Documentos clasificados invalidan la apelación de EE.UU. contra Assange
Richard Medhurst
Publicado originalmente: 28 noviembre 2021
Original en inglés: https://richardmedhurst.substack.com/p/mendoza
Versión en italiano: https://italianiperassange.medium.com/documenti-riservati-invalidano-lappello-degli-stati-uniti-contro-assange-124045a86c
Estados Unidos incumplió sus compromisos diplomáticos en el caso David Mendoza: hará lo mismo con Julian Assange
- En 2009, David Mendoza Herrarte fue extraditado de España a EE.UU., bajo la condición de que pudiera cumplir su pena en España. LyX Document
- Documentos clasificados revelan que los compromisos diplomáticos ofrecidos por la Embajada de EE.UU. en Madrid y como EE.UU. violó las condiciones de su extradición. LyX Document
- Mendoza pasó más de 6 años en EE.UU. tratando de regresar a España.
- Documentos de la Corte muestran como EE.UU. negó su solicitud de transferencia múltiples veces.
- Mientras estaba en prisión, Mendoza demandó a EE.UU. y a España por incumplir las condiciones de su extradición y violar sus derechos humanos.
- Su caso ha sido recientemente abordado por Naciones Unidas.
- El caso de Mendoza fue presentado la semana pasada en la Alta Corte inglesa, donde EE.UU. está intentando extraditar a Julian Assange. EE.UU. ha ofrecido los mismos compromisos diplomáticos de que Assange podría cumplir una eventual pena en Australia.
- Los abogados de Assange citan el caso Mendoza como una evidencia de que dichos compromisos no pueden ser confiados.
- James Lewis, abogado principal de EE.UU. afirma que los compromisos diplomáticos son a prueba de balas: él dijo a la Corte que: “EE.UU. nunca ha incumplido un compromiso diplomático, ever”. Documentos de la Corte y compromisos diplomáticos obtenidos por Richard Medhurst demuestran que no es verdad.
David Mendoza Herarte nació y creció en Estados Unidos. Siendo de madre española, él viajaba allá cada verano: me describió a España como su segundo hogar. El es ciudadano tanto estadounidense como español.
Mendoza estaba siendo buscado por Estados Unidos por tráfico de drogas. A inicios de los 2000s, él utilizaba helicópteros para traficar marihuana, comúnmente conocida como BC Bud, a través de la frontera desde Canadá a Seattle (EE.UU.). Actualmente, la marihuana es legal en Seattle.
Mendoza trabajaba en el sector construcción y desarrollo inmobiliario, haciendo buen dinero. Él me dijo que sólo traficaba para ayudar a subisidiar algunos de sus proyectos constructivos: “Yo tenía tantas obras en marcha, pero no es algo que debí haber hecho, para comenzar. Era demasiada ambición en mis 20s”.
Mendoza primero se dio cuenta que las autoridades de EE.UU. estaban tras él cuando él fue chocado por detrás por un camión, causando que se cayera el bumper de su auto. Cuando él llevó el auto a reparar, el mecánico le informó que tenía un dispositivo GPS de seguimiento que decía “propiedad del gobierno federal” ubicado bajo su auto.
Mendoza me dice que pusieron a equipos bajo su vigilancia 24 horas al día. Mientras casualmente conversaba con un vecino, él se enteró que el gobierno había alquilado un inmueble diagonal a su domicilio, que otro vecino había intentado poner en el mercado hace mucho tiempo, con poco éxito; a la astronómica cifra de $6.000/mensual.
Para evitar levantar sospechas, Mendoza sabía que él simplemente no podría salir del país, dado que lo detendrían apenas pisara un aeropuerto. En vez de eso, él intercambió autos con una mesera que trabajaba en uno de sus restaurantes, sin que ella conociera, y manejó 20 horas seguidas hasta la frontera mexicana.
Ya en México, él se quedó en una casa de su propiedad, por casi un mes, hasta que supo que habría una orden de arresto internacional en contra de él, quien dejó México y se fue para Madrid, llegando a España en Junio de 2006.
Dos años después, en Junio de 2008, Mendoza fue arrestado por la policía españoila bajo la orden de arresto internacional. EE.UU. había requerido su extradición bajo cargos relacionados con drogas y lavado de dinero.
En este punto, Mendoza se había instalado en España y tenía una familia. Él estaba ahora casado y tenía dos hijos.
Mendoza me dijo: “En España, si tu recibes una condena, te envían a purgar lo más cerca de tu familia. Tienes visitas abiertas, visitas conyugales, tu hijo puede estar contigo. En muchos casos, los niños viven con sus madres. La idea es mantener el núcleo familiar”.
Los jueces tomaron en cuenta que Mendoza estaba ahora viviendo en España, casado, y su primer hijo, de apenas 9 meses, había nacido con síndrome de down. El ya tenía otro hijo en camino, ambos de nacionalidad española. A la luz de estas condiciones, Mendoza pidió a la Corte que tome en consideración a su familia.
Agosto de 2008: El Tribunal Supremo de Justicia español sentenció que la extradición de Mendoza sólo podría proceder bajo tres condiciones:
- Que purgue su condena en España.
- Que no se le condenare a cadena perpetua.
- Que no sería juzgado por estructuración monetaria.
