quito), PAIS ganó los tres escaños, pero con el método Webster, CREO hubiese tenido uno de esos tres puestos. En las otras cuatro provincias, PAIS tuvo dos asambleístas con el método D’Hondt, pero con el otro método hubiese cedido uno de esos puestos (a Creo, Avanza, Pachakutik o un movimiento conservador, en el caso del Carchi). De hecho, en Bolívar, Ramsés Torres estuvo aapenas 437 votos de entrar inclusive con D’Hondt.

Diez circunscripciones eligieron cuatro asambleístas cada una: las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Loja y los distritos: Manabí Norte, Quito urbano norte y Quito rural. En cinco de ellas (incluyendo Quito urbano norte), el método Webster hubiese asignado los mismos escaños a las mismas agrupaciones (aunque el orden de ingreso variaba, pero no es de mayor relevancia). Hubiesen cambios en: Esmeraldas, Manabí Norte, Imbabura, Cotopaxí y Tungurahua. En tres de ellas, CREO hubiese tenido un escaño más. En Esmeraldas y en Tungurahua, los escaños extra habrían llegado a MPD y PSP, respectivamente.

Ocho circunscripciones eligieron cinco legisladores cada una: los cuatro distritos de Guayas, Manabí Sur, El Oro, Azuay y Quito urbano sur. Si se aplicaba Webster, en Quito urbano sur no habría cambios. En Manabí, en lugar de cinco, PAIS hubiera tenido cuatro, y CREO ganaba un escaño. En Azuay, en lugar de cinco, PAIS hubiese tenido tres, siendo los otros de CREO y MPD/Pachakutik. En El Oro y Guayas (distritos 2 y 3), PSC hubiese tenido un escaño adicional. Y en los otros distritos de Guayas, PRIAN y PSP hubiesen ganado un escaño. (En Guayas se calculó con 82% de actas escrutadas).

Finalmente, en Los Ríos se eligen seis asambleístas. Con D’Hondt, PAIS puso cinco y CREO, otro. Si se aplicaba Webster, PAIS hubiese tenido sólo tres y entraban PSP y PRE.

En definitiva, en casi la mitad de provincias (o distritos), el resultado de aplicar D’Hondt o Webster sería el mismo. En total, la diferencia hubiese sido de veinte curules menos para PAIS, con los cuales hubiese aumentado CREO en siete escaños, tres para MPD/Pachakutik y PSC/Madera de Guerrero. Los otros escaños los hubieran gando Avanza, PSP, PRIAN y PRE. Como la mayoría necesaria para reformar la Constitución son 92 asambleístas, con el método Webster, PAIS hubiese necesitado de alianzas políticas para aprobar tal reforma.

No se ha inventado un método que refleje la exacta proporción del electorado en los escaños disputados, por lo que cualquiera de los métodos hubiese “redondeado” la voluntad popular, sea hacia la mayoría o hacia la minoría. Normalmente, el método D’Hondt ha sido utilizado en países que buscan corregir excesiva dispersión en su representación política.

Publicado originalmente en La República.

Los canales incautados no son medios públicos

Ayer César Monge, a nombre de CREO, acudió a la Contraloría a reclamar por un vídeo parodia difundido en TC y GamaTV. Como dije hace 2 posts atrás, es positivo que se denuncien todas las actividades que los sujetos políticos estimen infracciones para que la autoridad sancione tras el debido proceso.

En el evento de presentación de la denuncia, Monge citó el artículo 203 del Código de la Democracia y acusó el uso de bienes públicos:

Art. 203.- Durante la campaña electoral se prohíbe la publicidad o propaganda de las instituciones del Estado, en todos los niveles de Gobierno, salvo las excepciones que se detallan a continuación:

1. Que la difusión se refiera a información de programas o proyectos que estén ejecutándose o que por la oportunidad deban ejecutarse en dicho período. *
2. Cuando se requiera en las obras públicas, informar a la ciudadanía sobre cierres o habilitación de vías u obras alternas; o lugares alternos;
3. En situaciones de emergencia, catástrofes naturales, cuando se requiera informar a la ciudadanía sobre medidas de seguridad, evacuación, cierre o habilitación de vías alternas.
4. Cuando se requiera informar temas de importancia nacional tales como: campañas de prevención, vacunación, salud pública, inicio o suspensión de períodos de clases, seguridad ciudadana, u otras de naturaleza similar.

Además, se prohíbe durante la campaña electoral la contratación y difusión de propaganda y publicidad por parte de sujetos de derecho privado referente al proceso electoral en prensa, radio, televisión, vallas publicitarias y cualquier otro medio de comunicación social.

Los medios de comunicación social se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política. El Consejo Nacional Electoral ordenará al medio de comunicación social la suspensión inmediata de la publicidad o propaganda que no cumpla con las excepciones previstas en el presente artículo, sin necesidad de notificación previa al anunciante, o, de ser el caso podrá disponer al anunciante la modificación de la publicidad o propaganda, sin perjuicio del juzgamiento de conformidad con esta Ley.”