Los fiscales estadounidenses rechazaron esto, argumentando que el Tratado de Extradición entre EE.UU. y España no permite a España establecer condiciones para la extradición.
Noviembre de 2008: El Tribunal español emitió una decisión posterior, reiterando que sí tiene atribución para establecer condiciones para la extradición de un nacional español. En ambas decisiones judiciales, los jueces españoles dejaron clara su posición: si EE.UU. quería extraditar a Mendoza, debía devolverlo a España para purgar su condena.
Enero de 2009: La Embajada de EE.UU. en Madrid entregó al Gobierno español una nota verbal, que contenía los compromisos diplomáticos en relación a David Mendoza.
Allí enlistaba todos los cargos planteados contra Mendoza, incluyendo el cargo por estructuración monetaria, a pesar de haber sido explícitamente excluído por el Tribunal español. (Esto es porque no existe un delito equivalente bajo la ley española. Una sentencia de cadena perpetua fue revocada por la misma razón, dado que la cadena perpetua no está permitida en la legislación española y la extradición debe ser compatible con la legislación española).
Los compromisos diplomáticos dados a España por EE.UU estipulan: “El Tribunal Distrital de Washington en Seattle ha indicado posteriormente que no se opone a que MENDOZA pueda peticionar purgar su condena en España, de acuerdo al Convenio del Consejo de Europa sobre Traslado de Personas Condenadas y sus reglas de aplicación.”
Este compromiso diplomático inmediatalmente levantó sospechas.
El compromiso diplomático no establece explícitamente que Mendoza sería enviado a España a purgar su condena: sólo decía que EE.UU. “no objetaría que Mendoza podría peticionar purgar su pena en España” – algo que además EE.UU. no puede oponerse de todos modos, dado que es derecho de cada detenido el aplicar según el Convenio del Consejo de Europa sobre Traslado de Personas Condenadas.
Mendoza me dice: “Esto muestra la maldad de esta gente: ellos usan este lenguaje ambiguo a propósito. Hay un precedente en corte federal de que si ellos no aceptan explícitamente las condiciones de la extradición, ésta no es válida”.
Recientemente, EE.UU. ofreció similares compromisos diplomáticos al Reino Unido, diciendo que Assange podría purgar una eventual condena en su país natal Australia.
Mendoza dice que, para que sea válido, los compromisos diplomáticos deben explícitamente establecer por adelantado que tanto el Departamento de Justicia de EE.UU. y Australia deben aceptar la transferencia de Assange – de otro modo, no tiene utilidad alguna.
“Con el caso de Assange, yo lo veo en blanco y negro. Ellos {Australia} no van a permitir tal cosa. Bajo el Tratado, las tres partes deben estar de acuerdo: Julian, Australia y EE.UU. Pero EE.UU. puede decir por detrás a Australia: ‘jódelo a ese tipo, no estés de acuerdo.’”
El Convenio del Consejo de Europa sobre Traslado de Personas Condenadas explícitamente estipula en su artículo 3(f) que una persona condenada puede ser transferida “si los Estados sentenciante y administrante están de acuerdo en la transferencia” (El Estado administrante significaría Australia en este caso).
Al ser uno de los pocos periodistas que cubren la extradición de Assange, puedo confirmar que hasta la fecha Australia no ha emitido ninguna indicación de que aceptaría una petición de Julian Assange de purgar una eventual condena, si es que lo solicitare.
Bajo su legislación, el Tribunal Supremo Español ha establecido explícitamente que Mendoza no puede recibir cadena perpetua, o su término equivalente, si fuere extraditado. La nota diplomática dice que los fiscales estadounidenses “no buscarán una sentencia de pena de muerte o cadena perpetua”, sin embargo, ellos señalaron que “Mendoza recibirá una condena de prisión determinada” – lo que podría significar cualquier número de años, y ello es algo que explícitamente incumple las condiciones españolas de la extradición.
Mientras los compromisos diplomáticos de EE.UU. hacia España podría alegarse que son vagamente redactadas, el siguiente documento suscrito por la Embajada de EE.UU., ciertamente no lo era.
Abril de 2009: Mendoza presentó los compromisos diplomáticos ante el Tribunal español, quejándose de que eran demasiado ambiguos. El Tribunal entonces explícitamente ordenó al Gobierno español “poner el resto de los medios necesarios para garnatizar que la entrega se produzca con todas las seguridades necesarias de que se vaya a respetar en su estricto término los límites y condiciones que han sido impuestos por este Tribunal…”
Como resultado, se estableció un contrato para la extradición de Mendoza, un Acta de Entrega:
Mientras Mendoza se embarcaba en el aeropuerto de Barajas, listo para ser extraditado a EE.UU., estaba acompañado por la policía y un diplomático españoles. Esperando por él estaban los U.S. Marshalls y la representante de La Embajada en Madrid, Kimberly Wise.
Mendoza fue desnudado, puesto en uniforme naranja y esposas, al momento de firmarse el Acta de Entrega.
Esta Acta de Entrega es un documento crucial. Estipula que Mendoza fue entregado a las autoridades estadounidenses, pero más importante, confirma que la entrega se produce según “previamente acordado por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional”. Lo que significa que quien firma el Acta acuerda los términos y condiciones impuestos por la Audiencia Nacional española, esto es, que Mendoza pudiera purgar su pena en España.
Kimberlly Wise firmó el Acta de Entrega a nombre del gobierno de EE.UU., acordando las condiciones de extradición de Mendoza. Wise firmó juntamente con Mendoza y un representante del gobierno español. Las tres firmas del Acta de Entrega se muestran a continuación.
Sin dejar lugar a ambigüedades, Mendoza recuerda como una autoridad del Tribunal Español tenía el papel delante de todos y expresamente preguntó: “¿Entienden todos lo que están firmando?”, subrayando el texto con resaltador, lo que aún es visible en el lado izquierdo de la página.
A pesar de leer y firmar este documento, el gobierno de EE.UU., no permitió nunca a Mendoza volverlo a ver, diciendo que es clasificado y que él no tiene acceso a comunicaciones diplomáticas.
Kimberly Wise, quien firmó el Acta de Entrega a nombre de EE.UU., puede verse todavía trabajando en La Embajada en Madrid, tan cerca como en 2019.
En entrevista con la gaceta del Departamento de Estado, Kimberly Wise destaca sobre su profundo relacionamiento con el sistema de justicia español: “Yo conozco a la policía, conozco a los fiscales”.
Cuando le mostré este vídeo a Mendoza, él reconoció inmediatamente a Wise: “Es vergonzante como esta gente está tan enraizada en el sistema judicial español – con tal arrogancia, como si ella los controlara”.
Abril de 2009: David Mendoza Herrarte es extraditado a EE.UU.
Después de firmar el Acta de Entrega, Mendoza estaba oficialmente bajo jurisdicción de EE.UU. Él recuerda de cuando fue entregado a las autoridades estadounidenses: “La primera cosa que ellos hacen cuando te detienen, es desnudarte. Los marshalls hacen chequeo de cavidades integral. Ellos intentan humillarte de toda forma posible: ‘En cuclillas! Ahora, has esto…’. Ellos te dicen: ahora estás bajo jurisdicción de EE.UU., y es nuestra ley la que vamos a aplicarte”.
Junio de 2009: Una vez en EE.UU., Mendoza tomó parte en lo que es conocido como una audiencia de mediación o conferencia de acuerdo. Aquí es cuando se discuten los acuerdos de culpabilidad entre juez, fiscales y defensa.
Los fiscales amenazaron a Mendoza con más de 20 años en prisión si no entregaba más propiedades.
“Yo tenía un edificio muy grande en Tacoma, Washington, avaluado en $2 millones. Los federales querían incautarlo, pero no podían, pues estaba a nombre de mi esposa, quien no tenía asociación con lo de los narcóticos”.
A Mendoza le dijeron que si entregaba el edificio, el gobierno de EE.UU. no se opondría a su petición de ser transferido a España. Mendoza pidió que pusieran ese compromiso por escrito. Le dijeron que no, alegando que eso no era una práctica común durante un arbitraje. El juez, Ricardo Martínez, reafirmó que él se aseguraría que el gobierno conserve su palabra.
Reacio, Mendoza entregó la propiedad, creyendo que mejoraría sus posibilidades de volver a España. “Tan pronto llegué allá, podía ver que se trataba todo de dinero. Ellos querían que yo entregue todo.”
Los defensores técnicos de la Fiscalía eran Susan Roe, Roger Rogoff y Richard Cohen. Todas las decisiones debían ser validadas por Jenny Durkan, la fiscal principal del caso Mendoza. Durkan es ahora alcaldesa de Seattle, Washington.
En este punto, el gobierno de EE.UU., había ya incautado alrededor de $14 millones en activos y propiedades de Mendoza, en su abrumadora mayoría, no relacionados con narcotráfico.
Durante el juicio, Mendoza enfrentaba ahora a 14 años en prisión. Mendoza dijo al juez: Su señoría, la fiscalía estima que yo hubiera hecho $2 millones en marihuana, pese a ello, ustedes han tomado $14 millones en propiedades mías. ¿Dónde está el balance de la justicia aquí? Tomen 2 millones, yo conservo mis 12. Cada hora de mi vida trabajé en esos edificios.
Thomas Zilly, el Juez de Distrito senior, miró por debajo a Mendoza y le dijo: jovencito, en los Estados Unidos de América, cuando tu mezclas un centavo sucio con cien centavos limpios, todo se vuelve propiedad de EE.UU.
Mendoza me explica: “Antes de yo ser enjuiciado o extraditado, ellos se incautaron mi propiedad y enjuiciaron mi propiedad en cortes civiles”.
“Bajo cada propiedad pusieron letreros que decían ‘incautado por el gobierno federal’ y que tenía 90 días para impugnar”.
Mendoza sospecha que el gobierno le estaba poniendo una trampa para hacerle volver a EE.UU. para impugnar las incautaciones, porque sabían que no tenían evidencia suficiente para enjuiciarlo por narcotráfico.
“Yo contraté un abogado para impugnar las incautaciones. Pero una de las jugadas que el gobierno juega es: No puedes impugnar en juicios civiles si estás fuera de EE.UU.: Debes estar ahí personalmente. Era una táctica para obligarme a volver a EE.UU. Ellos incautaron todas mis propiedades, no les importó si fue o no usado en los hechos investigados – se lo llevaron todo”.