Aunque en la nota de prensa de CREO se cita al art. 213 del Código de la Democracia, que no tiene nada que ver con la competencia de la Contraloría para investigar:

Art. 213.- El Consejo Nacional Electoral, las Juntas Provinciales Electorales y el Tribunal Contencioso Electoral, tendrán la facultad de requerir, a cualquier organismo público o privado, que sea depositario de información pertinente, los datos que precise para el control del monto, origen y destino de los recursos que se utilicen en las campañas electorales.

Ninguna información será negada argumentando sigilo o reserva bancaria o cualquier otra restricción. Dichas informaciones se suministrarán en el plazo de ocho días de notificado el pedido; de no hacerlo, el representante legal o el funcionario responsable de la entidad requerida, será sancionado por el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Contencioso Electoral, según sea el caso, y de conformidad con la Ley.

En el proceso de investigación, los miembros del Consejo Nacional Electoral o las juntas provinciales electorales guardarán reserva hasta que concluya la misma y se emita la correspondiente resolución.

Y en este vídeo, Monge afirma sobre los canales: “…son instituciones públicas con recursos públicos…”: http://www.ecuavisa.com/component/videos/?task=view&id=32228

El propósito de este post no es tratar sobre la difusión del vídeo o sobre la capacidad de la Contraloría para investigar las actividades de los canales incautados. El único propósito es explicar que los canales incautados no son canales públicos.

En primer lugar, es obvio que las empresas en mención fueron creadas como compañías de derecho privado, bajo la Ley de Compañías.

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El Gerente General de la Agencia de Garantía de Depósitos, en cumplimiento de lo dispuesto en el último inciso del artículo 29 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Area Tributario-Financiera y de conformidad con lo resuelto por el Directorio de la Agencia de Garantía de Depósitos, en sesión de 4 de julio del 2008, ordenó incautación de bienes, acciones y participaciones de empresas cuyos capitales, como es de público conocimiento, pertenecen a ex – accionistas y ex – administradores de instituciones financieras que se encuentran incursas en la norma antes mencionada. Una de esas empresas era TC y otra Gamavisión.

 

Como producto de esa decisión, en el libro de accionistas de cada una de las empresas, se cambió el nombre de los hermanos Isaías por la AGD, de modo que la AGD pasó a constar como accionista. Pero eso no cambia la naturaleza de la compañía incautada: la compañía sigue siendo una empresa creada bajo la Ley de Compañías. El hecho de que la AGD sea institución pública, no hace públicos a los canales. Como tampoco eran los canales “persona natural” cuando el accionista era una persona natural.
Esta es una aplicación del principio de que la compañía es una persona distinta de sus dueños (Código Civil):
Art. 1957.- Sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común, con el fin de dividir entre sí los beneficios que de ello provengan.

La sociedad forma una persona jurídica, distinta de los socios individualmente considerados.

Ante la pregunta de “¿Pero si el dinero para rescatar a los bancos es público, lo que se cobra en la incautación no debe ser público también?” La respuesta sería: Si: son recursos públicos LAS ACCIONES de las empresas, pero no las empresas como tales.

Que la naturaleza jurídica de una compañía cambie porque su dueño cambió sería como imaginar que una camioneta se vuelve sedán sólo por haber cambiado de dueño.

¿O sea que la Contraloría no puede hacer nada?

No hay tal (sería irresponsable que la Contraloría no pudiera examinar a empresas incautadas). La Contraloría sí puede hacer control en empresas privadas:

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado: Art. 2.- Ambito de aplicación de la Ley.- Las disposiciones de esta Ley rigen para las instituciones del sector público determinadas en los artículos 225, 315 y a las personas jurídicas de derecho privado previstas en el artículo 211 de la Constitución.

¿En qué casos puede la Contraloría controlar a empresas privadas?

En general en dos casos: cuando el Estado les haya entregado recursos públicos (no sólo en el caso de incautación, sino en cualquier caso, por ejemplo si les entrega un subsidio por algún motivo) y cuando sean concesionarias de servicios públicos o de obras o explotación de recursos naturales.
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado Art. 4.- Régimen de control de las personas jurídicas con participación estatal.- Para todos los efectos contemplados en esta Ley, están sometidas al control de la Contraloría General del Estado, las personas jurídicas y entidades de derecho privado, exclusivamente sobre los bienes, rentas u otras subvenciones de carácter público de que dispongan, cualesquiera sea su monto, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 211 de la Constitución Política de la República.

Se evitará la superposición de funciones con otros organismos de control, sin perjuicio de estar obligados de actuar en el marco de sus competencias constitucionales y legales, de manera coordinada, conjunta y/o simultánea.

Cuando el Estado o sus instituciones hayan delegado a empresas privadas la ejecución de obra pública, la explotación y aprovechamiento de recursos públicos mediante concesión, asociación, capitalización, traspaso de propiedad accionaria, de certificados de aportación o de otros títulos o derechos, o por cualquier otra forma contractual de acuerdo con la ley, la vigilancia y control de la Contraloría General del Estado no se extenderá a la persona o empresa delegataria, pero si, a la gestión referida a esa delegación por parte de la institución del Estado delegante, sin perjuicio de la eventual responsabilidad que la Contraloría General del Estado pueda determinar, conforme a lo establecido en esta Ley.
Otra cuestión es: Si la compañía es de derecho privado, ¿puede ser un medio público?