En el juicio, Mendoza pidió que la corte respete las condiciones de extradición y enviarlo de regreso a España para cumplir su condena.
Mendoza recuerda el siguiente intercambio:
Juez Zilly: Mr. Mendoza, usted conoce bajo qué instrumento fue usted extraditado a EE.UU?
Mendoza: Sí señor. El Tratado de Extradición entre España y los Estados Unidos de América.
Juez Zilly: Eso es correcto. Y es usted parte signataria de ese Tratado? Lo firmó usted?
Mendoza: No. Yo no. España y EE.UU. lo firmaron.
Juez Zilly: Eso es correcto. A menos que usted sea parte signataria, no puede reclamar.
Aquí se volvió claro que EE.UU. nunca tuvo la intención de enviar a Mendoza de regreso a España. Ellos habían le habían sacado cada centavo y luego le despojaron de los compromisos diplomáticos dados a España.
Lo que EE.UU. estaba diciendo esencialmente es: Mendoza no es parte suscriptora del Tratado de Extradición entre España y EE.UU., por tanto él no puede demandar por incumplimiento contractual si EE.UU. no lo envía de regreso a España.
Esto puede sonar como una afirmación ridícula, pero porque lo es. Obviamente, Mendoza no es parte signataria de un tratado de extradición, porque los tratados de extradición se firman entre países, no entre personas naturales.
Mendoza estima que el gobierno de EE.UU. jugará el mismo truco con Assange si ellos se niegan a enviarlo a Australia y si él impugna tal negativa ante las cortes.
“Dentro de esa nota, debe específicamente establecer que Julian tiene derecho a impugnar un incumplimiento por parte de EE.UU., incluso así no sea parte signataria del tratado. Porque EE.UU. va a comenzar a jugar con eso”.
En el caso de Mendoza, sin embargo, hay un documento que tanto él como EE.UU. como España habían firmado juntos, que claramente establecía que él debía purgar su condena en España: el Acta de Entrega.
Mendoza pidió una copia bajo la Ley de Acceso a la Información (FOIA, Freedom of Information Act), pero su petición fue negada. En su lugar, se le entregó otra versíon del Acta de Entrega, con su firma removida. La versión entregada a él por EE.UU. solamente contenía las fimras de las autoridades española y estadounidense (izquierda) en lugar de la versión original (derecha), firmada por él, España y EE.UU.:
Mendoza fue sentenciado a 14 años en prisión. En lugar de ser enviado a España inmediatamente a purgar su condena, Mendoza fue instruido de aplicar al tratado de transferencia. Él aplicó, pero la respuesta de EE.UU. fue: ‘no’.
“Los Estados Unidos niega la solicitud de transferencia debido a la gravedad de la ofensa, debido a que el reo está domiciliado en Estados Unidos, debido a que el reo es un pobre candidato debido a su record criminal y debido a graves preocupaciones sobre ejecución de la pena”.
En total, Mendoza ha aplicado tres veces al tratado de transferencia a España. Todas las tres aplicaciones fueron negadas, violando las condiciones para su extradición. Cada vez que aplicaba, tenía que esperar 8 meses para su decisión, y aún más tiempo para aplicar nuevamente. La negativa estipula: “No existe apelación en sede administrativa a esta decisión. Salvo lo señalado arriba, el reo puede volver a aplicar dos años después de esta negativa.”
Mendoza me dijo: “Ahí es cuando me di cuenta que estoy en la corte equivocada. No voy a lograr nada aquí. Voy a demandar en mi propio país porque al menos ahí podré probar un poco el sabor de la justicia.”
Luego de su primer rechazo en 2010, Mendoza demandó a España ante la justicia penal, pidiendo que los jueces españoles hagan cumplir las condiciones de extradición, verbi gracia, retornarlo a España. Al comienzo, las cortes inferiores le dijeron que no hay nada que pudieran hacer. Luego el caso fue al Tribunal Supremo, donde se negaron a analizarlo.
Dos años han pasado y Mendoza no estaba obteniendo nada en las cortes penales. Su siguiente paso fue intentar acudir al Tribunal Constitucional español, el cual también se negó a tomar el caso, ni a obligar a los estadounidenses a cumplir su parte del trato. La tercera y última opción fue la justicia civil.
En 2014, Mendoza presentó dos juicios contra España:
- Que las condiciones de us extradición se habían violado, y
- Que sus derechos humanos habían sido violados.
Cada caso llegó a la Corte Suprema. Mendoza ganó en ambos.
La Corte Suprema española halló que los esfuerzos del gobierno español para recuperar a Mendoza eran inadecuados y aún risibles. Se le ordenó al gobierno español entregar comunicaciones diplomáticas con EE.UU. – que previamente fueron negados a Mendoza. Estos documentos revelan que España había solicitado la repatriación de Mendoza solamente dos veces.
Se le ordenó al gobierno español “tomar todas las medidas para asegurar que EE.UU. entregue al apelante {Mendoza} al gobierno español para que cumpla su condena en España.” De lo contrario, la Corte Suprema usaría todas las herramientas a su disposición para hacerlo. En otras palabras, la Corte Suprema amenazó con suspender el tratado de extradición entre España y EE.UU. por completo.
Ahí es cuando EE.UU. finalmente comenzó a sentir algo de presión.
“Una vez que la Corte Suprema española emitió esa decisión, ellos comenzaron a cagarse en los pantalones”, explica Mendoza. “Si la Corte española suspende el tratado de extradición, es todo un trámite volverlo a reactivar. Debería volver por el Parlamento español, la Unión Europea, y atraería demasiada atención. A ellos les gusta hacer sus cosas bajo el radar, lo que menos quisieran es que esto se maneje a nivel público”.
En 2014, apenas antes de la sentencia del Supremo en favor de Mendoza, diplomáticos españoles lo visitaron en prisión. Pusieron una hoja de papel frente a él y le dijeron que, si lo firma, él estaría de inmediato de regreso a España. Aparentemente, EE.UU. querían cinco colombianos que estaban en España, que ellos querían canjear por Mendoza.
Mendoza rechazó de plano. El no iba ser responsable de ayudar a extraditar cinco colombianos, aparte de que ello nunca fue parte del trato.
La diplomática estaba indignada de la negativa de Mendoza a cumplir: “Ella tenía un aspecto de shock en su cara y me dijo en español: ¿por qué siempre hace las cosas más difíciles?”
Mendoza le espetó: “Señora, USTEDES están haciendo las cosas difíciles. Ustedes son quienes no quieren cumplir la orden de la Corte. La Corte no dice 5 colombianos o 5 alemanes a cambio de Mendoza.”
Mendoza sospecha que esa fue una táctica de manipulación. Él dice que el gobierno probablemente percibía que que la Corte Suprema iba a fallar a su favor, así que querían regresarlo a España lo más pronto antes de que una sentencia cree animadversión con EE.UU.
Mientras Mendoza estaba demandando en España desde su celda en EE.UU, la presión se incrementaba al interior del país.
Mientras estaba en prisión, Mendoza escribió a cada uno de los miembros del Legislativo español. Cada semana, enviaba continuas cartas dirigidas a legisladores, jueves, abogados y otros, tratando de llamar a preocupación por su caso.
Mendoza me cuenta como pasaba sus días en prisión: en la biblioteca jurídica, aprendiendo derecho penal, familiarizándose él mismo con las extradiciones y descubriendo cómo el gobierno de EE.UU. había incumplido compromisos de extradición muchas veces antes.
El apoyo a Mendoza creció considerablemente en España. Cuando los jueces españoles supieron lo que estaba ocurriendo, ellos se pusieron molestos con la negativa de EE.UU. de cumplir las condiciones para su extradiición. Los jueces comenzaron a aplicar presión a EE.UU., a su propia manera, negándose a procesar más extradiciones de nacionales españoles.
Para lograr resolver el tema, Gómez Bermúdez, un juez senior de la Audiencia Nacional, convocó al Embajador estadounidense en España, y escribió una providencia señalando que la sentencia “ha dejado meridianamente claro que EE.UU. no tiene posibilidad de denegar el traslado {de Mendoza} a España sin incumplir las condiciones en que fue concedida la extradición”.
El juez dijo que más bien deberían retornar a Mendoza “pues de no hacerlo podrían verse comprometidas futuras extradiciones de España a los Estados Unidos de América, país con el que, hasta ahora, existe una fluida y fructífera cooperación judicial.”
El envió la misma orden al Ministro de Justicia.
Otro golpe de suerte para Mendoza llegó por correo, escondido en un paquete de documentos de la corte. Un juez había enviado anónimamente una copia del Acta de Entrega original: el contrato que él había firmado con EE.UU. y España.
Esto significaba que ahora Mendoza podría demandar al gobierno de EE.UU. por incumplimiento de contrato por no enviarlo a España. Que fue exactamente lo que hizo.
Mendoza presentó una acción civil contra el Gobierno de Estados Unidos y Eric Holder, en calidad de Procurador General de Obama.
Mendoza demandó a EE.UU. bajo cuatro cargos. En la corte, el defensor de EE.UU. alegó que el Acta de Entrega no era un contrato, sino un recibo por 350 euros. Mendoza dijo que era un idiota y preguntó si había obtenido su título de abogado en una caja de cereal, lo que causó sonrisas en la audiencia.
Alexey Tarasov representó a Mendoza cuando demandó a EE.UU. Tarasov me cuenta que mientras estaba comprando los pasajes para viajar a la corte en Seattle, recibió una llamada telefónica del defensor de EE.UU., quien le informó que si Mendoza abandonaba el juicio civil, le dejarían ingresar a España inmediatamente.
La presión que Mendoza logró aplicar desde su celda, demandando tanto a España como a Estados Unidos, parecía haber servido – por ahora.
Paula Wolff era la autoridad de transferencia de prisiones en el Departamento de Justicia en la época. Ella estaba en constante comunicación con la CIA, FBI, DEA y Departamento de Estado. A fin de salir para España, cada una de estas entidades debía aprobar la transferencia.
Antes de que él pudiera salir, Mendoza fue puesto a órdenes de un juez, junto con otros prisioneros que estaban siendo procesados para extradición. Se le dijo a Mendoza que firme en un papel que él iba a cumplir la totalidad de su condena en España. Él se negó, diciendo que eso no era parte del trato. Esto causó una suspensión y el juez detuvo la audiencia. Mendoza sospecha que el juez probablemente llamó a alguien en Washington DC y le habrían dicho que simplemente deje ir a Mendoza para terminar con toda esta historia, dado que estaba causando demasiado problema.