La empresa, como cualquier otra, puede tener varias líneas de negocios. Así por ejemplo, Gamavisión tenía una radio (Universal, que luego fue vendida a la Prefectura de Pichincha), TC tenía una radio y un servicio de anfitriones/animadores/artistas de eventos (TC talentos). En ese sentido, podrían tranquilamente iniciar una línea de negocio que venda un producto con características “públicas”, como también pueden tener productos de tipo comercial.

Ese es el caso de Editogran S.A., empresa de derecho privado creada bajo la Ley de Compañías, que fue incautada y que actualmente comercializa un producto público (Diario El Telégrafo) y otro de naturaleza comercial (PP El Verdadero). Eso no cambia que la empresa sea de derecho privado.

¿Y los canales, pueden ser considerados públicos?

A diferencia de los diarios, los canales no pueden auto-denominarse públicos o auto-denominarse privados ni auto-denominarse comunitarios. Su naturaleza depende de la concesión que recibieron. La Ley de Radio y Televisión vigente establece distintas normas según el tipo de concesión que recibieron:
LEY DE RADIO Y TELEVISIÓN – CAPITULO I
De las Estaciones
Art. 6.-
Se reconocen dos clases de estaciones de televisión y radiodifusión:
a) Comerciales privadas; y,
b) De servicio público.

Art. 7.- Son estaciones comerciales privadas las que tienen capital privado, se financian con publicidad pagada y persiguen fines de lucro.

Art. 8.- Son estaciones de servicio público las destinadas al servicio de la comunidad, sin fines utilitarios, las que no podrán cursar publicidad comercial de ninguna naturaleza.
Están incluidas en el inciso anterior, las estaciones privadas que se dediquen a fines sociales, educativos, culturales o religiosos, debidamente autorizados por el Estado.

Sin embargo las estaciones comunitarias que nacen de una comunidad u organización indígena, afroecuatoriana, campesina o cualquier otra organización social, que su labor esté orientada al fortalecimiento de la comunidad, a la consolidación intercultural y social, a la defensa de los valores humanos, históricos, artísticos, que afiancen la identidad nacional y vigoricen la vigencia de los derechos humanos, pueden realizar autogestión para el mejoramiento, mantenimiento y operación de sus instalaciones, equipos y pago de personal a través de donaciones, mensajes pagados, y publicidad de productos comerciales.

Los requisitos, condiciones, potestades, derechos, obligaciones y oportunidades que deben cumplir los canales o frecuencias de radiodifusión y televisión de las estaciones comunitarias, serán los mismos que esta Ley determina para las estaciones privadas con finalidad comercial, en concordancia con lo prescrito por el numeral 10 del artículo 23 de la Constitución Política de la República.

Las utilidades que se percibieren de la administración de estas emisoras deberán ser reinvertidas en ampliar los servicios, sistemas o equipos de las mismas, o en actividades propias de la comunidad que representan.”
Entonces, como Gama y TC recibieron concesiones de frecuencias en calidad de canales comerciales, no pueden ser medios públicos. Y, de hecho, si fuesen públicos no pudiesen pautar publicidad privada (como ECTV no puede).

De regreso al caso denunciado por Monge: ¿Puede la Contraloría investigar?

La respuesta, como en muchos casos, es “depende”. Si la difusión se hizo con recursos públicos, si. Si la difusión fue con recursos privados, no.

Un canal (como cualquier empresa) contrata los insumos que sirven para su proceso de producción de dos maneras: con capital fresco aportado por sus socios o con ingresos de la venta de sus productos. En mi criterio, los ingresos que perciben Gama y TC por la venta de publicidad o espacios contratados (estilo TVentas o Pare de Sufrir) son recursos privados, porque es producto de un contrato mercantil. Y los aportes que realicen sus accionistas privados (por ejemplo, los trabajadores de los canales), también son recursos privados. Pero si el Estado aporta capital fresco a las empresas, ese recurso es público. Y por tanto, sujeto a control de la Contraloría.

Si un vídeo fue hecho con recursos aportados por el Estado (o fue realizado por productores independientes, los cuales han sido contratados con recursos aportados por el Estado), sí pueden ser analizados por la Contraloría.

Si un vídeo fue producido o contratado o pautado con recursos privados, no puede ser auditado por Contraloría.

A raíz del caso Duzac, se conoció que la UGEDEP tomó un crédito en el Banco Cofiec, el cual fue entregado a Gama para que tenga fondos suficientes. No conozco cómo fue contabilizado este ingreso por parte de Gama, pero si fue contabilizado como un aporte del accionista UGEDEP a la empresa Televisión del Pacífico Teledos SA (nombre formal de Gama), se puede entender que los recursos son públicos. Cuando el Presidente Correa indicó sobre este préstamo, señaló que dispuso que se pague inmediatamente.

Un resumen de los tres años de incautadas las empresas, vía Buró de Análisis.

Publicado origalmente en el blog j-major.