“El juicio en EE.UU. era solo un tema financiero para lograr recuperar las propiedades, pero lo que realmente les preocupaba era perder el Tratado de Extradición con España”, me dijo.
Mendoza fue autorizado para volver a España, pero él me dice, “Abandonar el juicio contra EE.UU. es el mayor arrepentimiento de mi vida”.
“Ellos no querían ser responsables ante una corte civil por incumplimiento de contrato. Yo iba a pedir todas mis propiedades de regreso, hasta que cumplieran con el acuerdo”.
Mientras estuvo en prisión, Mendoza estudió libros jurídicos, cómo estadounidenses habían demandado a otros países desde EE.UU. en cortes federales.
Él se inspiró a hacer lo mismo: “Cuando logre volver a España, voy a demandarles {a EE.UU.} bajo las mismas contingencias”.
Para su mayor sorpresa, sin embargo, él se enteró que esto ya no era posible. España había aprobado una nueva ley sobre inmunidad estatal en 2015.
En total, Mendoza había pasado 6 años y 9 meses en el sistema carcelario de EE.UU. Cada día en violación del Tratado de Extradición entre EE.UU. y España y las condiciones establecidas por el Tribunal Supremo español.
Cuando Mendoza regresó a España en 2015, originalmente el Juez Grande-Marlaska le dijo que sería liberado. Tres días más tarde, sin embargo, Grande-Marlaska abruptamente cambió de parecer. Mendoza sospecha que los estadounidenses ejercieron presión sobre él.
El ratificó la condena de 14 años contra Mendoza, debido a que la ley en España había cambiado en 2014, subiendo la condena de 6 a 15 años. Luego de eso, Marlaska fue promovido a Ministro del Interior.
La Lógica de Marlaska era que Mendoza había sido transferido en 2015, por lo que le aplicó la ley de la época. Sin embargo, la conducta investigada había tenido lugar en los inicios de los 2000s y él fue sentenciado en EE.UU. en 2009.
Mendoza sospecha que la nueva sentencia fue emitida para perjudicarlo. “Esta es su forma de decir: usted puede obligarnos a retornarlo pero no se va a salir con la suya”. Él piensa que Kimberly Wise, la diplomática estadounidense que estuvo cuando fue extraditado, tuvo algo que ver con el tema.
En España, Mendoza no salió de prisión sino en 2019. “Salí con libertad condicional, que es permitido en España luego de haber cumplido dos tercios de la condena por delitos no violentos. Dijeron ‘usted puede ir a casa y repórtese cada seis meses’”.
Mendoza me dijo que después de que él volvió, España dejó de requerir a EE.UU. enviar de regreso a prisioneros a cumplir sus sentencias en España – probablemente para evitar molestar a EE.UU. España aún pide que no se imponga penas perpetuas, pero ya no exige como condición que cumplan su condena en España.
En 2020, Mendoza presentó una acción contra España ante las Naciones Unidas, por condenarlo retroactivamente. Usualmente, el Comité de DDHH de la ONU acepta 1-2% de los casos que llegan a su conocimiento. Ellos tomaron su caso.
La Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, en inglés) es un tratado internacional creado para proteger los derechos civiles y políticos, un tratado del cual España es parte signataria. La criminalización ex post facto, como aplicar una norma penal retroactivamente está prohibido bajo ese tratado.
Pregunté a Mendoza cómo sería una eventual resolución favorable del Comité de ONU. “Hemos pedido a Naciones Unidas a ordenar una compensación, publicar mi caso en tres periódicos de alta circulación y cambiar las normas para que sean efectivas”.
La defensa española dijo a Naciones Unidas que el reclamo de Mendoza debiera ser rechazado. Ellos alegan que la única razón por la que volvió a España fue para obtener una reducción de pena. (En España, Mendoza habría recibido 6 años en lugar de los 14 años que impuso EE.UU., por el mismo delito).
Mendoza llama ridículo a este razonamiento. “¿Quién ordenó mi regreso a España? ¿Yo o las Cortes? Las Cortes, obviamente, así que debieran intentar decirles a ellos que estén abusando de la ley.”
El gobierno español acudió a la defensa técnica de Mendoza y preguntaron si estaría dispuesto a retirar la causa ante ONU. Ellos preguntaron si era cuestión de dinero. Mendoza dice: “Les dije que se jodan. No quiero dinero. No voy a abandonar esta causa. Yo quiero que este tema sea establecido como un precedente, o si no va a seguir siendo el mismo viejo y sucio sistema”.
Mendoza espera que ONU falle a su favor, en un proceso que típicamente toma cerca de 2 años.
A pesar de que ONU tomó este caso, Mendoza ha sido afectado profundamente por la extradición, las numerosas batallas legales y el abusos a sus derechos humanos.
Mientras estaba en prisión, perdió a ambos padres. “Perdí a mis padres luego de cinco años en prisión federal. Me negaron el abrazar a mi madre mientras ella sufría por un cáncer de páncreas”, recuerda. Su relación con su ex esposa e hijos también se vio afectada.
“Gasté toda mi herencia y cada honesto dólar que he hecho jamás, en este caso. Si no hubiese tenido los recursos, probablemente seguiría en una prisión estadounidense”.
El Gobierno de EE.UU. tomó $14 millones de Mendoza, incautando varios activos, restaurantes y propiedades, en su gran mayoría no relacionadas con marihuana. Yo pregunté a Mendoza cuánto habrá gastado en costas judiciales para intentar volver a España. Él estima haber gastado entre $ 220.000 y $250.000. Él dice que es afortunado en comparación con otros. De no haber tenido dinero para abogados, todavía estuviera atrapado en una cárcel estadounidense.
“Me siento realmente mal por todos aquellos aún en prisión, chicos con sentencias de por vida por marihuana. Es legal actualmente en la mayoría de estados de EE.UU., mientras ellos siguen en la cárcel. Tienes un presidente cuyo hijo fuma cocaína crack. Si él fuera cualquier otro, habría recibido al menos una condena de 5 años. ¿Por qué no podrían todos obtener un tratamiento similiar? Es vergonzoso como la opinión pública se hace de la vista gorda”.
Mendoza acepta que cometió el crimen, sin embargo dice: “Si se debe aplicar la ley al pie de la letra en mi caso, ¿por qué no se la aplica también al gobierno de EE.UU.? Estados Unidos hizo un trato con España para enviarme de regreso, y rompieron ese trato”.
Mendoza ha ofrecido su ayuda a otros que han lidiado con extradiciones a EE.UU., incluyendo a John McAfee, al infame traficante de armas Viktor Bout y a Konstantin Yaroshenko (rendido en 2010).
En 2013, una corte francesa bloqueó la extradición de Michael y Linda Mastro a EE.UU., citando el caso de Mendoza como prueba de que Francia no podría confiar en los compromisos de EE.UU.
Mendoza espera que su caso también ayude a Julian Assange, quien enfrenta hasta 175 años de prisión en EE.UU. por publicación de cables diplomáticos y de la evidencia de los crímenes de guerra de EE.UU. en Iraq y Afganistán. Una condena contra él efectivamente criminalizaría el periodismo.
He cubierto al apelación de Assange del mes pasado. EE.UU. está intentando extraditarlo desde Reino Unido hacia EE.UU. Del mismo modo, EE.UU. ha ofrecido compromisos diplomáticos de que Assange podría purgar una eventual condena en su país natal, Australia.
Le conté a Mendoza lo que el fiscal principal, James Lewis, había dicho a la Corte: “EE.UU. nunca ha incumplido un compromiso diplomático”. Mendoza exclamó: “¿Esa es la respuesta del fiscal? Honestamente, no pierdo el sueño frecuentemente, pero esto es aberrante, solo escuchar que viene de quien se supone debería decir la verdad a la Corte”.
Los abogados de Assange han citado el caso de Mendoza como un ejemplo de que EE.UU. rompe sus compromisos diplomáticos, lo que implica que los compromisos ofrecidos ahora a Assange, no pueden ser confiados. Lewis replicó que EE.UU. no incumplió sus compromisos diplomáticos porque a la final Mendoza fue retornado a España a cumplir su sentencia.
Mendoza se indignó por la respuesta de Lewis: “Es como condenar a alguien a pena de muerte, y si se revierte en la apelación, ellos dijeran que nunca intentaron darle muerte al condenado. Ellos pusieron cada impedimento que pudieron {para evitar mi regreso a España}”.
El otro compromiso ofrecido por EE.UU. aparenta afirmar que Assange no sería encarcelado en ADX Florence ni sería ubicado bajo condiciones carcelarias opresivas, denominadas “Special Administrative Measures (SAMs)”.
Al igual que ofrecieron en el caso de Mendoza, los compromisos para Assange son ambiguos y vagamente redactados. EE.UU. dice que Assange no será sujeto a SAMs o trasladado a ADX a menos que: “en el evento de que, y luego de ingresar, él cometiera cualquier otro acto futuro que cumpliera los requisitos para imponer una medida SAM conforme los art. 28 CFR secciones 501.2 o 501.3”.
Una vez bajo custodia de EE.UU., ese gobienro podría simplmente alegar que Assange habría hecho cualquier cosa “que cumpliera los requisitos para imponer una medida SAM”, ponerlo en aislamiento, y luego alegar que nunca incumplió los compromisos, debido a que la redacción le da esa puerta trasera.
Es por eso que Mendoza me dijo que los compromisos deben estar explícitamente redactados, sin espacio para incumplimientos.
La extradición de Assange fue bloqueada por una jueza en enero de 2021, bajo la base de que las condiciones penitenciarias en EE.UU. serían demasiado opresivas, empujándolo a cometer suicidio.
Mientras estuvo en EE.UU., Mendoza fue encarcelado en una facilidad de medio-alta seguridad en Englewood, Colorado. Esto es cerca de ADX Florence, donde Assange sería enviado.
“Créanme, las prisiones europeas no son bonitas. Pero las prisiones de EE.UU. son mucho peores. Yo estuve en Colorado, uno de los más horribles lugares donde he estado jamás. Era sucio, te dejaban salir de tu celda una hora al día – pero cuando ellos decidían, no cuando uno quería”.“Las celdas carcelarias tenían televisores, que se prendían de improviso. Si pedías a los guardias que cambien de canal muchas veces, te castigaban. Por ejemplo, a las 3 de la madrugada, ellos te despertarían para sacarte a tu hora de recreación”. Los prisioneros que rechazaban ese horario, no eran sacados de su celda sino al siguiente día.
Mendoza me explicó el proceso de deshumanización y privación de sueño en prisión: “Tú no tienes un nombre, tienes un número, que tienes que repetirlo en cada conteo. Los conteos son cada tres horas en las prisiones federales de más alta seguridad. Otra cosa que los guardias hacen es apuntarte a los ojos con las linternas, en lugar de apuntar al techo”.
“Estoy asustado de qué pasará con Assange. Ellos le volverán loco. La úinca cosa que me mantuvo cuerdo fue este caso legal: escribir a los jueces y a la prensa, llevar a EE.UU. ante la corte civil”.
Lo que Mendoza pasó es un nivel menos del que tendría que estar Assange. No solamente que ADX Florence es una prisión federal de super-máxima seguridad, sino que Assange sería puesto bajo Medidas Administrativas Especiales (SAMs), en extrema soledad.
Mendoza me dice que cada visita debía ser aprobada. “Mi esposa era canadiense, pero yo tenía que pedir permiso para que ella cruce la frontera, cada vez que ella venía a verme, debido a que ellos pensaban que yo pasaba comunicaciones a través de ella. Yo tenía que acudir a la Corte solo para que mi esposa pudiera traer a mis hijos para que me vieran”.
A ese momento, los padres de Mendoza vivían en Seattle, Washington. Él pidió ser transferido a una facilidad en Sheridan, Oregon, para estár más cerca de ellos. “En vez de eso, ellos me enviaron a Nueva Jersey {del otro lado del país}, solo para perjudicarme”.
El objetivo de que Mendoza cumpliera su sentencia en España era para que estuviera cerca de sus seres queridos. Por ese motivo es que la Corte española impuso esa condición: para mantener el núcleo de la familia.
Bajo el art. 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, cada prisionero tiene derecho a que se respete su privacidad y vida familiar. Esto significa que ellos no pueden encarcelar en un lugar tan lejano que haga difícil o imposible las visitas familiares.
A pesar de haber enviado a Mendoza de regreso, al final EE.UU. logró violar el motivo mismo de esta condición, pues la familia Mendoza se rompió. Mientras estuvo en prisión, perdió a ambos padres, su esposa se divorció, y él dice: “Mis hijos no me llaman ‘papá’, solo me llaman David”.
El caso de Mendoza es una historia increíble por sus propios méritos.
Sin embargo, debe además ser examinada en el contexto de la extradición contra Assange. Cuando James Lewis dijo a los jueces de la Alta Corte que “EE.UU. no había roto nunca sus compromisos diplomáticos, ever” – simplmente mintió.
Los documentos aquí mostrados dejan claro que EE.UU. violó su acuerdo y violó los compromisos diplomáticos otorgados a España. Mendoza iba a se regresado a España para cumplir su sentencia, pero en su lugar pasó 6 años y 9 meses en varias prisiones de EE.UU. Solo después de demandar, tanto a EE.UU. como a España -sus países natales- por fallar en cumplir las condiciones de la extradición, se le permitió regresar. Sólo después de que el Tribunal Supremo español falló a su favor, amenazando al tratado mismo de extradición entre EE.UU. y España, pudo hacer que EE.UU. cumpla las condiciones de su extradición en cuanto a retornarlo a España.
Mendoza fue afortunado al tener al Tribunal Supremo español, jueces senior y al público de su lado. Si EE.UU. incumpliera los compromisos en la extradición de Assange, dada la “relación especial” entre EE.UU. y Reino Unido, es extremadamente improbable que Assange hubiera atraído la atención del gobierno británico para que exigiera que EE.UU. cumpla las condiciones de su eventual extradición.
James Lewis dijo a la Ata Corte inglesa que los compromisos diplomáticos son “declaraciones solemnes, emitidas bajo el más alto orden, no son entragas masivamente como caramelos”. Él está en lo correcto. Por tanto, incumbe a la Corte considera qué pasará con Mendoza, para quien EE.UU. también ofreció compromisos diplomáticos, y evaluar si tales compromisos ofrecidos para Assange son adecuados, pero más importante, si pueden ser cumplidos una vez que él no esté bajo jurisdicción inglesa.
La experiencia de Mendoza muestra que para Assange, cualquier compromiso diplomático o acuerdos debe estar primero por escrito, en lenguaje claro y firmado por todas las partes, incluyendo a Assange, de modo que un eventual incumplimiento, se le permita a él impugnar tal conducta ante las cortes, pese a no ser como persona, signatario del Tratado de Extradición entre Reino Unido y EE.UU.
El caso de Mendoza ofrece a la Corte una visión extraordinaria sobre el trabajo interno entre la diplomacia estadounidense, los procedimientos legales y la extradición a EE.UU. Es una seria advertencia que las altas cortes de justicia debieran prever, debido a que las cortes tiene autoridad para prevenir las graves injusticias, que pueden pender sobre el involucrado, antes de que ocurran.
“Yo no soy nadie. Si ellos son capaces de hacerme esto a mí, solo imagine qué pueden hacer con Assange”.
Derecho en bicicleta 